¿Desahuciará a Sánchez la vivienda?

Pero tampoco es casualidad que las pulsiones intervencionistas se estén acelerando precisamente con respecto a la vivienda. Se trata de la correlativa huida hacia adelante por parte de quien ha creado un problema grave con una política nociva y como no quiere, no sabe o no puede dar marcha atrás, se autoengaña creyendo que se ha quedado corto con la dosis.

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Lo que ha ocurrido desde que llegó Sánchez al poder con la vivienda es un genuino ejemplo de cómo las restricciones al funcionamiento del mercado generan una contracción de la oferta que desemboca en la escasez.

El antecedente clásico es el de la Revolución Francesa cuando los Jacobinos, inducidos por los grupos más radicales que les apoyaban, impusieron precios máximos a los alimentos y tasas abusivas a su entrada en las ciudades. Pronto las estanterías de las panaderías y tiendas de combustibles se quedaron vacías.

No porque no hubiera grano, sino porque los agricultores se lo guardaban en sus graneros a la espera de que cambiara la legislación o lo vendían en el mercado negro. A corto plazo se abordó el problema guillotinando a los "acaparadores", pero aquello duró el tiempo que Napoleón tardó en desenvainar su espada.

La pandemia, la guerra de Ucrania, la inflación... Todas ellas han servido de excusa a las pulsiones intervencionistas del Gobierno con respecto a la vivienda

Lo primero que hizo Sánchez nada más llegar a la Moncloa, mediante la moción de censura contra la corrupción -ejem- de la era Rajoy, fue modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para extender la vigencia de los alquileres de tres a cinco años. Los propietarios que guardaban el piso para cuando creciera algún hijo y los arrendaban entre tanto, empezaron a echarse atrás.

La excepcionalidad de la pandemia justificó luego la extensión obligatoria de los contratos caducados otros seis meses y la prohibición de los desahucios. Pero como ocurrió con los impuestos extraordinarios, esas medidas fueron renovándose a lo largo de dos años, acentuando la inseguridad jurídica de los propietarios.

Con la guerra de Ucrania llegó la inflación y para combatirla se impusieron por decreto los topes del 2% a la subida de los alquileres. Hubo meses que el coste de la vida se disparaba hasta el 10% sin que los propietarios pudieran resarcirse. Muchos pensaron que en cuanto hubiera ocasión venderían el inmueble e invertirían en letras del Tesoro.

Sólo faltaba la Ley de Vivienda exigida por Podemos que Ábalos -que también hizo cosas buenas- había logrado frenar durante su mandato. Al final fue Sumar quien impuso su aprobación justo antes de las elecciones del 23.

A través de esa norma se daban varias vueltas de tuerca más al control de alquileres, con un nuevo índice de precios, la declaración de zonas tensionadas y medidas fiscales coactivas. Eran las comunidades autónomas las que a la postre tenían que implementarla y las del PP no lo han hecho. ¿Pero qué ocurrirá si un día la izquierda gobierna donde hoy lo hace la derecha? A ningún propietario le gusta estar al albur de las próximas elecciones.

Entre un 10 y un 15% de los alquileres ha pasado del mercado libre al mucho menos constreñido uso turístico en apenas un bienio

Solo faltaba la desprotección frente a la 'okupación' para que el mercado del alquiler se desmoronara. Los medios gubernamentales se desgañitan en subrayar el carácter minoritario de ese fenómeno -otrora alentado por sus paladines más radicales-, pero también son minoritarios los accidentes de tráfico, por no hablar de la violencia de género, y se lucha incansablemente contra esa tara.

La apatía gubernamental, negándose a respaldar medidas fulminantes como las que propone el PP, ha dejado a los propietarios que un día se encuentran con que alguien se ha apoderado por la fuerza de su inmueble sin más alternativa que entablar un largo proceso de denuncia y judicialización o contratar al Desokupa de turno para que 'persuada' a los delincuentes a que abandonen el piso con una módica propina.

Basta que un solo caso trascienda en su entorno para que el propietario -siempre bajo sospecha, tildado enseguida de "gran tenedor", asimilado a los "fondos buitres"- opte por tirar por la calle de en medio y venda el inmueble a quien pueda comprarlo o lo derive hacia el alquiler turístico hasta que las nuevas restricciones anunciadas por el Gobierno entren en vigor. Entre un 10 y un 15% de los alquileres ha pasado del mercado libre al mucho menos constreñido uso turístico en apenas un bienio.

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El resultado de todo esto es el hundimiento del mercado de alquiler hasta niveles desconocidos. En Madrid y Barcelona la caída de la oferta -calibrada en función de los anuncios de Idealista y otras plataformas- se acerca en el último lustro al 50%. Ya ni siquiera es cuestión de que los precios de salida sean cada vez más altos. Basta que un piso entre en el mercado para que en cuestión de pocos minutos comience una puja de hasta 50 ofertas de promedio en las grandes capitales.

Esa subasta no sólo produce un encarecimiento adicional, sino que excluye a quienes ofrecen menos garantías de pago en función de su renta, arraigo o tipología familiar. Como tan a menudo sucede con el socialismo, he aquí como una política implementada para proteger a los más vulnerables ha terminado volviéndose contra ellos.

Como alega el portavoz de Idealista Francisco Iñarreta, "el agua sigue subiendo y actualmente los perfiles elegidos como inquilinos son cada vez más elitistas… lo que excluye a un gran porcentaje de familias que necesitan una vivienda en alquiler".

Como tan a menudo sucede con el socialismo, he aquí como una política implementada para proteger a los más vulnerables ha terminado volviéndose contra ellos

La situación es tan crítica que cada vez proliferan más no ya los anuncios de alquiler de habitaciones sino de "habitaciones compartidas" por distintas familias. Hasta el punto de que la potencia eléctrica contratada no es suficiente y hay que bajar a cargar el móvil al bar de la esquina.

De continuar así las cosas, el chabolismo volverá a proliferar en los extrarradios de las grandes ciudades y quien sabe si un día algún periódico publicará un reportaje de vecinos construyéndose precarias viviendas como las de Torre Baró de la película 'El 47' en la Barcelona de los sesenta.

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Obviamente hay dos maneras de actuar sobre la oferta. En el 'largo me lo fiais' es imprescindible una nueva Ley del Suelo que impulse la construcción de viviendas asequibles. Pero ni el Gobierno es capaz de ponerse de acuerdo con sus socios, ni el PP puede llegar más allá de una proposición testimonial en el Senado. ¿Y un pacto de Estado? Mientras mande Sánchez, imperará su "no es no".

Siendo tan inmensa su máquina de propaganda, tantos los mítines que llenar y tan creciente la indignación popular, el presidente lleva ya prometidas 184.000 viviendas, pero poco más de 10.000 han sido entregadas. Ese compromiso lleva camino de hermanarse con el de los 800.000 puestos de trabajo que prometió Felipe González en el 82.

Un cuarto de siglo después, el expresidente dejó una reflexión que sería útil a alguien menos arrogante que Sánchez: "Prometí 800.000 empleos y destruimos 800.000 empleos y ya me callé para siempre porque los empleos los dan los empleadores, no el Estado".

Pero existe la alternativa de actuar en el corto plazo. Y aquí tenemos dos propuestas antagónicas. Por un lado, la del cráneo privilegiado que, vestido de explorador, se postuló en el último congreso del PSOE para adentrarse en la jungla y disparar a discreción hasta abatir a Ayuso. Se llama Óscar López y sostiene que si en la Comunidad de Madrid se impusieran los topes a los alquileres de las zonas tensionadas 500.000 madrileños "pagarían menos".

Enfrente estamos los que pensamos que eso ocurriría si se anularan todas las disposiciones adoptadas para desalentar a los propietarios desde que su jefe llegó a la Moncloa. Pero no será Sánchez quien lo haga. Necesitamos un nuevo Miguel Boyer que acabe con la antigualla de la renta antigua, heredada del franquismo, y devuelva al mercado todos los inmuebles ya construidos.

A los jóvenes les suben el Salario Mínimo para que Hacienda recaude 2.000 millones más, pero no tienen donde vivir. Un "sueldo digno" para una vida indigna.

Estamos ante una situación límite. España ha llegado a los 49 millones de habitantes y dentro de año y medio tendrá 50. Fomentamos la inmigración e incluso hablamos de acoger a los trescientos y pico mil venezolanos que pretende expulsar Trump. Yo lo aplaudiría, si tuviéramos donde alojarlos, porque tampoco ellos querrían irse a vivir a la España vaciada.

La política de vivienda va a ser el gran semáforo que indique el sentido de la circulación del futuro de España. El hartazgo de los jóvenes lleva camino de desbordarse. Les suben el Salario Mínimo para que Hacienda recaude dos mil millones más, pero no tienen donde vivir. Tendrán un "sueldo digno" para una vida indigna.

Es muy posible que el empecinamiento intervencionista de Sánchez concluya con su desahucio de la Moncloa en las próximas elecciones. Pero si eso no sucede, será el conjunto de la sociedad la amenazada por una deriva colectivista bajo un infierno fiscal.

¿O acaso no es imaginable que los mismos que preguntan hoy por el número de pisos que debe permitirse poseer a un propietario, planteen con el mismo deleite el número de metros cuadrados máximos que puede ocupar una familia, de forma que cuando el doctor Zhivago vuelva al caserón de sus ancestros se encuentre a su padre compartiéndolo con quienes haya decidido el Comisario Político del barrio? No en vano la película se rodó en Canillas.

Vivimos tiempos tan líquidos que, aunque Trump y Vance sean los últimos que nos han arrojado el whisky a la cara, la extrema derecha no es el único licor tóxico que alguien más cercano puede derramarnos.