La envidia a la española tiene como principal característica la preferencia del mal ajeno sobre el bienestar propio. Por eso más de una vez he adaptado el famoso cuento de las Mil y Una Noches a la rivalidad entre editores, de forma que cuando dos de ellos se encuentran con la lámpara maravillosa y uno la frota, el Genio le dice que le pida lo que quiera, con la advertencia de que su compañero recibirá lo mismo o tal vez el doble. El editor español no vacila: “Pues sácame un ojo”.
Cada lector sabe que la chanza macabra podría trasladarse, sin variación alguna a su propio sector profesional. Nada produce tanta erisipela como que a tu competidor le vaya bien y nada dispara el dímero D, hasta niveles que auguran trombosis por apoplejía, como sentirse víctima de un agravio comparativo.
El día a día del Estado de las Autonomías está plagado de episodios en los que las identidades impostadas, o al menos exageradas, sirven de coartada para estar ponderando los méritos del terruño con los deméritos de los demás feudos.
Como dice Carmen Iglesias, nadie ha visto nunca por la calle, de paisano, a doña Cataluña, a don País Vasco, a doña Extremadura o a doña Castilla y don León del brazo. Pero los ventrílocuos que manejan esos muñecos desde las instituciones, los sacan a menudo a la arena, con sus trajes regionales, banderas multicolores y adornos musicales, en una enfurruñada competición de Gigantes y Cabezudos.
Siempre hay quien se siente más alto y quien cree tener la razón histórica, económica o moral más grande. Y todos claman y reclaman alrededor de un árbitro llamado Gobierno central, al que se ha ido vaciando de poder y competencias, pero sirve de chivo expiatorio multiusos.
La pandemia está demostrando que, si bien el modelo sirve de válvula de escape a las emociones locales y permite gestionar sobre el terreno los problemas administrativos ordinarios, es totalmente ineficiente a la hora de afrontar desafíos que trascienden las lenguas y fronteras. Cuando la catástrofe amaine tendremos el deber de repensar ese modelo, no para volver a centralizar España, sino para que nuestro federalismo de facto deje de tener los inconvenientes de no serlo de iure.
El lamentable pulso de estos días entre doña Comunidad Autónoma de Madrid y el Ministerio de Sanidad, a costa del interés general, debería ser la gota que colmara el vaso de la condescendencia con lo disfuncional. Porque un Estado digno de tal nombre no puede estar obligado a semejante desgaste para cumplir con su misión primigenia de preservar la vida de los ciudadanos.
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Para calibrar lo sucedido debemos remontarnos a aquel lunes de hace dos semanas, en que el presidente Sánchez visitó la Comunidad de Madrid, como si fuera la sede de un gobierno extranjero, concediendo a Isabel Díaz Ayuso la oportunidad de desplegar, como anfitriona de la “cumbre”, toda la parafernalia de un Estado dentro del Estado. Ni que Adenauer hubiera recibido a De Gaulle.
Es obvio, a la vista de la situación en la que nos encontramos, con unas medidas impuestas por el gobierno central y recurridas ante los tribunales por el autonómico, entre la perplejidad de millones de personas que no saben a qué atenerse, que aquel esfuerzo de seducción ha desembocado en el peor de los fracasos. Pero el reparto de las culpas no puede ser igualitario.
El lamentable pulso de estos días entre Madrid y el Ministerio de Sanidad debería ser la gota que colmara el vaso de la condescendencia con lo disfuncional
En el fondo, Sánchez dejó en el patio de la Real Casa de Correos una lámpara destinada a ser maravillosa. Su mensaje, no exento de demagogia, fue un pedidnos lo que necesitéis para tomar las medidas que hagan falta para atajar la pandemia. Una especie de barra libre sobre los recursos del Estado.
El genio encerrado en la lámpara, con sus profesorales gafas negras, su camisa blanca y sus calcetines de rayas, era Salvador Illa. Madrid podía contar con la implicación personal y directa del ministro de Sanidad en el grupo de trabajo creado para afrontar la mayor tasa de incidencia del virus en una capital europea. También con la ministra de Administraciones Públicas y con todos los altos cargos de los demás departamentos que pudieran aportar medios humanos, materiales o logísticos. Una implicación excepcional que parecía garantía de éxito.
Había un problema, claro, con el punto de partida. Después de que saltaran todas las alarmas por el crecimiento del virus en los primeros días de septiembre, el gobierno autonómico había dictado unas medidas incomprensibles para el común de los madrileños, estableciendo restricciones en función de una unidad ignota para la mayoría de ellos, llamada “zona sanitaria”.
Esa cantonalización de la capital estaba generando protestas sociales, que denunciaban un castigo a los barrios con menor renta y menor afección electoral a las derechas, y situaciones surrealistas como el que en un lado de la misma calle rigieran las medidas y en el otro no.
Pero lo más grave es que, según los propios datos de la Comunidad, esa restricción sólo afectaba al 15% de la población que albergaba el 25% de los casos de Covid detectados, en áreas con incidencia veinte veces superior a la aceptable por la OMS.
¿Qué pasaba con la diseminación del virus, a través del 75% de los restantes contagiados, que habitaban en “zonas sanitarias” en las que la incidencia del virus “sólo” era diez veces superior a ese umbral de peligro, situado en los 50 casos por cada 100.000 habitantes?
Toda vez que el propio alcalde de Madrid, con mucho más instinto político que Díaz Ayuso, se había mostrado partidario de generalizar las medidas en toda la capital y que entre Illa y Ruiz Escudero existía la sintonía propia de dos personas prudentes, el acuerdo resultaba poco menos que inexorable.
Al final, todo era cuestión de buscar el término medio respecto a horarios y aforos y aplicar transversalmente los mismos criterios; lo que hubiera supuesto, claro, actuaciones más intensivas en los lugares con mayor concentración vírica. Por ejemplo, cribando esos barrios con más hacinamiento, más economía sumergida y más dificultades de implantar las cuarentenas, para trasladar a cuantas personas fuera necesario a hoteles o residencias alternativas. Bastaba establecer normas comunes y a partir de ahí tratar de forma desigual a los desiguales.
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Cuando esa senda parecía abierta y ya se había alcanzado el consenso, con la elección de un portavoz tras las entrevistas a una terna de candidatos, todo se rompió el viernes de la semana pasada. Madrid se aferraba a su zonificación e Illa hacía público su desacuerdo. ¿Para qué había servido tanta escenificación, si la Comunidad seguía en sus trece, añadiendo tan sólo un 2% de la población a las zonas teóricamente confinadas?
Todo era cuestión de buscar el término medio respecto a horarios y aforos y aplicar transversalmente los mismos criterios
El domingo, el lunes y el martes fueron días de recomposición del trabajo en equipo, de acuerdo con la primera petición que Díaz Ayuso hizo al genio de la lámpara, muy en línea con mi anécdota inicial: Ya que pretendes atar una mano a la espalda a los madrileños, átasela también a los demás españoles.
No dejaba de ser incongruente que quien hasta ese momento se había empeñado en discriminar entre madrileños, impulsara el igualitarismo entre españoles, a efectos de confinamiento. La filosofía era bastante absurda pues, al margen de la muy diversa incidencia del virus, soslayaba factores como la densidad demográfica o la posición en el mapa.
Si Madrid es el “rompeolas de todas las Españas” es porque mantiene una interacción constante, de forma radial, con el resto del territorio. Qué significativa es, a ese respecto, la actitud de Castilla y León, en plena sintonía con el Gobierno central, pese a estar gobernada por la misma coalición PP-Cs que manda en la Comunidad de Madrid.
Pero Illa buscaba el acuerdo e impulsó, junto con el vicepresidente Aguado, el principio de que los criterios que se aplicaran para Madrid regirían en adelante para el resto de España. Era una jugada arriesgada, si debía pasar el filtro del Consejo Interterritorial de Sanidad, en la que no faltaría quien discutiera -como enseguida ocurrió- más el fuero que el huevo. ¿Por qué el apaciguamiento de Ayuso debía tener consecuencias para los demás?
Pero también era una forma de acallar las vociferaciones de rigor y derrapes, simétricos a la retórica ‘indepe’, como el del editorialista de FAES que denunció que un “un socialista catalán” pretendía “cerrar Madrid”.
Quedaba por fijar los criterios concretos e Illa, firme en situar el umbral del riesgo en los 500 casos por cien mil habitantes y en una saturación de las UCI del 35%, accedió -esto es mucho menos conocido- a la segunda petición de la Aladina de la Puerta del Sol: que la medida no afectara a los municipios de más de 20.000 habitantes, como inicialmente estaba previsto, sino sólo a los que superaran los 100.000.
Desde que lo planteó el viceconsejero madrileño, Antonio Zapatero, en una de las reuniones del Comité Técnico, el ministro fue consciente de la consecuencia política de este nuevo baremo. Afectaba a los poblados municipios del sur de la Comunidad, gobernados en su gran mayoría por socialistas; pero dejaba exentos a los mucho menos densos del norte residencial, en los que gobiernan los populares.
Illa dio, sin embargo, luz verde a ese criterio de población pues, por encima de todo, quería que se actuara cuanto antes. El problema derivado fue que, una vez que se comprobó que Pamplona cumplía el requisito de incidencia pero no el de saturación en UCI, sólo iban a verse afectadas Madrid y las otras nueve ciudades de su periferia. Al acortarse la manta, tapaba los hombros de los municipios del norte, pero dejaba al descubierto los pies del agravio comparativo.
Entonces fue cuando Díaz Ayuso, celosa de que el protagonismo del preacuerdo hubiera correspondido a su detestado vicepresidente y portavoz Ignacio Aguado, pésimamente asesorada por un especialista en broncas como Miguel Ángel Rodríguez y diariamente jaleada por los interesados palmeros de la confrontación, formuló su tercer y definitivo deseo al genio de la lámpara. Fue un déjame en paz, saca tus manos de mis competencias.
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En lugar de abortar esa huida hacia delante, Génova la respaldó, arropando a Díaz Ayuso con el reluctante voto negativo de doña Andalucía y doña Galicia en el Comité Interterritorial de Sanidad. El incomprensible fracaso del último encuentro entre Sánchez y Casado flotaba en el ambiente y seguro que Illa debió echar en falta la reforma de la Ley de Medidas sobre la Salud Pública, insistentemente propuesta por el PP, que habría reforzado su amparo legal para tirar por la necesaria calle de en medio.
Entonces fue cuando Díaz Ayuso formuló su tercer deseo al genio de la lámpara: 'Déjame en paz, saca tus manos de mis competencias'
No le quedó otra vía que la orden ministerial, lastrada por la polémica jurídica sobre la falta del requerido consenso en las decisiones interterritoriales. La expresa apelación al estado de alarma como camino adecuado para el Gobierno, en el recurso presentado ante la Audiencia Nacional, bajo la supervisión de un jurista tan ducho como el consejero Enrique López, pone en evidencia que, en el fondo, lo que Díaz Ayuso y su equipo pretenden es poder atribuir al autoritarismo del Gobierno las incomodidades que sufriremos los madrileños.
Algo no demasiado diferente al victimismo de Torra que, por supuesto, no dejó de aportar a doña Cataluña, en su habitual de qué se trata que me opongo, a la votación en el Consejo de Sanidad.
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Hacer política barata con la salud pública es ya de por sí lamentable. Pero acompañarla de una campaña propagandística, basada en una supuesta mejoría de la evolución de la pandemia en la Comunidad de Madrid, cuando tenemos un índice de PCR positivas del 20% -cuatro veces mayor del umbral de alarma roja de la OMS- y, sobre todo cuando la tasa de ocupación de camas de UCI por pacientes de Covid supera ya, no el 35%, sino el 60%, es una irresponsabilidad que debería ser atajada de plano.
Será por algo que profesionales de la sanidad muy afines al PP, pero ante todo bien informados y comprometidos con la causa de la salud, respaldan las incómodas medidas del ministro Illa.
Sólo un compromiso transversal en pro de la sensatez permitirá salvarnos. No puede ser que el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad dimita cuando más necesario es impulsarlas; que empiecen a circular en el PP absurdos rumores sobre complots internos contra Díaz Ayuso; que Fernando Simón comunicara a sus superiores como un hecho consumado su disparate megalómano con Calleja; o, no digamos, que Pablo Iglesias pretenda dinamitar la encomiable paz en el sector impulsada por Illa, incluyendo a toda costa y en contra de los criterios de la UE, una subida del IVA de la Sanidad privada, precisamente ahora que su concurso abnegado y entusiasta es imprescindible para hacer frente a la segunda ola de la pandemia. Eso sí que sería una zancadilla artera y un gol en propia meta.
¿Quo vadis, España? No es de extrañar que entre los más inteligentes esté circulando, con motivo de la muerte de Quino, la legendaria frase de Mafalda: “¿Por dónde hay que empujar a este país para llevarlo adelante?”. Se admiten sugerencias.
