No se trata de política, sino del sufrimiento de la gente

"Un sacerdote católico me dijo en Caracas: 'No se trata de política, sino del sufrimiento de la gente'. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los Derechos Humanos a los que todo venezolano tiene derecho”.

Las palabras son de Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pronunciadas al publicar el informe correspondiente a la evaluación realizada por ella y su equipo en Venezuela. La chilena dejó claro desde un primer momento que no iba a entrar en la arena donde se dirime la crisis política. Independientemente de si se reconoce como presidente legítimo a Nicolás Maduro o a Juan Guaidó, hay millones de personas sufriendo por una crisis humanitaria que debe ser la prioridad de la comunidad internacional a la hora de tratar con la crisis venezolana.

Por supuesto, a nadie escapa que la responsabilidad del desastre actual radica en la crisis política. Mientras esta no se solucione, cualquier medida será similar a aplicarle paños de agua caliente en la frente a un enfermo casi terminal. Es ahí, precisamente, donde cobra importancia el informe de la Alta Comisionada. Es en los Derechos Humanos donde encontramos un punto mínimo de entendimiento y respeto que nos permite acordar en términos políticos para preservar la paz. 

Aunque las actuales Naciones Unidas tienen mucho que corregir en su accionar, lo cual hemos reclamado en otras oportunidades en este mismo espacio, desde su fundación ha habido un declive significativo en materia de conflictos armados, según datos de un estudio realizado por los científicos Max Roser de la Universidad de Oxford y Steven Pinker de la Universidad de Harvard. Precisamente en la mediación en conflictos es donde esta institución ha tenido mayor influencia.

Este informe de Derechos Humanos puede ser la base de una negociación política efectiva en Venezuela. El chavismo se confió al permitir el ingreso de Bachelet. Creyeron que la cercanía de la ex presidenta chilena con el Foro de Sao Paulo les aseguraba benevolencia en la denuncia de sus atropellos. No fue así. La evaluación fue un potente gancho a la mandíbula del régimen. Ahora deberán sentarse en la mesa de negociación muy debilitados. 

La política es de momentos. A principios de año, la Asamblea Nacional venezolana tenía tomado el toro por los cuernos, pero confiaron todo a una salida militar en aquel fatídico 30 de abril. El embate fue resistido por Maduro, quien no se fortaleció pero sí debilitó a Guaidó. Era ese momento el preciso para sentarse en la mesa de negociación porque en política el orden de los factores sí altera el producto. Ese cuadro nuevo envalentonó al régimen, que pensó que podía tomarse las conversaciones con la misma falta de compromiso que en anteriores oportunidades. 

Pero llegó el Informe Bachelet. El estudio considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud; que la crisis económica es responsabilidad del régimen al no reconocer la magnitud de la situación hasta hace poco; que Venezuela restringe el espacio democrático, debilita a las instituciones públicas y menoscaba la independencia del poder judicial; que las autoridades atacan especialmente a determinadas personas y grupos; que las fuerzas estatales realizan ejecuciones extrajudiciales; que la libertad de prensa es coartada; que la crisis sanitaria es grave: hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad; que la impunidad campea a sus anchas; que más de 4 millones de personas se han visto obligadas a migrar por la crisis; que la tortura a los detenidos es práctica usual, incluyendo la violencia sexual; que la transparencia en las investigaciones gubernamentales no existe.

Esos son los principales puntos de la evaluación de Bachelet y su equipo. Luego, las principales recomendaciones. Garantizar acceso a alimentos y medicinas, que es permitir el ingreso de la Ayuda Humanitaria; liberar a los detenidos arbitrariamente (presos políticos); cesar la persecución política y la tortura; revocar medidas de clausura a los medios de comunicación. Y muchas más, que se pueden resumir en respetar los Derechos Humanos.

Si el régimen acata esas recomendaciones, la transición a la democracia dará un paso de gigantes. Maduro, entonces, deberá pactar una entrega organizada del poder. El desastre humanitario venezolano ya no es una denuncia de actores políticos sino de las Naciones Unidas, coincidencialmente gracias a un factor cercano a la izquierda. 

Tras el fracaso del quiebre militar interno, y la poca disposición que hay en occidente en acompañar a Estados Unidos en el uso de la fuerza, la negociación en Oslo es la principal apuesta para restituir la libertad y la democracia en Venezuela. Y es ahora que Guaidó debe presionar más para que esa vía fructifique sin caer en trampas de los factores más extremistas. 

*** Francisco Poleo es un analista especializado en Iberoamérica y Estados Unidos.