La conclusión es obvia. El Gobierno jamás debería haber permitido que el enjuiciamiento de Carles Puigdemont quedara al capricho de un juez regional alemán y ese demoledor, inescapable, fracaso político de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, que conllevará el derrumbe, ahora sí, de la credibilidad y la confianza en el Estado de derecho español en Europa y también en España, debería empezar a corregirse hoy con la convocatoria de elecciones generales y la posterior dimisión de ambos. 

Dejemos para otro día la sospecha de que el Gobierno español y el Gobierno alemán hayan podido pactar esta resolución. Confiemos, en fin, en la separación de poderes en Alemania y olvidemos que son docenas las voces que, en privado y en público, han señalado que destacados miembros del Gobierno han presionado de forma insistente y pertinaz, personalmente y por persona interpuesta, desde el primer día de este proceso, para que el golpe de Estado catalanista se solventara sin prisiones provisionales o imputaciones por rebelión y sedición. Que esas presiones hayan llegado hasta Alemania es una hipótesis. Que las ha habido en España parece gozar de un amplio consenso. 

Sin paños calientes. El proceso penal contra el resto de imputados está tocado de muerte. Obviamente, la decisión del juez alemán no tiene ninguna repercusión en el procesamiento del resto de imputados actualmente en prisión provisional, que sí podrán ser juzgados por rebelión o sedición en el Tribunal Supremo. Pero la potencia simbólica que acarrea el hecho de que la Justicia alemana haya descartado —con un argumento insólito: que esa fuerza no era suficiente para doblegar la voluntad del Gobierno español, lo que impide que sean considerados como golpes de Estado, y por lo tanto penados como tales, los golpes de Estado fracasados— coloca en la cuerda floja al juez Llarena y su calificación de los hechos.

Puigdemont, en definitiva, ni siquiera podrá ser juzgado por sedición. En cuanto a la malversación, las cantidades que se barajan, es decir, las que parecen probadas a día de hoy, son muy inferiores a las de cualquiera de los grandes casos de corrupción españoles. ¿Cómo justificar condenas de varias décadas de prisión por rebelión para consejeros y segundos niveles del golpe cuando el líder visible del mismo es condenado, y hasta eso está por ver, a penas por malversación comparativamente ridículas?

La decisión del juez alemán tiene más consecuencias. La de que cualquier condena futura, incluida una hipotética condena por malversación, quedará manchada con el sello de la ilegitimidad y será interpretada en Cataluña como el cuchillazo final por la espalda del derrotado. La de que los futuros indultos están cantados, ya sea a manos del PP o del PSOE. Y la de que los líderes del proceso en Cataluña, sabiéndose impunes, no tardarán en poner en marcha de nuevo el procés tras llegar a la conclusión, atinada por otro lado, de que la secesión de una región europea por la vía de los hechos consumados ha sido admitida por el país líder de la Unión Europea siempre y cuando a) triunfe, b) se haga con toda la violencia necesaria pero sin ejércitos de por medio y c) se financie en negro y de forma discreta.

La noticia habrá sido recibida con entusiasmo en Escocia, el Ulster, Córcega, la Padania, Tirol del Sur, Cerdeña, Córcega, Flandes y Baviera. La implementación de una Europa de los Estados-nación era compleja y llena de dificultades, como demuestra el caso del brexit. Una Europa de las regiones-nación es, lisa y llanamente, absurda. 

Y de ahí la sospecha de que a Europa, a la idea de Europa, quepa aplicarle ya la definición del comunismo del biólogo Edward O. Wilson: una idea interesante aplicada a la especie equivocada. Cabe también la sospecha, en fin, de que algo falla en la UE cuando un juez extranjero puede permitirse el lujo de determinar, tras un somero repaso de unos hechos investigados durante meses por jueces, fiscales y cuerpos de seguridad de otra nación europea, que lo que esos jueces, fiscales y cuerpos de seguridad han considerado como un golpe de Estado no es en realidad un golpe de Estado, sino, quizá, una mera malversación de fondos. Y a lo mejor ni siquiera eso. 

Nada impide, por lo demás, que Puigdemont sea investido presidente en breve.

La derrota del Estado de derecho español ha sido humillante. La de Mariano Rajoy y su segunda de a bordo, definitiva. La de la idea de Europa en España, inevitable.