Coincido con la ministra de Defensa en que el jueves fue “un día negro” para la democracia. La “suspensión”, por parte del PP, de las casi ultimadas negociaciones para pactar la renovación del Poder Judicial supone el triunfo de los tres sectores extremistas que trataban de boicotearlas y aboca a nuestro sistema institucional hacia el limbo de la incertidumbre.
A la hora de explicar lo sucedido, las dos partes manejan argumentos y razones dignas de tener en cuenta, pero no todas tienen igual consistencia. No pueden pesar lo mismo los elementos circunstanciales, por muy aparatosos que sean, que los aspectos sustanciales que se dirimían.
El colapso del CGPJ.
Lo que hay que decir en el primer ámbito no es en absoluto banal. La nueva cesión de Sánchez al separatismo golpista, al acceder a rebajar las penas por el delito de sedición, cuando aún están frescos los indultos a quienes no se han arrepentido y cuando cada día conocemos nuevos detalles de conspiraciones en marcha para repetir los hechos de hace cinco años, supone una grave irresponsabilidad, en la medida en que amplifica un peligro real que se cierne sobre España.
Esta iniciativa tendría consecuencias nefastas para el Estado democrático, en la medida en que seguiría vaciando de contenido la sentencia del Tribunal Supremo, la haría más vulnerable a la revisión del Tribunal Europeo y permitiría la reincorporación a la política catalana de inhabilitados como Oriol Junqueras o de la fugada Marta Rovira. Incluso crearía un caldo de cultivo para el regreso impune de Puigdemont.
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Además, la tantas veces repetida pretensión de “armonizar” la cuantía de las penas por sedición con las legislaciones europeas es una falacia tan flagrante como para que adquiera ribetes de mentira. Tal y como el propio Tribunal Supremo explicó con todo detalle, la realidad es que, denominaciones al margen, los hechos que nuestro Código Penal tipifica como sedición tienen castigos más severos en las principales democracias de nuestro entorno. Quienes trataran de destruir al Estado desde sus mismas instituciones no se irían de rositas ni en Francia, ni en Alemania, ni en Italia, como en definitiva Sánchez parece dispuesto a facilitar aquí.
El carácter de contrapartida al apoyo de Esquerra a los Presupuestos -nadie niega que esto sea así- hace esta iniciativa legislativa doblemente detestable, pues supone comprar la estabilidad política de un gobernante a costa del debilitamiento del Estado. Sánchez lleva meses aplazando el pago con otra clamorosa falsedad -la de que no tenía mayoría en el Congreso en favor de la reforma de la sedición- lo que prueba su mala conciencia o al menos incomodidad en el envite.
¿Cómo no va a tener mayoría para bajar ese listón, cualquier listón que nos proteja, si todos sus coaligados o socios habituales son activos partidarios de la destrucción del “régimen del 78”?
Sólo faltaba la olímpica torpeza de la recién encumbrada número dos del PSOE, María Jesús Montero, al reconocer durante el debate del Presupuesto la inminencia de la reforma de la sedición y luego rectificar balbuceante en los pasillos, atribuyendo el desliz al “fragor” del intercambio dialéctico.
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El iceberg contra el que debía encallar el trasatlántico de la negociación emergía así en el lugar más inadecuado en el momento más inoportuno. Cualquiera diría que la ministra de Hacienda se había erigido en instrumento simultáneo de los vociferantes insultadores radiofónicos al servicio de Vox, de la despechada dirección de Podemos al haber perdido el órdago de la inclusión de Victoria Rosell en el CGPJ y, por supuesto, de los independentistas catalanes refractarios a todo pacto entre PP y PSOE que fortalezca al Estado. Son los tres populismos crispadores, los tres focos guerracivilistas que medran a la vez, que hacen caja a la vez, implícitamente compinchados para retroalimentarse.
Por un momento pareció que la habilidad de Feijóo como navegante le permitía sortear el escollo, pues anunció que, si ganaba las elecciones, no sólo no rebajaría, sino que endurecería las penas por sedición y además restablecería el delito de convocatoria de referendos ilegales, tal y como por cierto había prometido hacer el Sánchez pre-insomnio. Era lo propio: un roto legislativo se corregiría con un remiendo legislativo. Pero el énfasis en esa vía lógica de enmienda preservaba implícitamente lo que se estaba pactando en el otro tablero.
"Mientras Sánchez o Feijóo no salgan de la vida pública con los pies por delante, no volverá a haber 'pactos de Estado' de ninguna clase"
Al fin los pactistas íbamos a tener nuestros quince minutos de gloria y satisfacción. Yo acababa de dar por hecho el acuerdo en una conexión que hizo Cristina Pardo con la redacción y había ya convocado a algún amigo para celebrarlo, cuando nuestro gozo cayó en el pozo del comunicado en el que el PP presentaba la rebaja de la sedición como una “incongruencia insalvable”. La piedra de Sísifo rodaba de nuevo hasta el pie de la ladera.
Con el agravante de que esta vez quedaba descartado volver a intentarlo durante lo que queda de legislatura, condenando al Poder Judicial a un horizonte de interinidad cercano a los seis años y convirtiendo las próximas elecciones en un Duelo a muerte en OK Corral: mientras Sánchez o Feijóo no salgan de la vida pública con los pies por delante, no volverá a haber “pactos de Estado” de ninguna clase.
Los pequeños ayatolás de las tres tribus guerreras coincidían en tocar palmas con las orejas: sólo el exterminio político de los “comunistas”, bramaban unos, de los “fascistas”, bufaban otros, de los “españolistas y botiflers”, proclamaban los de más allá, despejará el porvenir de los justos y elegidos. Era el coro del primer acto de Aida, ensamblado desde tres focos distintos del escenario: “¡Guerra! ¡Guerra tremenda, guerra inexorable! ¡Guerra! ¡Guerra al extranjero!”.
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La simultánea satisfacción de los fanáticos integristas marca el termómetro de la preocupación de quienes entendemos la defensa del orden constitucional como una tupida trama de complejidades y concesiones recíprocas, en la que anida la convivencia de los distintos. Y, sobre todo, de quiénes creemos que cuanto mayores son los riesgos engendrados por el propio sistema, más hay que aferrarse a las reglas legales en vigor para afrontarlos con éxito.
"Las reformas del Código Penal van y vienen, en función de las mayorías políticas cambiantes y del lamentable mercadeo parlamentario; pero no hay yerro que no puedan corregir las urnas"
Feijóo se ha equivocado al levantarse de la mesa y abortar el pacto para la renovación del CGPJ y el TC, no porque la pretensión de rebajar el delito de sedición no sea muy grave y peligrosa, sino precisamente porque lo es. Tal y como se demostró hace cinco años, cuando PP y PSOE afrontaron juntos el desbordamiento del procés, no hay mejor antídoto frente a cualquier intento de romper la legalidad que la unidad de las fuerzas constitucionales en torno a lo sustancial. Y no hay mejor expresión de esa unidad que la legitimación de las instituciones, y en especial del Consejo del Poder Judicial y los altos tribunales, mediante su normal funcionamiento y renovación.
Las reformas del Código Penal van y vienen, en función de las mayorías políticas cambiantes y del lamentable mercadeo parlamentario; pero no hay yerro que no puedan corregir las urnas. Si, en virtud de su resultado en 2019, será posible ahora hasta la autodeterminación de género, nadie podrá negar a una mayoría alternativa el derecho a replegar esa vela y otras cuantas.
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Mucho más relevante es que, mientras los legisladores ceden a sus compromisos, fantasías o extravagancias, existan instancias arbitrales con legitimidad y prestigio para garantizar la continuidad del Estado de derecho, al margen de la coyuntura política. Y el Poder Judicial, la administración de Justicia -algo mucho más grande que el CGPJ- es la piedra angular de todas esas instancias.
No es casualidad que nuestros tres tipos de talibanes también converjan en sus desaforados ataques a la Justicia. Hay que oír los insultos cavernarios que desde la extrema derecha se dirigen a aquellos jueces y fiscales que no resuelven de acuerdo con los cánones integristas. Y las grotescas apelaciones al lawfare de la extrema izquierda, cuando uno de sus paladines es condenado por agredir a un policía o investigado por corrupción. Y las descalificaciones en bloque a la “justicia colonial y opresora” que el separatismo extremo maneja para reclamar la impunidad de la “desjudicialización”. Los trillizos Torquemada siempre encienden de igual forma sus hogueras.
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Creo que esta marcha atrás de última hora va a dañar la imagen de líder consistente que caracterizaba a Feijóo. Ha sido como si un experimentado chef hubiera estado cocinando durante largo rato y, en el momento final de napar el plato, descubriera que el gratinado de la bechamel no es de su gusto y decidiera tirarlo todo abruptamente a la basura.
Pero siendo grave que el líder de la oposición pueda ver erosionado su crédito político, lo verdaderamente inquietante no es eso. La pregunta que todos deberíamos contestar con sinceridad es si, cuando el independentismo lance su próximo órdago, estaremos en mejores condiciones de combatirlo con un CGPJ en funciones, un Tribunal Constitucional incompleto y un Tribunal Supremo plagado de vacantes, sometidos al descrédito de la interinidad, o si su normal funcionamiento y renovación pacífica supondría la mejor manera de predicar con el ejemplo del acatamiento a la legalidad.
"La corrosión que la ruptura del espíritu de la transición ha causado en nuestra vida política debería servirnos de lección, en vez de pretender hacer lo mismo, sólo que al revés"
Y si la respuesta es que esta situación se irá parcheando hasta después de las elecciones, para cambiar la ley como pide la Unión Europea y restablecer el principio de que los jueces elijan a la mayoría del CGPJ, yo advertiría: primero, que nadie debería vender la piel de Sánchez antes de cazarlo; segundo, que, aun siendo ferviente partidario de volver al sistema de elección que estaba en el ánimo de los constituyentes y Alfonso Guerra se cargó en el 85, lo ocurrido en esta legislatura daría alas a la izquierda para intentar boicotear o al menos deslegitimar socialmente el nuevo modelo que, en todo caso, sería mixto y seguiría requiriendo de pactos en el Congreso y el Senado.
Es verdad que fue con Zapatero en la Moncloa cuando se rompió el espíritu de la Transición, mediante el impulso de la malhadada reforma del Estatuto catalán con la oposición del PP. Pero la corrosión que esa leche derramada ha causado en nuestra vida política debería servirnos de lección, en vez de anhelar una vuelta a la tortilla con la pretensión hacer lo mismo, sólo que al revés.
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El pacto está en la génesis de nuestra Constitución y en las previsiones de nuestros constituyentes. Con vistas a la normalidad institucional, el pacto no es una opción sino una obligación. Y nunca debe depender de quién lidere el partido rival, aunque, por supuesto, haya que exigirle su parte alícuota de lealtad y responsabilidad.
"Por muchos que sean sus prejuicios, afinidades ideológicas o antipatías políticas, nuestros jueces y fiscales son profesionales del Derecho, comprometidos con la defensa de la legalidad"
Zanjar la cuestión con la supuesta inmoralidad intrínseca del adversario o con la presunción de que cualquiera que alcance una alta posición se comportará con el mismo maniqueísmo cerril que aplica el opinador de turno, no es sino una muestra de pereza intelectual. Por muchos que sean sus prejuicios, afinidades ideológicas o antipatías políticas, nuestros jueces y fiscales son a la postre profesionales del Derecho, comprometidos con la defensa de la legalidad y sometidos a un orden jurisdiccional. Así lo demuestran cuando los diferentes adoptan sentencias por unanimidad o cuando las mayorías y votos particulares rompen las previsiones estereotipadas.
Y para muestra, un botón. Sólo un botón, sí; pero menudo botón. El mismo Cándido Conde-Pumpido, a cuya previsible llegada a la presidencia del TC se asocian todo tipo de servilismos y rendiciones, fue uno de los dos jueces elegidos por el sector “progresista” del CGPJ que inclinó la balanza en la sentencia del caso Marey, condenando por secuestro y malversación al ministro del Interior de Felipe González y acreditando así que el ilusionante cambio político cuyo cuarenta aniversario acabamos de celebrar comenzó a ser traicionado, de la peor manera posible, apenas un año después.
Pero no nos desviemos de la cuestión, que sobre los GAL ya lo tengo todo dicho. Lo que afirmo hoy es que, si entonces hubo jueces en Madrid, no veo ningún motivo para que no vuelva a haberlos ahora, sea cual sea la situación-límite que se afronte.
