El juez Arturo Zamarriego se está cubriendo de gloria en su empeño por intentar impedir que el caso Football Leaks salga a la luz. Primero advirtió al director de El Mundo, Pedro Cuartango, de que se arriesgaba a ir a la cárcel si el rotativo publicaba algo sobre la presunta trama de evasión fiscal de la que se habrían beneficiado figuras del deporte como Cristiano Ronaldo. Y este lunes ha querido hacer extensiva la prohibición de seguir publicando informaciones sobre este escándalo al conjunto del consorcio de medios europeos responsables de la investigación.
El juez basa su decisión en que los abogados de los presuntos evasores han alegado que los datos privados de sus clientes fueron hackeados, pero lo cierto es que no hay ninguna prueba fehaciente de que la información que sustenta las investigaciones publicadas fuera obtenida de forma ilícita, por lo que debe prevalecer el derecho de información.
Por delante de una supuesta vulneración de la privacidad imperan el derecho a la información -que ejerce el medio- y el interés general de los ciudadanos, como han señalado en reiteradas ocasiones la jurisprudencia española y europea. Más aún en un caso en el que los implicados son personajes públicos que supuestamente han intentado no pagar sus impuestos.
El juez Zamarriego no sólo se comporta de un modo atrabiliario, sino que demuestra una muy limitada sensibilidad con los medios de comunicación a quienes trata de imponer su estrecho sentido de la libertad de prensa. Su talante autoritario le ha llevado a intentar exportar fuera de España la censura, tratando de imponer a periódicos como Der Spiegel, L'Espresso o The Sunday Times qué pueden y no pueden publicar. Un auténtico disparate.
