El precio de la libertad

*Reproducimos íntegramente el análisis de la Fundación Faes sobre la situación en Cataluña

Desde que Cataluña empezó a ser arrastrada hacia lo que hoy vemos, la Fundación FAES ha trabajado en aquello que le es propio. En "El mito fiscal" (enero 2012); "20 preguntas con respuesta sobre la secesión de Cataluña" (enero 2014, castellano, catalán e inglés) y "Cataluña en claro" (mayo 2014), entre otras muchas publicaciones, historiadores, juristas, politólogos, economistas, catalanes y no catalanes, debatieron y escribieron sobre el proceso que estaba gestándose ante la vista de todos.

El propio presidente de la Fundación, desde la confianza que siempre ha expresado en la nación española, alertó muy tempranamente del riesgo de fractura en Cataluña, y en numerosas comparecencias públicas se ha referido a esta amenaza y al desafío que la ha alimentado.

En octubre de 2012 afirmó: "Bajo amenazas de todo tipo el nacionalismo pretende ahora romper los términos del acuerdo democrático para buscar la secesión y el conflicto. Se amenaza al Estado con internacionalizar un supuesto conflicto llevándolo a no se sabe qué instancia internacional. Se chantajea con la utilización de un cuerpo armado autonómico en un proceso secesionista. Se insiste en contraponer la legalidad constitucional a la democracia, como si esa legalidad no procediera de las instituciones legítimas de representación y de la decisión constituyente de la nación como único sujeto de soberanía".

Por todo esto –también en aquello que le es propio- la Fundación FAES puede pronunciarse hoy ante lo que ya ha ocurrido y lo que aún puede ocurrir en Cataluña. Lo puede hacer sin alentar un escenario catastrófico, pero, también, sin confundir la lealtad con la comodidad del silencio y asumiendo, como siempre, la responsabilidad de hablar con libertad a los españoles sobre las cosas que realmente nos urgen. Amicus Plato, amicior veritas.

En Cataluña no cabe ya insistir en los errores ni un minuto más. Errores de diagnóstico y de gobierno, que han impedido establecer una estrategia eficaz y temprana frente al empuje del secesionismo y que han llevado a ignorar la necesidad de articular discursos y políticas movilizadoras de los millones de catalanes que no están dispuestos a secundar los saltos hacia el abismo.

Y errores de opinión, que sin saber por qué ha exhibido una rara combinación de triunfalismo y banalización de lo que ocurría en Cataluña mientras el "procès" avanzaba. Ha habido una asombrosa falta de comprensión de las dinámicas nacionalistas y de la capacidad de estas para envolver la aparente disparidad de sus componentes, lo que explica, por ejemplo, la convivencia de los antisistema de las CUP con la burguesía en otro tiempo catalanista y ahora en el PdCAT.

Hasta tal punto es así que el independentismo menestral de Cataluña no repara en que la secesión se ha convertido en la oportunidad para un experimento revolucionario del que no saldría indemne. Debería recordar que fue Lenin quien descubrió el potencial subversivo de la autodeterminación. A ello se refería Xabier Arzallus en otros tiempos cuando desdeñaba la autodeterminación como "un invento marxista".

No se ha entendido que, junto al nacionalismo radicalizado, en la reivindicación secesionista han confluido el populismo antisistema y el revisionismo del pacto constitucional que desde hace tiempo viene promoviendo un amplio sector de la izquierda decidida a destruir la Transición, como pacto y como narrativa de reconciliación entre los españoles.

De todo ello hay antecedentes demasiado próximos como para ignorarlos, porque es esta confluencia de secesionistas, populistas antisistema y revisionistas de la Transición la que está situando al Estado democrático en esta encrucijada. Sus agendas difieren finalmente, pero les une el objetivo actual de demoler el sistema constitucional de 1978, y -de nuevo- la pulsión enfermiza de excluir mediante su demonización a la representación política del centro derecha español, que representa mayoritariamente el Partido Popular.

Los acontecimientos en Cataluña producen estupor. Por lo que son y por la entidad de la respuesta que han recibido hasta ahora. Un estupor que en muchos catalanes se manifiesta ya en una dramática sensación de abandono institucional. El acoso a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, inconcebiblemente eficaz y duradero, no ha hecho más que agravar esa sensación, ante la impunidad de los que saben que si consiguieran desalojar a las Fuerzas de Seguridad, desalojarían, simbólica y realmente, al propio Estado.

Pero, frente a todo eso, hay una nación española que no desiste, que no va a desistir. Y por supuesto la hay también en Cataluña. Una nación que, de nuevo en una hora crítica y ante un inocultable vacío, ha encontrado en la Corona su mejor intérprete, sensibilidad, aliento para superar esta crisis y fortaleza en la defensa de la unidad y permanencia de España. Una comunidad de hombres y mujeres libres e iguales, amparados por la ley y dueños de la decisión sobre su futuro común que no están dispuestos a ser expropiados de ese derecho por una minoría.

Esa nación integradora, construida sobre la libertad y sobre uno de los ejercicios de diálogo auténtico más profundos, más sinceros e inclusivos y más provechosos que hayan existido en la historia contemporánea, recuperada para la historia por la Constitución, merece ser defendida y convocada con urgencia por sus instituciones para dar continuidad a su mejor trayectoria. Seguramente, lo que pueda hacer sólo el Gobierno no sea suficiente, pero es absolutamente indispensable que lo haga y que lo haga el primero, porque sus responsabilidades no son transferibles y porque es con ellas con lo que se debe abrir el paso a todo lo demás.

Hay por delante decisiones apremiantes que pueden resultar críticas y ante las que nunca se insistirá lo suficiente en el valor de la unidad. Los pactos fundamentales sobre los que se ha asentado nuestra convivencia ya han sido rotos, y habrá que ocuparse de ello. Pero ahora urge enfrentar no un simple desafío, sino un ataque frontal a la ley, a la democracia y a los derechos de nuestros conciudadanos. A España, en suma. Un ataque que está en curso y que no ha perdido posiciones desde que se inició. Al contrario. Hasta el punto de que sus primeros responsables continúan desarrollando sin mayor obstáculo su actividad ordinaria.

No es posible declarar muerta la democracia en Cataluña y no hacer nada que rebase el umbral de lo retórico para reducir a cero la capacidad de acción de los verdaderos responsables de ese crimen.

El Gobierno debe emplear todos los instrumentos constitucionales que en virtud de las mayorías parlamentarias actuales no sólo están a su disposición sino que tiene la inexcusable obligación de utilizar. Y de hacerlo inteligente y eficazmente. Su mayoría parlamentaria es suficiente para activar toda la potencia política prevista para la defensa de la Constitución. No se puede pretender hallar ahí excusa aceptable alguna para continuar en la inacción, ni ampararse en cálculos de oportunidad, eficacia o coste. Todas esas cautelas desaparecen cuando se comprende la magnitud de la amenaza.

El Gobierno debe actuar tal y como la nación necesita que lo haga. Buscando cuantos apoyos pueda, pero sin ellos si eso retardara o condicionara el cumplimiento de su mandato constitucional. La ley es el precio de la libertad, la libertad es el premio de la ley.

Y si no encontrara el ánimo para hacerlo o hubiera de reconocer su incapacidad, entonces debería otorgar a los españoles la posibilidad de decidir qué gobierno, con qué propuesta y con qué apoyo electoral se deberá hacer frente a esta coyuntura crítica para España.