Dos de julio del año pasado. A mi vuelta de París recibo un mensaje de un miembro de la resistencia iraní: “¿Habría alguna manera de que rectificasen esta información? No es cierto que seamos musulmanes de ideología comunista, ni terroristas”.    

Adjunto al mensaje, el enlace a una noticia redactada por una de las dos agencias de prensa  más importantes de España y que luego sería recogida en los mismos términos en distintos medios nacionales. En ella se daba cuenta de un atentado frustrado en el cual estaban implicados agentes del régimen iraní (un diplomático destinado en Viena, entre ellos), que debía realizarse en el transcurso de un acto que se celebra anualmente en Villepinte (Francia) y donde se reúne gran parte de la diáspora iraní. Yo vengo asistiendo a ese encuentro desde el 2013. 

La situación de continuas protestas internas que se había iniciado en enero de ese mismo año y que las redes sociales habían hecho virales por primera vez, junto con la ruptura por parte de EEUU del acuerdo firmado por Obama y otras potencias occidentales con el gobierno del presuntamente moderado Rohany, amenazaba con debilitar –esta vez sí– al régimen de los mullahs. La presencia de la líder del movimiento opositor junto con numerosos mandatarios o exmandatarios internacionales, parlamentarios, activistas de los Derechos Humanos, la de Rudolph Giuliani –además del alcalde de Nueva York del 11-M, amigo personal y abogado de Donald Trump– y, por supuesto, de la enorme cantidad de gente congregada allí, hubiesen convertido ese atentado –que no era el primero al que se enfrentaba la oposición– en una advertencia muy clara de hasta dónde estaba dispuesto a llegar el régimen para acabar con la contestación interna y de fuera del país. 

Pero al margen del atentado frustrado, el hecho de que al principal movimiento opositor iraní se le hubiese definido en los términos de “grupo musulmán comunista” –una contradicción, en cualquier caso– no era casual. Como tampoco que se les hubiese tildado de terroristas, o que se minimizase lo que, de haberse producido, hubiese sido –les aseguro– una verdadera carnicería. 

La cuestión es que el régimen iraní no tiene la razón pero sí los medios para silenciar la voz de la oposición allí donde se encuentre. Y eso es lo que lleva haciendo desde hace décadas con buenísimos resultados ayudado por algunos periodistas o incluso algunos medios que por convicción ideológica, por desconocimiento, por buena voluntad o por los beneficios que  les reporta, se han prestado a ello.  

Por eso tampoco ha sido casual que este grupo opositor haya saltado a la arena informativa a cuenta de la supuesta financiación de Vox en las elecciones europeas de 2014, tratándose de equiparar la financiación de un partido político –Podemos– por parte de un régimen asesino y liberticida, con el apoyo económico de algunas de las víctimas de ese régimen, a la candidatura de Vidal Quadras, al margen –en cualquier caso– del partido con el que se hubiese presentado. 

Quizás les sorprenda esa generosidad, pero tiene su explicación: en los quince años en los que Vidal Quadras fue vicepresidente del Parlamento Europeo, además de implicarse en otras causas relacionadas con los Derechos Humanos, se comprometió de manera decidida con la vuelta de la democracia a Irán y con el apoyo a quienes la defendían desde el exilio, en Occidente, pero sobre todo en los campos de refugiados radicados en Irak, los cuales, desde la llegada del proiraní Al Maliki al poder, habían sido objeto de constantes y repetidos ataques terroristas. 

Por convicción personal y política –y no por otro motivo–, Vidal Quadras había sido su valedor desde las más altas instancias europeas. La cuestión es que todo indicaba que  no iba a repetir en la lista del PP al Parlamento Europeo. Resulta lógico pues que algunos de aquellos a quienes había defendido y ayudado a proteger, de manera particular, apoyasen –siempre desde la legalidad– su campaña para que siguiese en Bruselas. 

Cosa muy distinta, no sólo desde el punto de vista moral sino también legal, es la relación entre Podemos y el régimen de los ayatollahs. Sólo a título orientativo, los más de 5 millones de euros recibidos a través de Hispan TV, canal de televisión operado por el hombre de negocios iraní Mahmoud Alizadeh Azimi y financiado por el gobierno iraní. Y digo a título orientativo porque, oyendo a Monedero una piensa que, o bien es un hombre enormemente agradecido o sigue teniendo motivos para estarlo.

En cualquier caso, en términos de derechos humanos, podríamos decir que pretender equiparar ambas situaciones es  como comparar, por ejemplo, el apoyo personal de disidentes norcoreanos con el del gobierno de Ban Ki Moon. 

Pero es que, además, en España no está permitido que los partidos políticos reciban dinero de gobiernos extranjeros y el iraní, como el de Maduro, lo son.  

La cuestión es que el régimen iraní es notoriamente conocido por sus interferencias en países terceros, bien sea a través del terrorismo o la financiación de partidos o grupos de presión afines. Unos y otros hacen su trabajo de manera satisfactoria para quien les paga: unos matando y otros intoxicando a la opinión pública para que ignore sus excesos o para que, de manera absolutamente irracional, los justifiquen. En este caso se ha tratado de embarrar el campo. Me complace decirles que esta vez no lo han conseguido.