La Mesa del Congreso ha tumbado el intento de fraude de ley del PSOE y Podemos por el cual querían saltarse al Senado y las instituciones.
Las reacciones por parte del Gobierno de la minoría absoluta no se han hecho esperar. “6.000 millones menos para políticas sociales”.
Sin embargo, la frase es mentira. El proyecto de “estabilidad presupuestaria” significaba todo menos eso. De estabilidad, nada.
Se trataba de aumentar el déficit aún más y la deuda y, con ello, poner en peligro los compromisos no solo para 2018 y 2019, sino los de 2020 y 2021.
Tampoco se trataba de mejorar el gasto social, sino de aumentar el gasto clientelar. Pagar favores de moción de censura y una enorme campaña electoral sufragada con el dinero de los contribuyentes.
Como explicaba hace unos meses, llevamos con Presupuestos expansivos desde 2008. El déficit acumulado desde la mal llamada “crisis” -el pinchazo de la burbuja de gasto- supera los 759.114 millones de euros. No hemos visto nada más que Presupuestos expansivos.
Entre 2007 y 2016 el gasto público aumentó un 11,9%. Sanidad, una subida del 13,5%, educación, un aumento del 9,3%, protección social un crecimiento del 37,2%. Si consideramos el periodo 2007 a 2018, un aumento del gasto total de más del 15%.
En 2018, los Presupuestos que el PSOE se apunta de manera publicitaria y rechazó cuando se presentaron ya incluyen un aumento de 4.020 millones de euros para las Comunidades Autónomas. Los Presupuestos Generales del Estado de 2018 financian con 123.250 millones de euros a las Administraciones territoriales, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, la cifra más alta de la historia.
No hay ninguna razón para aumentar el gasto por encima de lo que ya es el gasto público más alto desde 2007.
Cuando hablan de revertir los recortes, en realidad hablan de aumentar los recortes a los ciudadanos. De recortar nuestra renta disponible.
Aumentar el déficit y el gasto en este momento era y es una irresponsabilidad. Y la receta para volver a una crisis mucho más severa. Incumplir nuestros objetivos y aumentar gasto corriente para financiar gasto político es simplemente suicida cuando España se ve abocada a una economía en desaceleración y el final de los estímulos del BCE.
España se enfrenta a una desaceleración moderada y unos vencimientos de deuda que podía acometer de manera holgada gracias a la recuperación de la confianza y de un entorno que favorece el crecimiento.
Es una irresponsabilidad lanzarse a un aumento de los desequilibrios estructurales, el gasto que se genera haya crisis o no, y además poner escollos al crecimiento con enormes anuncios de asaltos fiscales y globos sonda que ya nos han costado miles de empleos. Lo reconoce hasta UGT.
España recauda, según Eurostat, un 11% menos que la media de la Eurozona. Sin embargo tiene más del doble de paro. Recaudamos poco porque se ponen constantes escollos al crecimiento y al empleo desde la burocracia extractiva y un sector político que piensa que todos ganamos demasiado y ellos gastan demasiado poco. Lo que necesitamos es seguir favoreciendo el empleo y atraer inversión.
Después de 40 años de gobierno en Andalucía y más de 100.000 millones de euros en ayudas comunitarias, el PSOE tiene el dudoso honor de seguir gobernando en una comunidad que es líder en pobreza, paro y desigualdad con una de las presiones fiscales más altas de España. Con una Administración paralela que cuesta más de 3.000 millones de euros anuales y más de 20.000 “empleados” que ahora quieren hacer fijos antes de las elecciones. Eso es lo que llaman “gasto social” y “redistribución”. El asalto al contribuyente.
Es momento de devolver el esfuerzo a los españoles que han ayudado a fortalecer el país tras los fracasos de 2008. No de volver a cometer los errores de entonces.
La Mesa del Congreso ha evitado un fraude de ley que nos habría llevado a aumentar más la deuda, poner escollos al empleo y atacar a la recuperación.
No, no son 6.000 millones menos para las Comunidades Autónomas. Son 6.000 millones menos de deuda y de lanzarnos a otra crisis.