El segundo sobre

En 1821, el segundo gobierno del Trienio Liberal, encabezado por un hombre mansurrón y acobardado llamado Ramón Feliú, tuvo que afrontar la rebelión desatada en Cádiz y Sevilla, cuando los llamados “comuneros” trataron de desbordar el marco de la Constitución de 1812 que Fernando VII se había visto obligado a restablecer. Feliú defendió la legalidad con tal torpeza, recurriendo tarde y mal al uso de la fuerza, que en las Cortes se planteó un gran debate sobre su actuación política.

En nombre de la comisión designada para estudiar los hechos, intervino José María Calatrava. Fue, así lo he explicado en mi libro La Desventura de la Libertad, el momento de su consagración, a la vez como brillante orador parlamentario y como inteligente estratega político.

Calatrava presentó una doble moción, con la salvedad de que la segunda parte de su propuesta –incluida en un sobre cerrado- ni siquiera se plantearía, si no se aprobaba la primera. El episodio pasó a la historia del Congreso como el “misterio de la caja de Pandora” o el “caso del segundo sobre”, una vez que la apertura del primero dio pie a una propuesta de apoyo al Gobierno, que fue respaldada por la cámara.

Venciendo la resistencia del sector más revolucionario, Calatrava convenció a las Cortes de que, en el orden constitucional, “no tiene cabida la desobediencia civil” porque no existe el “derecho de resistencia” frente a una autoridad que emana de la ley. Refutaba así las tesis jacobinas sobre la insurrección popular, esgrimidas treinta años antes por Robespierre en la Convención Nacional francesa. Si las ciudades de Sevilla y Cádiz se habían situado al margen de la ley, era legítimo haber utilizado la fuerza contra ellas; y eso debía volver a ocurrir, en el caso de que la sublevación se repitiera.

Una vez sentados y aprobados estos principios, Calatrava destapó la segunda parte de su propuesta, es decir abrió el “segundo sobre”, pidiendo al Rey que destituyera, por sus errores políticos, al mismo gobierno al que acababa de avalar por su defensa de la legalidad. Fue, según destacados especialistas, la “primera moción de censura del parlamentarismo español”. Feliú se resistió como gato panza arriba y figuras de la talla de Martínez de la Rosa y Toreno le apoyaron, pero Calatrava aglutinó de nuevo a la mayoría de la cámara.

“Es tan singular la posición de la comisión en este día –resumió a modo de balance- que a un mismo tiempo se ve censurada como ministerial y poco adicta a las libertades públicas e impugnada por el ministerio como contraria a su causa… Impugnaciones tan diversas sirven al menos para proporcionar a los individuos de la comisión el consuelo de creer que han guardado el medio con la imparcialidad que corresponde”.

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Al tomar posición ante la conducta de Rajoy, desde que se agudizó la crisis catalana, no se trataba de buscar esa "imparcialidad" o ese justo término "medio", sino de ser coherentes con la defensa de los valores constitucionales en juego. Por eso, hasta sus más contumaces detractores aparcamos cualquier beligerancia cuando, el 7 de septiembre, reaccionó a la aprobación de las leyes que regulaban el referéndum ilegal, anunciando que impediría su celebración por todos los medios a su alcance, "sin renunciar a nada”. ¡Cuántas expectativas generaron estas cuatro palabras hueras!

Era el momento de cerrar filas porque la unidad de España, y por ende su existencia como nación democráticamente constituida, estaba en jaque. Mis lectores y oyentes son testigos de que el Estafermo transmutó para mí en nada más, y nada menos, que "el presidente del Gobierno legítimo de España". Su falta de previsión o audacia respecto a la cuestión catalana durante sus seis años en la Moncloa –cuatro con mayoría absoluta-  quedó momentáneamente amortizada e incluso hubo días en que pensé que sería capaz de encauzar de forma eficaz la demanda de firmeza que partía de la base de la sociedad.

Luego resultó que el 1-O sí que tuvo lugar porque, como él mismo reconoció este viernes, “cuando el gobierno catalán adoptó la primera de sus decisiones contrarias a la ley” –yo diría que fue al menos la decimoséptima- Rajoy eludió aplicar el 155, por razones de “prudencia”. Pero a pesar del bochorno de las cargas policiales de aquel día, a modo de patada de impotencia tras el fiasco de los Mossos y la floración de las urnas; a pesar de la vergüenza ajena que produjo el negacionismo del Gobierno, que estuvo zombie durante cuarenta y ocho horas para olvidar; estimulados sin duda por el mensaje del Rey, los españoles seguimos movilizados en defensa de la legalidad.

Por eso se produjeron las retiradas de depósitos bancarios que forzaron los traslados de las sedes empresariales, las manifestaciones masivas en Barcelona y otros lugares o la siembra de banderas rojigualdas en terrazas y balcones. Ese caldo de cultivo reanimó al Gobierno y, ante la Declaración Unilateral de Independencia, Rajoy contó con el respaldo popular y el consenso político más que suficientes para sacar a Puigdemont, primero, la tarjeta amarilla del requerimiento previo y, luego, la roja de la aplicación del 155.

Todo parecía al fin encauzado, a través de un periodo de saneamiento de entre seis meses y un año, durante el que la Justicia tendría tiempo de juzgar, condenar e inhabilitar a Puigdemont, Junqueras y demás cabecillas golpistas; durante el que se bloquearían los fondos de reptiles del “procés”; durante el que se desmantelarían las estructuras internacionales del Diplocat; durante el que Santi Vila y otros dirigentes moderados recuperarían el control del catalanismo político.

El PSOE había accedido a ampliar su margen inicial de tres meses, desvelado por Carmen Calvo, y Ciudadanos tampoco ponía pegas con el calendario. Todo apuntaba a unas elecciones catalanas en el otoño de 2018. El Senado aprobó una panoplia convincente de medidas que incluía un catálogo detallado de lo que el Parlament podía y no podía hacer durante el interregno. Sólo quedaba fuera el control de TV3, pero eso también podía corregirse en una segunda fase, sin demasiadas urgencias, toda vez que nada dramático se atisbaba de inmediato. El separatismo parecía finalmente contra las cuerdas, sin capacidad real de plantar cara en la calle a la aplicación del precepto constitucional, y en cada rincón de España había alguien que aplaudía con las orejas.

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Entonces se produjo el cambio de caballo mientras cruzábamos el río. Alguien, tal vez la Virreina Desnuda, tal vez Arriola o más probablemente el difunto Moragas -el mediocre petimetre al que ahora se amortaja con el uniforme de embajador ante la ONU- convenció al presidente, un viernes por la tarde, de que pasaría a la Historia si, en un golpe sorpresa, convocaba las elecciones de inmediato. Rajoy compró la mercancía, a costa de desnaturalizar el 155, utilizándolo, en lugar de para detener el reloj de la política, para desbocarlo; en lugar de para perseguir a los golpistas, para darles ipso facto una segunda oportunidad.

Palmeros y atolondrados elogiaron lo que veían como un acto de audacia que quebraba el tópico del inmovilismo de Rajoy. Yo advertí en cambio que era un subterfugio de su proverbial cobardía para eludir los riesgos –y sobre todo el engorro- de aplicar de verdad el 155; que podíamos estar ante un mero reseteado del procés; y, por desgracia, así ha sido. ¿Por qué razón iba a cambiar de bando un número suficiente de catalanes cuando se llamaba a las urnas sin solución de continuidad y encima se otorgaba a Puigdemont y Junqueras el plus de notoriedad heroica del exilio y la prisión? Para colmo TV3 volvía a ser, en ese escenario, una plataforma clave.

El mero hecho de que la causa constitucional estuviera en vilo el 21-D, ya era motivo para ajustar cuentas al día siguiente con Rajoy. Pues fue él y sólo él quien decidió jugar ahora este partido, en campo contrario. Pero la aplastante derrota de las fuerzas que defendían la legalidad vigente, sólo paliada por la esperanza que suscita el tan estéril a corto plazo como meritorio éxito de Arrimadas, hace ese ajuste de cuentas inexcusable.

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Rajoy ha pasado, en efecto, a la Historia, pero como integrante de esa "marcha de los locos" que, según Bárbara Tuchman, forman los gobernantes que, desde la guerra de Troya a la de Vietnam, tomaron decisiones frontalmente contrarias a sus intereses. El 21-D ha supuesto meter el caballo de madera del separatismo dentro de las recién levantadas murallas del 155 y abrir a los golpistas destituidos una inesperada ruta Ho Chi Minh, que ha acelerado su regreso a las instituciones de cuya titularidad se hicieron indignos.

Rajoy ha pasado, en efecto, a la Historia por propiciar una humillación sin precedentes de una democracia constitucional ante los ojos del mundo, malbaratando en un santiamén el impulso moral del discurso del Rey y la subsiguiente movilización social, dejando a la intemperie a cuantos han dado la cara por la defensa de la legalidad, desde Felipe VI hasta el último manifestante estigmatizado ya, en su barrio o en su pueblo, como "unionista", pasando naturalmente por Fainé u Oliú. Cuando Puigdemont puede proclamar que "la República catalana ha derrotado a la Monarquía del 155" y resulta que es verdad, la vida pública no puede continuar como si no hubiera ocurrido nada.

Rajoy ha pasado, en efecto, a la Historia como el jefe del Gobierno de España que ha obtenido el peor resultado en unas elecciones de cualquier índole, después de participar intensamente en la campaña. Alguien de mucha mayor calidad intelectual y ética como Leopoldo Calvo Sotelo quedó desprestigiado de por vida al conseguir en 1982 sólo el 6,7% de los votos y 11 escaños para las listas de UCD que encabezaba Landelino Lavilla. Peor aún fue el juicio que mereció en febrero de 1936 el también registrador pontevedrés Manuel Portela Valladares cuando, tras sólo unos meses en el poder, consiguió para el bloque que integraban el centro y los nacionalistas el 5,3% de los votos y 54 escaños, 21 de los cuales correspondían a su recién fundado partido. Y, por poner una referencia autonómica, un Adolfo Suárez en pleno declive tuvo que conformarse con el 8,5% de los votos y 6 escaños en las elecciones vascas de 1980. Todos estos datos han quedado pulverizados, a la baja, por el 4,2% y los 3 escaños cosechados por Rajoy en Cataluña.

Rajoy ha pasado, en efecto, a la Historia y pretende permanecer en ella como el gobernante que jamás asumió responsabilidades ni por sus actos punibles ni por sus fracasos. No lo hizo ni cuando se descubrieron sus mensajes de apoyo a Bárcenas, en paralelo a las anotaciones de sus sobresueldos ilegales, en la contabilidad del dinero negro que manejaba el tesorero; ni cuando fracasó en las urnas en 2004 y 2008; ni cuando dilapidó la mayoría absoluta de 2011, incumpliendo clamorosamente su programa, y sufrió un vertiginoso descenso electoral en 2015; y tampoco tiene la menor intención de hacerlo ahora.

Pretender zanjar lo ocurrido entregando la cabeza de Moragas -o la de Albiol- es un mal chiste. En cualquier país normal ni Sanz Roldán, ni la Virreina Desnuda habrían llegado al 21-D y hoy tendríamos ya un gobierno en funciones tras la dimisión del presidente. Pero, al menos en términos de cultura democrática, España sigue sin ser un país normal.

Por eso ha llegado la hora de depositar el "segundo sobre" en las urnas de unas nuevas elecciones generales. Tras el escrutinio del jueves, Rajoy y su gobierno carecen de autoridad moral para mantener la posición de firmeza que va a requerir el desafío redoblado de un separatismo catalán crecido por el éxito. Su debilidad es tal, que cada día que pase sin que se resuelva la crisis nacional que él mismo ha provocado, o al menos agravado, crecerá el riesgo de que, con o sin mediación exterior, se perfile un escenario de negociación secreta con el separatismo que, de entrada, implique la impunidad del golpe del 1-O, tal y como ocurrió con octubre del 34 tras el triunfo del Frente Popular; y, de salida, la celebración de un referéndum pactado que liquide la España constitucional.

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"Sólo un clavo saca otro clavo", dice Shakespeare en Los dos amantes de Verona. El respaldo de media Cataluña a quienes quieren destruir España, precisa cuanto antes el respaldo de una mayor proporción de españoles a quienes presenten planes convincentes para preservarla. De igual manera que Calatrava estaba doblemente legitimado para pedir la destitución del gobierno de Feliú, precisamente por haberle apoyado al sofocar la rebelión comunera, el respaldo que muchos hemos prestado a Rajoy, tapándonos la nariz, al enfrentarse al separatismo y aplicar el 155, nos carga de razón para emplazarle ante las urnas.

Su primera reacción ha sido, una vez más, como alega Aznar a través del análisis de FAES, responder con "el desdén y la humorada". Pero unas elecciones generales no son "lo que nos faltaba", sino la única vía legal que nos queda para desprendernos de lo que nos sobra. La estabilidad política es un bien indiscutible, pero no puede mantenerse sobre bases ficticias. Un acuerdo de legislatura es un contrato matrimonial, pero con cláusula de divorcio. Es Albert Rivera quien tiene la capacidad de repartir ahora ese "segundo sobre" que todos tenemos derecho a emplear.