Pobre agente Iván. Cuando el joven policía, condecorado el miércoles por su valor, aprovechó el acto para reprochar educadamente al ministro Marlaska que "nos quitan la autoridad para dársela al criminal, no sea que ellos también se enfaden", no podía imaginar que veinticuatro horas después sus palabras se harían cruda realidad.
Pobre Policía Nacional, pobre Guardia Civil, pobres Fuerzas Armadas, pobre sociedad española. Ni en la peor de las pesadillas hubiéramos imaginado que veríamos un día a la portavoz de Bildu presentar una Ley de Libertades y Seguridad Ciudadana en nombre de la presunta mayoría parlamentaria que lidera Sánchez.
Sí, sí: las "libertades" de Bildu, la "seguridad ciudadana" de Bildu. El partido que sigue sin condenar los asesinatos de ETA, el partido que incluye a terroristas en sus listas, el partido que consigue excarcelar a los peores criminales y los recibe como a héroes, el partido liderado por el hombre que justificó el asesinato de López de Lacalle ante su cadáver insepulto.
El agente Iván pidió al ministro "una ley fuerte que proteja al bien y estruje por el cuello al mal y no al revés". Pues bien, ya sabe él, ya sabemos todos, que será "al revés". Que quienes protegieron y protegen a los malvados que dejaron centenares de viudas y huérfanos, que los instigadores de la kale borroka, que los que acuñaron el término "txakurras" serán los que podrán "estrujar por el cuello" poco menos que impunemente a los servidores del bien público.
Cien euros les costará la resistencia a la autoridad "con oposición corporal" -fascinante eufemismo- y cincuenta si están por debajo de una determinada renta.
El viejo sueño orwelliano de ETA de imponer su neolengua como idioma oficial de la democracia lleva camino de hacerse realidad. La mentira será la verdad, y el odio la forma de expresar el amor.
Lo peor de todo es el motivo. El “no sea que ellos también se enfaden” del agente Iván abre paso al “no sea que ellos tampoco voten el Presupuesto”.
Ilustración: Javier Muñoz
ETA no consiguió el objetivo de cambiar "paz por territorios", pero sus legatarios llevan camino de consumar el de "votos por presos". Y de propina les van a dar las balas de goma, las devoluciones en caliente, la desobediencia a la autoridad y la lenidad contra las agresiones a los agentes.
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Tiene un enorme valor simbólico que este pacto de Sánchez con Bildu sobre la mal bautizada ley Mordaza haya venido precedido de las dos primeras concesiones de tercer grado a etarras condenados por asesinatos que conmocionaron a la sociedad española, sin que tan siquiera se hayan arrepentido.
Ochenta y pico condenados por terrorismo se habían beneficiado antes de esta medida administrativa, pero ninguno tenía delitos de sangre. Estos sí. Otra línea roja, en el sentido más literal del término, que cruza Pedro Sánchez.
El viejo sueño orwelliano de ETA de imponer su neolengua como idioma oficial de la democracia lleva camino de hacerse realidad
El simbolismo es doble si tenemos en cuenta que ha sido una consejera socialista la que, en virtud de la transferencia penitenciaria con la que el presidente compró los votos del PNV, ha ahorrado ocho años de cárcel a Luis Mariñelarena, asesino del portavoz de su propio partido Fernando Buesa.
La profecía de que "veremos cosas que nos helarán la sangre", formulada por la madre de Pagaza, pesa ya como una maldición bíblica sobre estos socialistas vascos que en vez de honrar la "memoria histórica" de sus mártires, contribuyen a atenuar el castigo a sus verdugos, blanqueando por ende su abominable relato.
Otro tanto cabe decir, claro, del ministerio público, controlado por el apoderado del Gobierno Álvaro García Ortiz, que tampoco va a dignarse a recurrir ni esa excarcelación ni la de Harriet Iragi, asesino del fiscal Luis Portero. Se ve que el espíritu gremial funciona para todo menos para cuando puede crearle alguna incomodidad al Gobierno que maneja a ese Fiscal General como a una dócil marioneta.
Y esta no es mi interpretación sino la de Otegi: "Tenemos 200 presos y, si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, pues votamos". Desde que lo dijo en 2021, ya sólo quedan en la cárcel poco más de la mitad.
Si fuera por Bildu, Sánchez tendría Presupuestos hasta que Landrú, Jack el Destripador y el Estrangulador de Boston recibieran su merecido ongi etorri.
De ahí que la propina de regalarle el protagonismo en la liquidación de la mal llamada ley mordaza tenga un punto de escarnio innecesario en la escenificación y de grave irresponsabilidad en su contenido.
Si el Gobierno hubiera querido eliminar las pelotas de goma de su material antidisturbios le hubiera bastado dar una instrucción interna al ministerio del Interior. Mañana mismo podría hacerlo: disparen ustedes palomitas de maíz.
Pero es que resulta que el 19 de junio, hace menos de cuatro meses, el número dos de Marlaska, Rafael Pérez, declaró ante la comisión correspondiente del Congreso que eliminar las pelotas de goma supondría "un mayor riesgo tanto para los manifestantes como para los propios agentes". ¿En qué quedamos?
Pues en que exclamar con indignación que "¡El Gobierno tiene las pelotas de goma!" no es recurrir a una malintencionada pomporruta. Mucho más elástica y visiblemente moldeable que la sustancia resinosa de la que están hechos esos proyectiles es la opinión del Gobierno en materia de seguridad ciudadana.
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Aunque todo forme parte de una misma desprotección de los agentes y por ende del Estado, más graves pueden ser las consecuencias de la eliminación de las devoluciones en caliente. Pensando sobre todo en las avalanchas en las vallas de Ceuta y Melilla.
Puede que la norma tenga lagunas jurídicas, pero hoy por hoy es el único medio legal de impedir que se queden en España quienes crucen la frontera por la fuerza. Comprometerse con Bildu a modificar de rebote la Ley de Extranjería en este punto supone, además, descartar un pacto con el PP para su necesaria reforma.
Si fuera por Bildu, Sánchez tendría Presupuestos hasta que Landrú, Jack el Destripador y el Estrangulador de Boston recibieran su 'ongi etorri'
Y entre tanto llegan a Canarias más migrantes en cayucos que antes de la gira de Sánchez por África -es obvio que se equivocó de mensaje- y los menas siguen hacinándose en condiciones cada vez más denigrantes, mientras el Gobierno se permite desdeñar la oferta de Von der Layen de distribuirlos entre los miembros de la UE.
Es inaudito que el ministro Ángel Víctor Torres diga que "no tiene sentido que quienes no quieren acoger menores en sus Comunidades les digan a Francia, Bélgica o Alemania que lo hagan". ¿Acaso no recuerda el ministro de Administración Territorial que el único logro de la presidencia española de la UE fue culminar el Pacto sobre Migración y Asilo que incluye cuotas de acogida entre sus miembros?
Cualquiera diría que el Gobierno prefiere utilizar el embalsamiento de menas en Canarias como arma arrojadiza contra la supuesta insolidaridad de las comunidades del PP, también desbordadas en sus servicios de acogida, antes que resolver el problema.
Por cierto, ¿por qué no dirige su reproche el ministro Torres en primer lugar a la Generalitat de Cataluña que se negó a acoger a uno solo del último medio millar de menas trasladados en julio a las autonomías del PP?
Es verdad que entonces gobernaba Esquerra y ahora lo hace el PSC, pero no da la impresión de que la llegada de Illa al Palau haya supuesto un cambio al respecto. Probablemente porque sobre el asunto planea el irresponsable compromiso arrancado en enero por Junts para la cesión "integral" de las competencias de inmigración a Cataluña.
¿A qué juega Sánchez entregando por lonchas a sus socios -amnistía, inmigración, financiación, seguridad ciudadana- los elementos clave que vertebran nuestro Estado constitucional?
Es imposible resumirlo mejor de lo que lo ha hecho The Economist en el titular que circuló a la velocidad de la luz el jueves por la noche en todos los estamentos: "Pedro Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia en España".
Este veredicto, que le asimila en Europa al autócrata Orbán, se traduce hoy por hoy en que está dispuesto a lo que sea con tal de sacar adelante en el primer trimestre del año próximo unos Presupuestos que le garanticen seguir dos años y medio más en la Moncloa.
Como ya tiene comprado a Bildu con los presos, al PNV con su respaldo en el País Vasco, a Sumar y Podemos con medidas sociales y a Esquerra con el pacto de financiación, sólo le falta Puigdemont.
Ese es su último escollo, tal vez insalvable, porque el día que le apruebe el Presupuesto a Sánchez, al líder de Junts, con o sin amnistía, no le quedará otro futuro que ver medrar a Illa con Esquerra como socio en la Generalitat.
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El artículo de The Economist denomina a Sánchez "tacticista sin escrúpulos" e incluye un vademécum casi completo de sus actuaciones lesivas para la democracia.
En concreto le afea la "amnistía a la que siempre se había opuesto", el concierto catalán que supondrá "menos dinero para la hucha común" e implica una "reforma constitucional por la puerta de atrás", la promoción de Begoña Gómez a "puestos universitarios para los que obviamente no está cualificada", la conversión del PSOE en un "club de fans" controlado con "puño de hierro", "la política expansiva de gasto público que no podrá durar", los "giros abruptos de 180 grados en asuntos de Estado", la "asunción de la narrativa separatista", los "nombramientos políticos para cargos supuestamente independientes" e incluso la instrucción "para que el Abogado del Estado persiga al juez que investiga a su mujer".
¿A qué juega Sánchez entregando por lonchas a sus socios los elementos clave que vertebran nuestro Estado constitucional?
Sólo se olvida de las graves amenazas al derecho a la información de los ciudadanos incluidas, como nuevo homenaje a la "neolengua", en su "Plan de Acción para la Democracia". De hecho, varias de las pretensiones esbozadas en ese texto merecerían, caso de consumarse, la denominación de Ley Mordaza con mucho más motivo que la aun vigente Ley de Seguridad Ciudadana.
En contra de lo que ya es una especie de leyenda urbana esta norma no incluye ninguna restricción a la libertad de expresión en lo que se refiere a las injurias a la Corona, la Religión, el Gobierno o las demás instituciones. A los únicos a los que, por así decirlo, "amordaza", bajo peligro de multa, es a quienes pretendan escupir o insultar a las fuerzas de seguridad a veinte centímetros de su cara.
Es verdad que impide también -y en eso estoy en completo desacuerdo- difundir imágenes de policías en acto de servicio. Pero esta merma a la libertad de prensa es infinitamente menor que las que intenta incorporar el Gobierno, reformando al menos cinco leyes, en su cruzada contra los "pseudomedios", los "tabloides digitales" y los "falsos periodistas".
Dentro de lo que cabe me preocupa menos la ansiedad del Gobierno por endurecer la protección del honor de los políticos o ampliar los tipos represivos en la legislación penal, que esa "política mediática", anunciada por Urtasun, e inmediatamente puesta en marcha desde la Moncloa, de acuerdo con los cánones de la "lista de enemigos" de la Casa Blanca de Richard Nixon.
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Me explico. Aunque Felix Bolaños haya dado muestras de estar abducido por las fantasías maniqueas de su jefe sobre la maldad intrínseca de quienes publican cosas que le incomodan, no deja de ser un jurista de nivel al frente de un ministerio con una cultura secular que incluye la creación de comisiones asesoras, el cotejo con la jurisprudencia y los trámites preceptivos. Estoy convencido de que las ínfulas censoras -esto es intolerable, esto otro no se puede consentir, lo de más allá es inadmisible- irán diluyéndose en la doctrina consolidada por el Supremo, el TC y el TJUE sobre la preeminencia del más sintomático de nuestros derechos fundamentales.
'The Economist' denomina a Sánchez "tacticista sin escrúpulos" e incluye un vademécum completo de sus actuaciones lesivas para la democracia
Mucho más alarmante es lo que está ocurriendo ya en la Moncloa y su sucursal del Ministerio de Transición Digital. Muchos se habrán preguntado por qué la renovación y modernización del gabinete del Presidente no ha afectado a la Secretaría de Estado de Comunicación. La respuesta es bien sencilla: su titular es el instrumento elegido por Sánchez para beneficiar sin escrúpulo alguno a los medios adictos y perjudicar implacablemente a los desafectos -es decir, a todos los demás- tanto en el frente informativo como en el de la publicidad institucional.
La obsesión de Sánchez de acabar la legislatura va pareja a la de cambiar el mapa mediático, de forma que los ciudadanos no lean, escuchen o vean los periódicos, emisoras y cadenas que prefieren ahora -inducidos por las oscuras fuerzas del capitalismo- sino los que mejor reflejen la ideología e intereses de su "mayoría progresista".
Junto a la "mutación constitucional" debe llegar la "mutación del mapa informativo". Serán los dos rieles por los que circulará el tren-cohete del "club de fans", camino no del 27 sino del 31, para emular los 13 años de Felipe en el poder.
A diferencia de la tentación autoritaria que el Ministerio de Justicia deberá filtrar a través de un proceso necesariamente prolijo, este proyecto dictatorial está ya en marcha. Porque ha sido al dictado como se ha modificado el espectro radioléctrico para otorgar el nuevo canal de televisión que reclama la persona de confianza del Gobierno en el grupo Prisa; será al dictado como se repartan los cien millones para la digitalización de los medios; y está a punto de ser al dictado como se manipule ya la programación de las campañas de publicidad institucional.
Estamos de hecho a diez minutos de un escándalo monumental. Resulta que después de meses de darle vueltas a lo inconcebible, los"cráneos privilegiados" de esa Secretaría de Estado de Comunicación creen haber dado con su algoritmo a lo zapatófono de Pepe Gotera y Otilio para sustituir el ranking de audiencia de los medios por otro parámetro carente de relevancia técnica alguna. Como mínimo harían el ridículo, pero obrarían el milagro de excluir de las campañas a todos los nativos digitales con la excepción del de ese hijo bien amado en el que la izquierda radical tiene puestas todas sus complacencias.
¿Se imaginan lo que se diría en todos los foros españoles y europeos si por ejemplo en una campaña de interés general y servicio público destinada a divulgar, pongamos por poner, las obligaciones tributarias de todos los españoles, se excluyera a un medio con 19 millones de lectores y se incluyera a otro con más o menos la mitad que ni siquiera saliera en el Top Ten del medidor oficial?
Es probable que estemos ante un test para medir las tragaderas del sector y de la sociedad en general de cara a intentar incorporar esa zafia manipulación en la Ley de Publicidad Institucional.
Pues bien, para eso que se la encarguen igualmente a Bildu. Porque los "cráneos privilegiados" habrán logrado acabar con los últimos vestigios de un sanchismo con rostro humano y convertir la resistencia a la opresión en una cuestión de supervivencia hasta para los más templados.