Una de las cosas que más le gusta a Álvaro Rodríguez Bereijo (Cedeira, 1938) es nadar en mar abierto. Lo hace desde niño y, hoy, a sus 82 años todavía lo practica. Pero cuando se pone el traje de expresidente del Tribunal Constitucional, el viaje tiene un principio y un fin: la Carta Magna de 1978.
Su trayectoria es la prueba de que el camino profesional no tiene por qué asomar desde la niñez. Suele contar que, enamorado de las Humanidades, eligió la carrera de Derecho casi “por exclusión”. Le ayudó a decantarse su propensión a un “pensamiento especulativo”.
Íntimo amigo de Francisco Tomás y Valiente, todavía guarda una foto suya en la mesilla de la biblioteca. Rodríguez Bereijo forma parte de esa generación que, para cimentar la construcción de la Democracia, comenzó a pensar las leyes en dictadura como si España ya fuera un Estado de derecho.
Magistrado del Constitucional durante una década -presidente entre 1995 y 1998-, miembro del Tribunal de Cuentas, consejero de Estado y una amplia lista de etcéteras, este juez gallego conoce al dedillo los entresijos del CGPJ, el órgano cuya independencia ha puesto en cuestión el Gobierno con su ansiada reforma. La banda sonora de esta entrevista -como casi siempre sucede en casa de Bereijo- es Bach.
El Gobierno pretende reducir a la mayoría absoluta el requisito para nombrar doce de los veinte jueces del CGPJ. Hoy, se exigen tres quintos de la Cámara para así blindar el espíritu de consenso. ¿Qué opinión le merece la intención de Sánchez?
La Constitución es muy clara en su artículo 122.3: especifica que el CGPJ estará integrado por veinte miembros; doce de ellos jueces y magistrados elegidos tal y como establezca la ley orgánica. Cuatro a propuesta del Congreso; y los otros cuatro a propuesta del Senado, siempre por mayoría de tres quintos. Lo mismo sucede con los doce primeros a partir de 1985 tras la reforma de la mencionada ley.
El espíritu de consenso.
Sí. La reforma de un órgano como el CGPJ debe hacerse por consenso entre los grandes partidos que componen las Cortes. Eso no se puede violentar con un ardid como el que ha propuesto el Gobierno: quieren reformar la ley orgánica y establecer una mayoría absoluta en lugar de los tres quintos, que no es otra cosa que degradar la voluntad de la Constitución.
“Montesquieu ha muerto”. Esta frase se atribuyó a Alfonso Guerra en 1985, tras decretar que los doce vocales nombrados por los jueces pasaran a elegirse en las Cortes. ¿Sánchez pretende rematar a Montesquieu?
No hay que enredarse con esas cosas… Estamos en un momento especialmente grave y delicado para la Constitución. La pandemia afecta a la sociedad y a la economía, pero también al futuro de la sociedad en su conjunto. Lo que dijo Guerra, si es que lo dijo, no hay que tomarlo como pie para interpretar lo que ahora sucede.
En aquel momento, ¿la justicia española emprendió un sendero peligroso?
No, porque el Tribunal Constitucional, cuando validó aquella forma de elección por las Cortes, estableció esa mayoría reforzada de los tres quintos para garantizar el consenso constitucional en la renovación de dicho órgano. Esa mayoría reforzada quedó establecida por el TC como requisito sustancial. El CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, debe preservar su apariencia de imparcialidad frente al riesgo de la politización.
El bloqueo en la renovación de los órganos -producido por la falta de consenso- nos ha traído hasta aquí. Pero, ¿esta reforma no supone precisamente acabar con el consenso del futuro?
Esa reforma, como le digo, lo único que hace es degradar el consenso constitucional. Lo que ocurre es que llevamos muchos años, desde finales de los ochenta, enfrentándonos al incumplimiento, en tiempo y forma, de la renovación de estos órganos por parte de los dos grandes partidos políticos.
PP y PSOE.
Sí. Ellos son responsables del bloqueo. Las instituciones ganan o pierden prestigio por lo que hacen, pero también por lo que se hace con ellas. Eso es más importante si cabe cuando se trata del CGPJ. Su apariencia de imparcialidad es el pilar fundamental de una democracia que se asienta en la separación de poderes y el Estado de derecho.
Las instituciones ganan o pierden prestigio por lo que hacen, pero también por lo que se hace con ellas
La reforma, entonces, es algo así como solucionar el problema… magnificando ese problema. Esquivar la falta de consenso atacando al consenso.
Sí. Bueno, más que magnificando, degradando el valor implícito en esa exigencia constitucional de la mayoría reforzada. El Gobierno propone que haya una primera votación que exija los tres quintos y que, ante un posible fracaso, la segunda votación exija una mera mayoría absoluta. Es un ardid, una trampa, porque la práctica política nos abocará a la evaporación de la mayoría reforzada. Es un truco de prestidigitación que elimina de facto la mayoría de consenso que quiere la Constitución para ese órgano.
Con la reforma, jamás haría falta la participación del principal partido de la oposición.
Evidentemente, ese será el efecto. Porque hoy gobiernan unos y mañana otros. Y lo que es peor: la exigencia del consenso, que está implícita en el espíritu de la Constitución, quedará al albur de los turnos y de la rotación de las mayorías parlamentarias.
En el Consejo de Ministros se sientan tres jueces (Margarita Robles, Marlaska y Campo). ¿No le parece sorprendente su silencio sobre el sentido de la reforma del CGPJ que se pretende llevar a cabo?
Esa es una pregunta que no puedo responder. Deben hacerlo ellos. No soy capaz de responder por otra persona que no sea yo.
Imaginemos que hace una década hubiera existido la reforma de Sánchez. ¿Cree que habría sido peor la calidad de la justicia española?
La justicia se asienta sobre todos y cada uno de los jueces, no sólo sobre el CGPJ. Son los jueces, elegidos en una oposición y a través de un procedimiento perfectamente reconocido, quienes ejercen el poder judicial. El CGPJ no ejerce funciones judiciales, se encarga del gobierno de los jueces. La reforma, si se me permite la expresión, es una chapuza constitucional.
La reforma, si se me permite la expresión, es una chapuza constitucional
Se lo pregunto de otra manera: ¿a usted le gustaría que los veinte vocales del CGPJ fueran elegidos por jueces y juristas?
Ese fue el debate en 1985… La reforma hizo que todos los vocales fueran elegidos por la mayoría de las Cámaras, pero siempre con la exigencia de consenso entre los grandes partidos.
Pero, ¿usted qué opina?
Para mí, no es el tema nuclear. Me parece bien cualquiera de las dos fórmulas siempre y cuando se preserve la necesidad de un amplio consenso que desemboque en la elección de las personas idóneas por su capacidad, currículum, personalidad, hechos y obras. Que sean elegidas por las Cámaras, mientras se obligue una mayoría reforzada, no creo que entorpezca ese propósito.
Rodríguez Bereijo también fue consejero de Estado y miembro del Tribunal de Cuentas.
Juguemos a imaginar dos cosas. Primero, que la reforma del CGPJ la hubiera hecho un gobierno en cuyo Consejo de Ministros estuviese Abascal: ¿qué se hubiera dicho desde la izquierda? E imaginemos ahora que Abascal gana las próximas elecciones: ¿cuál cree que sería la repercusión sobre la independencia judicial?
Todo eso que usted plantea son hipótesis. Creo que cada uno puede responderse fácilmente a esa pregunta. Evidentemente, supongo que la izquierda diría todo lo que cabe imaginar. Sin embargo, esa cuestión es accesoria. Lo importante es aquello que encierra la reforma: una degradación de las exigencias marcadas por la Constitución y que afecta gravemente a un órgano tan importante como el CGPJ.
En varios países europeos, el ministro de Justicia incluso tiene asiento en este órgano. Aprovecho para preguntarle: ¿cree que la justicia española está más politizada que la del resto de países miembros de la Unión?
No. Nuestro sistema judicial, con aciertos y errores, luces y sombras, funciona perfectamente de acuerdo a los estándares de un Estado de derecho. No tenemos un sistema peor que el de los países que integran la Unión Europea.
Usted fue elegido presidente del Tribunal Constitucional durante el mandato de Felipe González. ¿Recibió presiones de aquel Gobierno?
… -guarda silencio-. No recibí presiones. El Tribunal Constitucional, tampoco. Estuve tanto con González como con Aznar.
Ha dudado al contestarme.
Pero esa duda no ha tenido que ver con la firmeza de mi respuesta, sino con la elección de las palabras. Hombre, que desde el exterior se presiona a los tribunales forma parte de la vida diaria. Pero, conmigo, el Gobierno de turno fue muy cuidadoso en sus relaciones institucionales. Sí vi presiones de los medios, de la opinión pública y publicada, y de los grupos de interés.
Durante mi mandato como presidente del Tribunal Constitucional, no recibí presiones ni de González ni de Aznar
¿Pero no de los gobiernos?
Yo llamo “presión” a que un gobierno intente forzar la mano de un tribunal o de un juez en lo referido a la resolución de un asunto. Y eso no lo sufrí. Si existen o no, es algo que puedo conjeturar, pero que no responde a mi experiencia.
¿Quién ha sido el presidente que, a su juicio, más se ha entrometido en el devenir de la Justicia?
No lo sé. La experiencia que tengo con González y Aznar, desde ese punto de vista, ha sido buena. No se entrometieron en la función del Tribunal Constitucional. Lo respetaron.
¿Y el que menos?
Yo tuve con ambos una experiencia impecable en ese sentido. Evidentemente, son personalidades políticas totalmente distintas. No solo por su orientación política, sino por su talante personal. Cada uno a su manera, exhibieron un comportamiento irreprochable.
En alguna ocasión, ha dicho: “Nos ha tocado el peor Gobierno en el peor momento”. ¿Podría explicarlo?
Tenemos el peor Gobierno en el peor momento.
¿Por qué?
Porque las consecuencias de la pandemia afectan a la economía y a la salud, pero también a nuestro sistema de libertades. Me preocupa mucho la crisis política.
¿Qué opinión le merece Pedro Sánchez?
No respondo a esa pregunta.
¿Y Pablo Iglesias?
Tampoco. No me gustan las alusiones personales.
No parece haber una alternativa: Casado no termina de despegar, Ciudadanos se descalabró y Vox no pasa de los sesenta escaños.
La pregunta es por qué el consenso entre los grandes partidos nacionales se ha ido degradando hasta llegar a esta incapacidad por el diálogo y el acuerdo político en los asuntos de Estado.
Rodríguez Bereijo suele leer y trabajar con música clásica; su favorito es Bach.
¿Qué piensa cuando ve las discusiones en el Congreso?
Es una gran muestra de la degradación política de la que le hablo.
Durante su mandato como presidente del Tribunal Constitucional pudo conocer al Rey Juan Carlos I. ¿Le han sorprendido las últimas informaciones que provocaron su marcha al extranjero?
Sí, me han sorprendido, pero sobre todo me preocupa esa suposición generalizada de que todo lo que se ha dicho sea exactamente cierto. Porque, en definitiva, son rumores, declaraciones de algunas personas… Pretenden manchar la obra y la imagen de Juan Carlos I, que tuvo un papel fundamental en el asentamiento de la Constitución. Merece un mayor respeto que el que se está mostrando cuando aparecen esas insinuaciones.
Juan Carlos I merece un mayor respeto que el que se está mostrando cuando aparecen esas insinuaciones
Ya no son meras insinuaciones. Hemos visto, a través de la justicia suiza, papeles acerca de sus estructuras opacas y sus testaferros.
Eso lo tiene que decir un juez. Las personas no deben demostrar que son inocentes.
Conoce al dedillo el sistema judicial español, ¿será juzgado Juan Carlos I?
Está protegido por todas las normas que regulan la Corona y por la inviolabilidad del Rey. El futuro nos dirá qué recorrido tiene todo eso.
¿Qué futuro le augura a la monarquía?
Le auguro el mismo futuro que a la Constitución de 1978. El futuro de la monarquía es inseparable al de la pervivencia de España como nación.
¿No contempla que España pueda ser una república democrática?
El futuro no está escrito, pero la Constitución debe reformarse siguiendo los procedimientos indicados. Puede existir un proceso constituyente, una Carta de nueva planta, pero eso no está escrito. En realidad, todo son conjeturas. Está por ver.