La imagen obsesiona a Pablo Casado desde que la escuchó de labios de alguno de los líderes de centro derecha de la UE. España es la gacela herida del rebaño europeo. Ese animal enfermo, más débil que los demás, alcanzado por un disparo, conmocionado por un golpe tremendo o desgarrado por un alambre de espino, que se tambalea y se muestra incapaz de mantener el ritmo de carrera del resto de su rebaño.
Durante un tiempo observamos a la gacela herida, al final del grupo, tratando de conservar la protección del resto de su especie. Pero si nadie la cura, antes o después se quedará descolgada, a merced de las fieras que, una vez identificada, se abalanzarán sobre ella.
El FMI acaba de proceder a esa identificación, pronosticando que nuestro PIB caerá este año hasta el 12,8%, 2,6 puntos más que el promedio de la eurozona. Todos estamos enfermos, muy enfermos, por la pandemia; pero España lo está un 25% más que la media.
Es cierto que el pronóstico es igual de malo para Italia y sólo una décima mejor para Francia pero nuestro déficit primario -la diferencia entre gastos e ingresos del Estado, sin contar los intereses de la deuda- es superior al suyo. Y eso, a pesar de que Italia nos desborda con creces en la proporción de deuda sobre el PIB.
Ese déficit estructural, que volvió a incrementarse el año pasado, pese al crecimiento de la economía, es fruto de la falta de disciplina fiscal de nuestros gobiernos. Desde los años de Aznar y la inercia de la primera legislatura de Zapatero, España no tiene superávit en las cuentas públicas.
El desequilibrio primario ocasionado por la crisis financiera tocó fondo en 2009 (-9,6), tuvo una leve mejoría de dos años y, tras la recaída de 2012 (-7,7), los gobiernos de Rajoy iniciaron una remontada que llevó ese déficit estructural a sólo una décima del PIB en 2018. Los ‘viernes sociales’ con que Sánchez regó su jardín electoral duplicaron, sin embargo, esa cifra el año pasado.
El ‘Pacto del Insomnio’, con la entrada de Iglesias y su troupe en el Gobierno, no hizo sino acelerar ese empeoramiento. Todas las alarmas europeas estaban ya encendidas antes del estallido de la pandemia.
Con el déficit nominal acercándose otra vez al 4%, Sánchez subió por segunda vez en un año el salario mínimo, revalorizó las pensiones con el IPC e incrementó el sueldo a los funcionarios por encima de ese índice. Los gobernantes de los países austeros se llevaron las manos a la cabeza.
De hecho, ése es el gran hándicap de la candidatura de Nadia Calviño a la presidencia del Eurogrupo. El apoyo explícito de Merkel pretende contrarrestarlo, desde la óptica de que la vicepresidenta española ejercería de caballo de Troya inverso, en aquel gobierno de la UE en el que más falta hace, cuando más falta hace.
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El shock del Covid-19 ha obligado a Bruselas a aparcar su defensa del equilibrio presupuestario, pasando a estimular -y financiar- el exceso de gasto público para mantener las economías de la eurozona a flote. Para qué quieres más. En medio de las calamidades, el gobierno pedropablista ha visto una ventana de oportunidad y ha colado, entre los espesos nubarrones, su medida clientelar estrella: el Ingreso Mínimo Vital.
No como una solución de emergencia, para proteger a los más golpeados por la pandemia, sino como una nueva obligación permanente del Estado. Y encima, aprobada por decreto, sin pasar el filtro del debate, enmienda y perfeccionamiento parlamentarios.
El shock del Covid-19 ha obligado a Bruselas a aparcar su defensa del equilibrio presupuestario, pasando a estimular el exceso de gasto
Era el momento emocional para hacerlo. Hemos visto y seguimos viendo tanto sufrimiento alrededor que casi nadie se atreve a plantear públicamente los peligros que suscita este PER de dimensión nacional, en el que el tan débil como bienintencionado ministro Escrivá hizo de poco más que amanuense de Iglesias.
El PP votó a favor del improvisado decreto, sin estar convencido de su conveniencia, e incluso los que han puesto objeciones técnicas han procurado camuflarlas lo más posible, para no desentonar del buenismo general.
Aun amortizando el caso de Arcos de la Frontera y otros municipios andaluces, en los que se han formado largas colas de inmigrantes, tratando en vano de ser empadronados para poder recibir el Ingreso Mínimo Vital, el peligro de que el número de subsidiados se dispare, existe. Y también el de que desemboque en un efecto llamada a los subsaharianos, sin nada que perder. No porque lo haya dicho Vox deja de ser verdad.
Mucho menos trivial es lo que ha manifestado el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, este jueves en el parlamento autonómico, previniendo frente a la xenofobia vinculada al coronavirus: “Si los temporeros extranjeros no vinieran, sería imposible recoger la fruta”. Curiosa advertencia, teniendo en cuenta que en España hay cerca de cuatro millones de parados y casi dos millones más en los ERTE.
¿Qué otras actividades económicas, en las que existe demanda laboral, llevamos camino de que sean “imposibles” de realizar sin la mano de obra inmigrante, además de la recogida de la fruta, el servicio doméstico, la construcción o el reparto a domicilio? Desde luego, sería fantástico que España se convirtiera en un país en el que se pudiera vivir sin trabajar y cobrar sin tan siquiera buscar empleo. El único problema es que, como acaba de alegar en Invertia, con su claridad habitual, Carlos Rodríguez Braun, “siempre se piensa en los que cobran del gasto público y nunca en los que lo pagan”.
Ahora el espejismo dominante es que “paga Europa”. Y es cierto que la UE se está viendo obligada a salvar a todos y cada uno de sus miembros para salvarse a si misma. Tras el brexit, el propio proyecto europeo implosionaría si una calamidad externa y común desembocara en crisis financieras y rescates como los de hace una década.
Preparando su intervención de cierre de la gran cumbre de la CEOE, en la que hizo gala de su erudición histórica, el presidente de Telefónica, Álvarez Pallete, calculaba que el próximo año las aportaciones de la UE, por todos los conceptos, pueden llegar al 27% del PIB español. El dinero estará disponible de forma escalonada y por eso la palabra de moda es “condicionalidad”.
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¿Qué requisitos tendremos que cumplir para recibir los fondos? Puede parecer paradójico pero cuanto más cabal es el interlocutor, más anhela que nos lo pongan difícil. Garamendi reconocía, no hace mucho, que lo que le piden los empresarios es que trate de influir en Bruselas para que la condicionalidad sea alta y vinculada a las reformas estructurales. Y eso mismo se espera del PP, por mucho que la castiza portavoz Montero le acuse de “hablar mal de España” en Europa, en un burdo remedo del famoso poemilla de Joaquín María Bartrina.
El dinero estará disponible de forma escalonada y por eso la palabra de moda es “condicionalidad”
¿Son el PP y los empresarios antipatriotas? Todo lo contrario. Lo que ocurre es que sienten una profunda desconfianza del actual gobierno y ven en las instituciones europeas una garantía de racionalidad en el control del gasto. No es lo mismo dedicar los fondos de la UE a proyectos empresariales, en sintonía con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que ir aumentando el IMV y contratar a los 300.000 cuidadores y cuidadoras de Irene Montero. Seguro que para eso hay más oferta que para la recogida de la fruta.
El telón de fondo de esta prevención es el convencimiento de que nadie te regala nada -el clásico “there is no free lunch”- y menos aún cuando parece que lo hace. Un ingente manguerazo de dinero europeo sin condicionalidad podría completar el efecto narcótico que la política de compra de deuda pública sin límites, por parte del BCE de Christine Lagarde, está produciendo en todos los actores del mercado.
Si todas las gacelas galopan sedadas con morfina, la que está herida tardará mucho más en notarlo. Pero llegará el día en que los Estados miembros más competitivos instarán al BCE a retirar el anestésico y revisar su política de tipos irrisorios que tanto perjudica a los ahorradores y al negocio bancario.
Quien haya utilizado bien el tiempo y el dinero saldrá fortalecido y quien haya dilapidado ambos quedará más expuesto en sus debilidades. Si la gacela infectada por los tres populismos que, como tres epidemias, han corroído en los últimos años su sistema inmunológico, no recibe el tratamiento médico adecuado y continúa correteando alegremente, insensible a su propio drama, le aguarda un terrible despertar.
Antes o después, los Estados soberanos volverán a ser tasados por la capacidad de recuperar el equilibrio presupuestario. Antes o después, los mercados reflejarán a través de las primas de riesgo la disposición a financiar a quien parezca capaz de hacer frente a sus deudas y la renuencia a seguir enmascarando la insolvencia crónica de nadie. Antes o después, los Estados que forman la clave de bóveda financiera de la UE, volverán a imponer duros rescates a quienes dilapiden ahora sus fondos, con condicionalidad o sin ella, mediante la demagogia clientelar.
“Si ahora nos dan el dinero gratis, tarde o temprano los teutones se cabrearán y los que se irán serán ellos”, me decía esta semana con gran lucidez un importante empresario. Desde luego no es imaginable que los pensionistas holandeses, daneses o alemanes vayan a estar dispuestos a dedicar perennemente sus ahorros a pagar las mecedoras, hamacas y tumbonas de los 300.000 cuidadoras y cuidadores de Irene Montero, incapaces de estirar la mano para recoger melocotones en el Bajo Cinca, cerezas en Valdejalón o albaricoques en Caspe.
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No es de extrañar que, en este escenario, nuestras mentes más lúcidas conciban el pacto entre Sánchez y Casado -con Arrimadas de puente- como la mesa de operaciones para curar a la gacela herida. No se trata de una tautología obsesiva ni de mera farfolla retórica. El único mecanismo práctico, al alcance de la mano, para afrontar con posibilidades de éxito la actual situación de emergencia que se agravará en octubre es ir sustituyendo la dependencia de Sánchez de Podemos por la colaboración con el PP.
No es imaginable que los pensionistas alemanes vayan a estar dispuestos a dedicar sus ahorros a pagar a las 300.000 cuidadoras de Montero
Es cierto que a día de hoy la prioridad de Sánchez es contentar y retener a Iglesias y por eso vapulea a Casado, cada vez que el líder del PP se le acerca, atendiendo sus propios requerimientos. Pero el episodio del ‘engaño’ a Podemos, a propósito de las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción, que ayer desvelaba Alberto D. Prieto, indica que el presidente empieza a asumir riesgos en pro de los grandes consensos que necesita.
Ese doble juego es insostenible a medio plazo, a menos que Iglesias se resigne al papel de vicepresidente florero. De momento no es así y de su subgobierno no dejan de surgir iniciativas dañinas como la hiperrregulación del teletrabajo, que convierte el huevo frito que incendia la sartén en un accidente laboral, o las auditorías de igualdad que pretende imponer Irene Montero a las empresas.
Es tanto lo que está en juego que la élite empresarial más cualificada y con mayor proyección internacional de nuestra historia ha cerrado filas, por primera vez, entorno a la CEOE de Garamendi, instando pública y privadamente a Casado a coger el guante del “consenso”, por muchas trampas que le haga Sánchez. No es casualidad que ésa haya sido la palabra clave del decálogo de conclusiones de la Cumbre Empresarial. Ni tampoco que el elegido para presentarlas haya sido Pablo Isla, líder del ranking de la meritocracia que el ciudadano medio desearía ver algún día plasmado en el Gobierno.
Casado no ha parpadeado cuando se le ha requerido un tono de oposición distinto. Tiene el aval de todas las veces que sus ofertas de pactos de Estado han sido ignoradas por Sánchez. Y la carta de presentación del número de ocasiones en las que se ha referido a Vox en sus intervenciones en lo que va de legislatura: ninguna.
Nadie puede responsabilizarle a él de que en la arena mediática funcione el efecto espejo. Que los hooligans de la izquierda, capaces de vincular la búsqueda de la verdad del 11-M con las críticas a la manifestación feminista del 8-M, como si entre episodios tan dispares mediaran tres días y no dieciséis años, encuentren su calcamonía en los hooligans de la derecha que arremeten contra la serenidad de Ana Pastor por reconocer “buena fe” en los errores de Illa, está en la naturaleza de las cosas.
Lo esencial es que los dinamiteros de la convivencia de ambos bandos han tenido esta semana que batirse en retirada, igual que Esquerra y Bildu, porque el PP ha votado a favor del decreto de nueva normalidad, el Gobierno ha acordado con los agentes sociales la prórroga de los ERTE y se abre una posibilidad razonable de pactar el marco de la Reconstrucción. En cuanto a la disposición de Casado, yo me quedo con lo que percibo como un sincero y generoso anhelo: “Seguiremos esforzándonos, antes de que la gacela cojee”. Es verdad que el tiempo apremia.
