Ahora que el ministro Marlaska anuncia la convocatoria de una próxima Junta de Seguridad de Cataluña para estudiar la posibilidad de que, en la medida de lo posible, los Mossos no traten a los constitucionalistas como a los yihadistas, Sánchez tiene la ocasión pintiparada de estrechar lazos con Torra e involucrar a la Generalitat en la solución de los graves problemas de España.

El mayor de los retos, como todo el mundo sabe, es la urgente retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos, que ha motivado un real decreto ley, en pleno agosto, cuarenta y tres años después de la muerte del dictador.

Dado que el Generalísimo se encuentra entre los grandes benefactores de Cataluña -allí levantó la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, más conocida por el acrónimo Seat; allí constituyó Entasa, la Empresa Nacional de Petróleo de Tarragona; allí invirtió para tejer la mayor red de carreteras y ferrocarril del país; y a ella, más que a ninguna otra, beneficiaron las leyes proteccionistas hasta convertirla en la fábrica de España- cabría la posibilidad de que la Generalitat se hiciera cargo de su custodia.

Así se haría honor a la memoria histórica, porque, como fue testigo y recordó en su día el insigne catedrático Manuel Jiménez de Parga, en pocos lugares de España se recibía a Franco con mayor “entusiasmo” que en Cataluña.

Se da la circunstancia, además, de que benedictinos son los monjes de Cuelgamuros y benedictinos los de Montserrat, que podrían ejercer una labor mediadora gratis et amore.

Pero ya de paso, vista la efectividad con la que se desenvuelven los Mossos, cabría la posibilidad de enviar un par de patrullas a la valla de Ceuta. Aunque es verdad que los discípulos de Trapero no han podido identificar aún el origen de los excrementos con los que, un día sí y otro también, amanecen regadas las sedes de Ciudadanos y del PP en su feudo, su pericia contrastada en el empleo de armas podría resultar disuasoria en un lugar tan sensible como la frontera.

Ni inhumanas concertinas ni toscos guardias civiles. Sánchez y Marlaska tienen al alcance a un cuerpo experto en trazar la raya sin levantar sospechas de fascismo. Un trabajo limpio, democrático y, sobre todo, sin testigos.