Las talegas de Méndez de Vigo

(O cómo remunerar a los golpistas)

Al día siguiente de que Puigdemont, Junqueras y los suyos consumaran su golpe de Estado proclamando la República Catalana, el ministro portavoz Iñigo Méndez de Vigo realzó ante la BBC la singular respuesta del Gobierno de Rajoy: aplicar el artículo 155 en Cataluña –destituyendo naturalmente a los golpistas- pero a los solos efectos de convocar y celebrar elecciones autonómicas el 21 de diciembre. O sea en el plazo mínimo permitido por la ley.

Y la forma de sacar pecho de Méndez de Vigo fue subrayar la consecuencia más llamativa de esa solución. El Gobierno “recibiría con agrado” que Puigdemont se presentara a esas elecciones. O sea que intentara recuperar a través de las urnas, en cuestión de cincuenta y cinco días, el puesto del que acababa de ser cesado por el BOE, en castigo de su perfidia.

Ilustración: Javier Muñoz

“Si Puigdemont quiere continuar en política está en su derecho”, aseguró, omitiendo toda referencia a sus flagrantes delitos de sedición y/o rebelión que implican largas penas de cárcel e inhabilitación. Como el presidente del autodenominado "gobierno legítimo de Cataluña" aun no se había fugado, Méndez de Vigo perdió la oportunidad de precisar que nuestro sistema es tan garantista que hasta podría ser candidato estando en prisión preventiva, como ocurre ya con Junqueras, siete de sus consellers y los Jordis.

Pero Méndez de Vigo iba más de cheerleader que de jurista, añadiendo el típico “creo que debería prepararse para las próximas elecciones” con que se jalea a un púgil el día que se señala la fecha de un combate decisivo. Y cual torero que remata la faena con una revolera, concluyó con un “sería bueno, porque es una manera de que los catalanes juzguen sobre sus políticas”. Fue, de hecho, el único "juicio" al que se refirió: al de las urnas.

Todos entendimos lo que pretendía transmitirnos: fíjense, propios y extraños, qué inteligente y audaz ha sido Rajoy al vincular el acto de autoridad que supone fulminar a estos señores de sus cargos, con una convocatoria electoral que les coge a ellos con el pie cambiado, vacía su discurso victimista y restablece la legalidad, recurriendo a un cauce inobjetable para cualquier demócrata. ¡Oh, proteico y grande Rajoy! ¡Qué listo has resultado una vez más, al ofrecer a tus adversarios esa golosina, envenenada por el sometimiento al orden constitucional, que no van a poder rechazar! 

Ciudadanos y el PSC ya estaban aplaudiendo la fórmula pues no en vano era la modalidad de 155 que venían reclamando, desde la tranquilidad de no corresponderles a ellos ni la responsabilidad intransferible de aplicarlo, ni el mérito o culpa de lo que pueda suceder. Hasta Pablo Iglesias se bajó diez minutos del estribo del convoy insurreccional para aceptar, “por una vez”, la solución elegida.

Todos parecían de acuerdo en aparcar las vicisitudes propias del ámbito penal, en el bien entendido de que el tiempo y la maña política podrían diluirlas en función de la salida que propicien las urnas.

O sea que las elecciones se convocaban como si no existiera el Código Penal, como si no funcionara la Fiscalía, como si no hubiera jueces dispuestos a cumplir con su obligación, como si no fuera poco menos que inevitable que la plana mayor del
separatismo tuviera que presentarse y hacer campaña desde la cárcel. Por eso a nadie parecía inquietarle la tesis que, tal y como estaba cantado, ha hecho suya Puigdemont, desde el exilio belga: el 21-D será un "plebiscito", destinado a legitimar políticamente y blanquear penalmente, ante el mundo entero, la proclamación de la República Catalana.

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A mí, en cambio, en cuanto escuché a Méndez de Vigo esbozar lo que en realidad no es a la vez sino una vía de salida y una segunda oportunidad, en circunstancias bastante propicias, para los golpistas, me vino a la memoria el desenlace de otro Consejo de Ministros extraordinario. Se celebró el sábado 13 de agosto de 1836 y catapultó a una nada lucida notoriedad histórica a un antepasado del actual ministro portavoz. 

El gabinete, que se reunía con carácter de urgencia, estaba presidido por Istúriz e incluía a próceres del liberalismo moderado, de los que ya me ocupé sobradamente en mi libro sobre el Trienio, como Alcalá Galiano o el Duque de Rivas. Tenían que responder a las dramáticas noticias llegadas de madrugada desde el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso.

Un grupo de sargentos había sublevado a las unidades de la Guardia Real que prestaban allí servicio y tenía como rehenes a la propia Reina Gobernadora María Cristina de Nápoles y a sus hijas, las princesas Isabel y Luisa Fernanda. Exigían, entre otras medidas, la derogación del Estatuto Real que, a modo de carta otorgada, servía de marco legal tras la muerte de Fernando VII, y el restablecimiento de la Constitución de 1812.

¿Qué hacer? El impulsivo Quesada, capitán general de Madrid, se ofreció a marchar al frente de la mitad de los cuatro mil hombres de su guarnición e imponer la fuerza de las armas. Pero la mayoría del Gobierno estaba "aterrada" y oscilaba, según la certera percepción de Andrés Borrego, fundador y director de El Español, entre la "prudencia" y la "pusilanimidad". Invocando la seguridad de las Reales Personas, pero temiendo en realidad más por la propia, pues Madrid también había entrado en convulsión y les asustaba dividir el contingente adicto, los ministros optaron por una alternativa más creativa.

Alcalá Galiano relató en sus memorias lo acordado: "Apelóse, al fin, al triste recurso de que pasase a San Ildefonso el ministro de la Guerra, portador de una razonable suma de dinero, para que con las armas de la persuasión, ayudadas con dádivas, pusiese en la obediencia a los que seducidos y cohechados habían cometido un delito sin mira política alguna".

Aquel ministro de la Guerra era Santiago Méndez de Vigo y su "razonable suma de dinero", tres sacas o talegas repletas de monedas de oro. Apenas llegó a La Granja combinó la prosaica exhibición de su contenido con las más nobles exhortaciones. Las consecuencias fueron tan dispares en sus inicios como confluyentes en sus culminaciones. Hubo quienes cogieron el dinero -siempre se ha dicho que el célebre sargento Gómez se quedó con ocho onzas- y quienes lo rechazaron, pero todos convirtieron aquel intento de soborno en cauce y estímulo para mantener y extremar sus exigencias.

El resultado fue que, al cabo de un cierto tira y afloja, Méndez de Vigo volvió a Madrid con María Cristina y sus hijas, pero también con los sargentos y una serie de decretos que incluían el restablecimiento de la Pepa. Según la crónica de El Español, María Cristina vestía un "sencillo traje verde", el color de los constitucionales desde las Cortes de Cádiz. Según Miñano, "fue conducida a Madrid como un trofeo conseguido por los exaltados".

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Las "talegas de Méndez de Vigo" han quedado desde entonces como un símbolo de lo perniciosa que puede resultar la suma de la cobardía y la incompetencia ministerial. Como ha escrito Jesús Sanz Fernández en su documentada monografía sobre los sucesos de La Granja, "resulta que es el Gobierno quien soborna y, para colmo, sin ningún resultado práctico, porque la insurrección continuó".

Ese va a ser, en mi opinión -está siendo ya de hecho-, el efecto de la improvisada convocatoria electoral del 21 de diciembre, con la que se pretende seducir y sobornar, para reintegrarlos en el juego constitucional, a unos sediciosos que, habiendo declarado ya la independencia, deberían haber quedado exclusivamente o, al menos, antes que nada, a expensas de los tribunales.

El circo con tres pistas -Cataluña, Bruselas, las cárceles madrileñas- que está poniéndose en marcha era perfectamente previsible. Nada hay tan esperpéntico como solapar los tiempos de la Justicia con los de las urnas, de modo que los alegatos de las defensas se hagan en los mítines, las estrategias de campaña en las comparecencias judiciales y puedan llegar a confundirse las votaciones con los recursos de apelación y el escrutinio con la sentencia firme. 

Lo lógico habría sido castigar penalmente la sedición y/o rebelión con la máxima urgencia, dando pie a las correspondientes inhabilitaciones. Y una vez cribadas así las listas electorales y serenadas las conciencias tras la destrucción del principio de impunidad, convocar las elecciones, dentro de seis meses o un año, manteniendo entre tanto la administración catalana bajo la interinidad del artículo 155. 

Este parecía ser, de hecho, el plan de Rajoy y por eso rechazó la condición del PSOE, filtrada por Carmen Calvo, de que hubiera elecciones en tres meses. ¿Qué le llevó a cambiar de caballo cuando estaba atravesando el río? Pues lo mismo que impulsó al gobierno de Istúriz a enviar a La Granja a un general con talegas en lugar de a un general con soldados. Su extrema debilidad. El vértigo ante el deber. La súbita conciencia de no ser capaz de hacer lo conveniente para la Nación.

No era sólo un problema de lasitud moral -que también-, sino sobre todo de incompetencia política. De la misma manera que, entre junio y septiembre, quedó claro que el Gobierno carecía de plan alguno para impedir la convocatoria y celebración del referéndum ilegal; y de la misma manera que el 1 de octubre quedó claro que el Gobierno había sido incapaz de evitar la votación y enmascaró a porrazos su frustración, ahora lo que ha aflorado es que tampoco se atreve a nombrar -o peor aún, no sabe cómo hacerlo- a un ejecutivo catalán que aplique el 155 desde Cataluña durante tanto tiempo como sea necesario para restablecer la lealtad institucional, al margen de mayorías y minorías electorales.

Ese planteamiento -aplicado durante la Segunda República- hubiera permitido que alguien como Santi Vila se hubiera erigido en líder del nacionalismo moderado, que Pablo Iglesias hubiera seguido notando el desgaste por su raudo alineamiento con
todo aquel que trate de hacer daño a la España constitucional, e incluso que alguno de los líderes golpistas hubiera pedido perdón, en pos de un indulto que le permitiera seguir en la política.

Pero en lugar de con la firmeza de una actuación consistente, sostenida en el tiempo, se ha respondido a la proclamación de la República Catalana, ofreciendo a sus artífices las talegas de una segunda vuelta en las urnas, a modo de Jordán en el que lavar sus pecados. Y al igual que hicieron los sargentos insurrectos de La Granja, los golpistas ya han anunciado que cogerán las talegas, o sea las bien remuneradas actas, sin escrúpulo alguno, pero a modo de cauce, instrumento y estímulo para seguir adelante con la destrucción de España.

Al disparate se le añade la recurrente chapuza. ¿Cómo es posible que aquel Méndez de Vigo fuera tan torpe como para no darse cuenta de lo que ocurriría en La Granja en cuanto empezara a exhibir sus talegas? ¿Cómo es posible que este Méndez de Vigo y sus compañeros hayan sido tan torpes como para no haber previsto e impedido la fuga de Puigdemont y no haber calibrado el efecto interno y externo de celebrar unas elecciones con el favorito a ganarlas entre rejas? ¿Qué hemos hecho para merecer a estos?

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La Sargentada de La Granja sólo tuvo un efecto beneficioso: la caída del gobierno de Istúriz y su sustitución por uno encabezado por mi admirado Calatrava que, a modo de postrera salida de don Quijote, rindió su último gran servicio a España promoviendo una reforma constitucional por consenso. De esa manera tanto las utopías de la Pepa, como la cortedad de miras del Estatuto Real, quedaron superadas por la Constitución de 1837 -auténtico antecedente de la de 1978-; y, abierto de nuevo el “segundo sobre”, el reloj de la Nación reanudó su marcha. Eso es lo que ocurrirá, antes o después, cuando lleguemos a la conclusión de que cuanto sucede en Cataluña no es sino el síntoma más agudo de la falta de un proyecto regenerador para España.