¿Y de Tezanos qué?

"Nuestros políticos se han vuelto perezosos porque ganan más dinero y gozan de mayor respetabilidad social de la que disfrutaban en sus actividades anteriores. Cobran por entender el lenguaje de los dedos del portavoz situado en la primera fila del hemiciclo y sortean cuantos temas puedan acarrearles dificultades".

O en este otro que parece augurar todas las trapacerías que enlazan los cafelitos del despacho de Juan Guerra con las citas de Koldo con Pepe Blanco y otros conseguidores, con o sin licencia de lobistas, pasando naturalmente por los apuntes del cuaderno de Bárcenas:

"Muchos de los empresarios que cada día pasan por el despacho del vicepresidente Fernando Abril, en rosario de manos abiertas y extendidas, parecen desde luego calcomanías de aquel personaje de La Escopeta Nacional que implacablemente perseguía una licencia, una concesión, una subvención, una ayuda, un permiso para instalar porteros automáticos".

La tesis central de mi artículo era que, aunque el lema con el que Suárez había iniciado la Transición era el del "cambio sin riesgo", el "conservadurismo" de la clase política en sentido amplio -ahí incluía hasta a Carrillo- ponía en riesgo la ecuación porque "en la España de 1980 cuanto menor sea el cambio, mayores serán los riesgos".

El último párrafo decía: "No sé si puede haber regeneracionismo sin Desastre previo, pero intuyo que algún tipo de desastre nos aguarda si no conseguimos pronto que nuestra democracia deje de ser la continuación de aquel sórdido y lúgubre Tiempo de Silencio en el que todo era siempre inevitablemente igual a sí mismo". Exactamente ocho meses después sobrevino el 23-F.

El efecto vacuna funcionó en la institución militar y neutralizó para siempre al ejército franquista. Pero, pasado el susto, la clase política, y en particular el PSOE, siguió blindándose y vaciando de contenido los derechos de participación de la ciudadanía.

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Cuando González llevaba ya más de una década beneficiándose del "franquismo sociológico" que seguía impregnando la "España felipista", cuando ya me habían echado de Diario 16 y había tenido que fundar El Mundo para seguir denunciando la corrupción y el crimen de Estado, lanzamos desde nuestro nuevo periódico un proyecto titulado "100 Propuestas para la Regeneración de España".

Participaron decenas de especialistas y cientos de lectores, bajo la coordinación de nuestro primer jefe de Opinión, Javier Ortiz. Finalmente, les dedicamos un suplemento de ocho páginas que publicamos en vísperas de las elecciones generales del 93. Muchas de esas propuestas -desde la despenalización del aborto a través de una ley de plazos hasta la abolición del servicio militar- fueron haciéndose realidad, pero algunas de las más importantes siguen siendo asignaturas pendientes.

Es el caso de la reforma del sistema electoral, encaminada a que los diputados dependan de los electores y no de las cúpulas de los partidos; es el caso de la despolitización de la fiscalía, RTVE y otros organismos destinados al control social del poder; y, desde luego, es el caso del Consejo General del Poder Judicial.

La Propuesta número 19 decía literalmente: "Se restablecerá lo preceptuado en el artículo 122.3 de la Constitución sobre la designación de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial, para que doce de sus miembros sean elegidos no por el Parlamento "sino entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales"".

"Aunque tanto Aznar como Rajoy llevaron en sus programas revertir la invasión de la justicia por la política, prefirieron dejarlo como estaba"

La regeneración suponía en ese caso una contrarreforma, un restablecimiento del espíritu y la literalidad constitucional, bastardeada por la reforma de la Ley Orgánica del CGPJ de 1985 mediante la que Alfonso Guerra pretendía sustituir la separación de poderes por la coordinación de poderes. Es decir, por la supeditación de todos los demás a los designios de un Ejecutivo liderado por el "puto amo" de turno.

Cuatro décadas después el debate sigue abierto, fundamentalmente porque, aunque tanto Aznar como Rajoy llevaron en sus programas revertir esta invasión de la justicia por la política, uno y otro prefirieron dejar las cosas como estaban para aprovecharse del nuevo modelo.

Aunque en el propio equipo directivo de EL ESPAÑOL hay personas que ven más inconvenientes en la elección corporativa de los jueces que en su selección parlamentaria, quienes seguimos defendiendo el mismo sistema que los constituyentes hemos encontrado en la Unión Europea un aliado que, antes o después, resultará definitivo.

Año tras año el Informe sobre el Estado de derecho de la Comisión Europea reprocha a España que no cumpla los "estándares europeos" en esa materia. Fueron fijados por el Consejo de Europa a través de la Comisión de Venecia, y establecen que al menos la mitad de los miembros del Gobierno de los Jueces deben ser elegidos por la propia carrera judicial, sin interferencias ni del Ejecutivo ni del Legislativo.

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Este requerimiento permanente de la UE no debe ser óbice para que se produzca al fin la tantas veces aplazada renovación del CGPJ, de acuerdo con la ley en vigor. La mediación del comisario Reynders puede conseguir que el PP desbloquee el relevo, como es su obligación, y que el PSOE acepte iniciar después el proceso de revisión de la norma.

Ya no hay excusa que valga. Y menos aun la "chulería" que con razón percibe el PP en el ultimátum de Sánchez, amenazando con cambiar la ley a partir de la próxima semana.

No tiene ninguna capacidad para hacerlo. El presidente sabe que se metería en un problema muchísimo mayor que el de la actual parálisis. Su brusquedad política no puede servir, en todo caso, de enésima coartada para el filibusterismo del PP.

La derecha dura, que presiona a Feijóo para que no ceda, alega que, así como la renovación del CGPJ, acorde con la actual mayoría parlamentaria será el último "pájaro en mano" que le queda por atrapar a Sánchez, la reforma de la ley siempre será un "ciento volando" de imposible concreción.

"Asumir el riesgo político de renovar el CGPJ es inevitable y no puede seguir sirviendo de excusa para un bloqueo que excede ya los 5 años"

Pero asumir ese riesgo político es inevitable y no puede seguir sirviendo de excusa para un bloqueo que excede ya los cinco años y podría terminar afectando también al Banco de España, la CNMV y pronto al propio Tribunal Constitucional.

Es verdad que la obligación de renovar el CGPJ recae en los grupos parlamentarios y está concebida como expresión de un consenso constitucional más amplio, quebrado reiteradamente por el PSOE desde que Zapatero emprendió la reforma del Estatuto de Cataluña sin contar con el PP. La amnistía ha sido el clavo definitivo en ese ataúd en el que yace el espíritu de la Transición.

Fueron tan grandes los servicios que ese espíritu rindió a la sociedad española que yo siempre pensaré que se trata de un estado de catalepsia del que se levantará tan pronto como un nuevo príncipe le despierte con el beso de la concordia.

"Feijóo es por encima de todo un hombre de Estado", me decía este fin de semana uno de sus más estrechos colaboradores. "Quienes pensamos que la conducta de agresión permanente del PSOE debería mantenernos en la trinchera de la no renovación y esperamos cada día más munición para el combate, le apoyaremos si decide lo contrario".

"¿Y si la mejor munición para vuestro combate llegara precisamente gracias a esa renovación, en la medida en que permitiría al PP recuperar la bandera de la regeneración de la democracia, centrándose en la denuncia de la invasión de las instituciones por el PSOE?"

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Mi pregunta quedó flotando sobre la mesa, convencido como estoy de que las críticas de la oposición a lo que está ocurriendo en el TC, la Fiscalía o RTVE quedan amortiguadas por el fundado reproche a su numantinismo en el CGPJ.

Punto y aparte es, sin embargo, la cuestión del CIS de Tezanos, pues estamos ante uno de los mayores escándalos políticos de la democracia (lo digo sin hipérbole alguna) en la medida en que ha implicado ya la manipulación sistemática de hasta 40 procesos electorales en seis años.

Los datos que acabamos de divulgar son demoledores y justifican por sí solos esa comisión de investigación en el Senado, anunciada por el PP: resulta que, una vez conocidos los resultados, en el 75% de esas convocatorias, sobre las que viene actuando desde 2018, Tezanos minusvaloró en su último sondeo al partido de Feijóo y en el 60% sobrevaloró al de Sánchez.

Eso, sin contar, claro, con que de no haberse producido esa manipulación (a través de la pretendida profecía autocumplida) las diferencias en favor de la oposición habrían sido aun mayores.

"Nada menos que el 83% cree que el CIS ha empeorado con Tezanos y nada menos que el 80% pide su destitución"

Si a ello le añadimos los continuos cambios de metodología y formas de presentar los datos (siempre para favorecer al PSOE), la clamorosa omisión de preguntas incómodas para el gobierno (como las relacionadas con la amnistía) o la inaudita sucesión de declaraciones públicas acusando a Feijóo de practicar la "guerra sucia" y tildando al PP de "grupúsculo fascista", nos encontraremos con una situación literalmente insoportable.

Así lo refleja nuestro sondeo de hoy, con un nivel de coincidencia jamás visto entre la mayoría de los votantes de todos los partidos y estratos de edad. El que hasta los del PSOE lo vean de la misma manera revela que los propios beneficiarios de los tóxicos mejunjes de Tezanos sienten vergüenza ajena ante la zafiedad de su conducta.

Entre los 25 países de la UE sólo en Polonia, siempre en la picota por sus reglas autoritarias, existe un organismo como el CIS con carta blanca para interferir en los procesos electorales y un director nombrado por el Gobierno. Incluso allí sería inimaginable que ese director fuera un camisa vieja del partido en el poder, amén de sociólogo de cabecera y hagiógrafo personal del presidente del Gobierno.

Hay muchas razones por las que Feijóo debería avenirse a renovar ya el CGPJ, dentro de un pacto más amplio que incluya la futura reforma de la Ley Orgánica. Pero, por si faltara una, el refuerzo de su credibilidad a la hora de exigir el final de esta siniestra etapa del CIS, debería decantar la balanza.

Nada menos que el 83% cree que el CIS ha empeorado con Tezanos y nada menos que el 80% pide su destitución. Son porcentajes nunca vistos ni siquiera contra la amnistía. Si el PP llega a este debate sin el lastre de sus propios incumplimientos tiene una oportunidad de liderar ese apabullante clamor social, genuinamente regeneracionista, y de demostrar que, si Sánchez no accede a acabar con las trampas de Tezanos, el tramposo será él.