Es notable la naturalidad con la que hemos asumido la tesis de que la tesis del doctor Pedro Sánchez sólo debe provocar su dimisión si se demuestra el plagio. Da igual que la tesis del presidente del Gobierno sea un bodrio, que haya sido escrita por un turiferario a sueldo, que sea un refrito de textos administrativos engarzados de mala manera o que presuma de cum laude por la decisión de un tribunal al que el calificativo 'endogámico' se le queda corto.

Como en el viejo chiste judío de las dos ancianas que, tras citarse en un restaurante, se quejan de que la comida sabe a mierda y de que las raciones son demasiado pequeñas, tenemos un presidente que confunde el imperativo con el infinitivo pero lo que nos preocupa en realidad es que las faltas de ortografía se las haya copiado a otro analfabeto. "Sí, puede que sea un ignorante, pero es el propietario del copyright de todas las tonterías que salen de su boca".

Asumimos, en fin, con tanta naturalidad la posibilidad de que el presidente del Gobierno no tenga mayores talentos en su hipotética área de especialización como la de que el presidente que llegó a la Moncloa, por primera vez en democracia, sin pasar por las urnas y haciendo bandera de la honradez solventara el trámite de su tesis doctoral por la puerta trasera de la chapuza. 

Que el adalid de la transparencia no haya permitido el acceso libre a su tesis hasta que su posición se ha vuelto insostenible tampoco parece haber molestado lo suficiente como para ir un paso más allá del nivel mínimo de la indignación. Es decir, un tuit. 

Llámenme raro, pero me preocupa más que el presidente escape impune del delito político de estafa intelectual que el hecho de que sea culpable de un delito contra la propiedad intelectual. Contra lo segundo está el Código Penal y ese se cuida solo. Contra lo primero, apenas la presión de la prensa y la de los partidos de la oposición, siempre tan volubles y dependientes de sus intereses coyunturales. 

Que a estas alturas de la democracia aún andemos condonando delitos políticos por no ser constitutivos de delito penal no deja de ser pintoresco. Buena parte del debate sobre la correcta calificación jurídica del golpe de Estado ejecutado por las autoridades catalanas en septiembre y octubre del año pasado surge de esa confusión entre el delito penal y el político y los distintos requisitos para unos y otros. 

Ojalá contáramos con un Código Penal exclusivo para delitos políticos. La escabechina iba a ser de órdago.