Probablemente hay pocas cosas en que los españoles estén más de acuerdo que en evitar unas terceras elecciones. Sin embargo parece que el bloqueo tiende a reproducirse: cuando las pegas se difuminan de un lado, entonces aparecen del otro. Cuando el PSOE se está planteando cambiar de postura abandonando el "no es no" -uno de los grandes hallazgos de la política más útil y sofisticada-, aparece Rafael Hernando señalando que el PSOE, como mínimo, debe apoyar los Presupuestos.

En lo que de momento es una ceremonia de la confusión, aparece después Mariano Rajoy para señalar que no exigiría ninguna condición para ir a la investidura con la abstención del PSOE. Para completar el cuadro, el máximo representante del PSOE en estos momentos, el líder de la gestora, Javier Fernández, señalaba que la estabilidad se la debía ganar el PP día a día, y que el PSOE no se la iba a proporcionar.

Si hay nuevas elecciones no habrá techo de gasto ni Presupuestos, y nos impondrán una multa de 6.000 millones

Todo esto, salvando la afirmación de Rajoy de que no va a exigir condiciones para que le hagan presidente, es bastante criticable, y sobre todo tiene algunos matices. En primer lugar, después de diez meses de gobierno en funciones, los ciudadanos quieren estabilidad. Sin embargo, unas terceras elecciones son un fracaso y un disparate que no darán estabilidad. Por una parte, implicarán que no haya techo de gasto ni Presupuestos hasta bien entrado el año 2017.

Esto tiene dos implicaciones directas. La primera es una multa de 6.000 millones de euros de la Comisión Europea por incumplimientos presupuestarios. La anterior multa se evitó en el último minuto, pero esta vez no nos libraríamos. Por una parte, cuando el procedimiento ya se ha incumplido -como ahora le ocurre a España- es prácticamente automático. Por otra, una de las razones que más pesó es que España tenía un gobierno en funciones. Ahora, si el Gobierno del PP no cumpliese, no se podría escudar en que está en funciones, especialmente si Rajoy decidiese no ir a la investidura teniéndola asegurada.

El déficit sigue creciendo, y si los ajustes tienen que adoptarse a mitad del próximo año serán mucho más duros

La segunda implicación es que los inevitables ajustes serían más duros. En 2016, pese a que la economía española está creciendo por encima del 3%, el déficit se está incrementando. Finalmente, parece que se reducirá unas décimas, hasta alcanzar el 4,6% del PIB, debido a una medida extraordinaria: el adelanto de más de 8.000 millones de las empresas en los pagos fraccionados de octubre y diciembre. Este efecto no se repetirá.

Si no se toman medidas adicionales, nuestro déficit en 2017 no se irá sólo al 3,1% ni a nada que remotamente se le parezca. Si los ajustes se tienen que tomar a mitad de año serán mucho más duros. Si no se adopta ninguna medida -una tentación populista- simplemente nos quedaremos sin financiación. Nadie presta, ni tampoco el Banco Central Europeo, si cree que no le van a devolver el dinero. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando el déficit no hace más que aumentar aunque la economía crezca.

En unos meses, la caída del crédito se convertirá en caída de inversiones y destrucción de empleo

Además, la incertidumbre nos habrá empezado a pasar una factura importantísima. Hace poco me comentaba el director general de una entidad financiera que la demanda de préstamos de más de un millón de euros se les había caído un 70%. Los clientes le dicen que paralizan las operaciones a la espera de que haya algo de estabilidad política, es decir, esperan a saber a qué atenerse.

En unos meses, la caída del crédito se convertirá en caída de inversiones y destrucción de empleo. Esto ya ha ocurrido en España: la caída del crédito de 2008 se convirtió en recesión en 2009. Ahora podría volver a pasar, aunque el detonante directo no sería la banca, sino la inestabilidad política. Es más, es algo que hay que asumir que sucederá si algunos se empeñan en ir a nuevas elecciones.

Las Administraciones necesitan poder elaborar sus presupuestos. Para eso hace falta acordar el techo de gasto

En cualquier caso, lo peor de ir a terceras elecciones no es la economía, con ser un desastre que muy probablemente nos llevaría a la recesión, sino la sociedad y la política. Por una lado, tendríamos más abstención y más radicalización en el Parlamento resultante. Por otro, y es lo peor de todo, habríamos deslegitimado el sistema democrático de representación: ése es el punto al que conduce decirle a los ciudadanos que su voto no vale hasta que el resultado le parezca adecuado a una parte de los representantes elegidos.

Ante todo esto, los riesgos de inestabilidad tras una investidura son menores. A diferencia de los que creen que "la estabilidad se gana día a día", creo en buena medida que la estabilidad depende de unas cuantas grandes decisiones. Todas las Administraciones necesitan poder elaborar sus presupuestos. Para eso hace falta un acuerdo de techo de gasto. De ese acuerdo del Consejo de Ministros se ha hablado poco, pero tiene muchísima importancia. Por una parte limita el gasto presupuestario del Estado, pero por otra también distribuye el objetivo de déficit.

Mientras las cuentas públicas no salen, las empresas pagan menos que nunca pese a obtener grandes beneficios

Esta distribución podrá hacerla un gobierno en funciones si sale adelante la propuesta de Ley Orgánica que ha presentado el PP. Esta distribución es muy importante porque, de facto, permitirá ampliar el gasto de las Comunidades Autónomas. Y lo más importante de todo, el Fondo de Liquidez Autonómica lo podrá financiar. Si eso no se aprobase, casi todas las comunidades se enfrentarían a importantes recortes. Ahora bien, si el gobierno no está en funciones, el acuerdo del techo de gasto será único, y así se votará en el Congreso. Con la senda negociada con Bruselas, ese techo estará, en cualquier caso, muy condicionado.

Otra decisión relevante es la reforma del Impuesto de sociedades. En la medida en que con los mayores beneficios de la historia, las empresas están pagando menos que nunca, las cuentas públicas simplemente no salen. Ya comenté en mi último artículo en EL ESPAÑOL que las empresas españolas tuvieron en el primer trimestre de 2016 los resultados contables positivos más elevados de la historia: 74.620 millones de euros, y que pagaron una tasa efectiva del 4,7% en el primer pago fraccionado, la más reducida de la historia. Hace poco, el Banco de España señalaba en su boletín que, de acuerdo con los datos de la Central de Balances Trimestral, los beneficios se habían incrementado un 14,3% en el trimestre con respecto al mismo periodo de 2015.

En España tenemos un Impuesto de sociedades que recauda menos que nunca, y menos que la media de la OCDE

De momento, el Real Decreto Ley 2/2016 ha aumentado los pagos fraccionados, exigiendo 8.200 millones que habrá que devolver en 2017. Ese año se volverán a exigir estos importes, pero habrá que devolver los de 2016. Esto quiere decir que igual que este año recaudaremos 8.200 millones de más, en el que viene el efecto será cero. Y con ese cero, volveremos a la situación de partida: a un Impuesto de sociedades que recauda menos que nunca, y menos que la media de la OCDE.

Esto se puede arreglar, y se debe arreglar, pero necesita un acuerdo político. No debería de ser tan difícil: la última ley que aprobó el PSOE de Felipe González fue la Ley 43/1995 del Impuesto de Sociedades, con el apoyo del PP y con las elecciones de marzo de 1996 a la vuelta de la esquina que dieron el poder a Aznar.

No se deben de bloquear los Presupuestos, una norma que siempre se puede enmendar en su tramitación 

El primer anticipo será sin duda la convalidación del Real Decreto Ley 2/2016. Si esta norma no se convalidase, España se enfrentaría a una multa de más de 6.000 millones de euros de la Comisión Europea. Ante esa tesitura, tanto Ciudadanos como el PSOE han manifestado que, pese a que se haya dejado todo para el último día y que se manifieste un fracaso del Gobierno del PP, ambos apoyarán la medida: no hay otra opción si se quiere ser mínimamente responsable.

Queda la guinda del pastel: los Presupuestos. Los Presupuestos de 2017 serán complicados, pero todos deberíamos de afrontarlos -como el citado Real Decreto de los anticipos del Impuesto de Sociedades- con realismo. A ninguno nos parecerán las cuentas perfectas, ni las que nos gustarían. Sin embargo, la alternativa no puede ser el caos, es decir el fracaso de la política. Y como en la investidura, una cuestión es abstenerse, o incluso condicionar, y otra bloquear. No se pueden exigir adhesiones incondicionales, pero sí que no se bloqueen las tramitaciones. Especialmente, porque los Presupuestos son una norma que se puede y se enmienda, de hecho, en la tramitación parlamentaria.

En fin, en esta encrucijada los dos partidos mayoritarios tienen que elegir un mínimo de cooperación o el caos. Y el mínimo, no está en las grandes reformas que necesita España, sino simplemente en poner el país en marcha. Efectivamente, es una encrucijada, pero creo que la inmensa mayoría de los españoles tienen muy claro cuál sería el camino que tomarían, y ése no es el del fracaso.

*** Francisco de la Torre Díaz es diputado de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. Inspector de Hacienda.