“I've roomed with fear I've dealt with despair and I've wrestled with tears”. Elvis Costello.

Deberíamos estar muy preocupados ante la recesión manufacturera que se percibe en muchos países, economías mucho más fuertes, abiertas, con menos paro y más preparadas que la nuestra ante un cambio de ciclo. Sin embargo, seguimos ignorando las señales externas e internas y fiándolo todo a una política monetaria que no soluciona problemas estructurales, como explicábamos en esta columna.

Los datos del paro de julio son claramente preocupantes y reflejan la desaceleración que llevamos meses monitorizando. El paro baja en julio de 2019 en 4.253 personas, y el consenso de economistas -revisado a la baja dos veces- esperaba 22.500.

Hace solo un año, en julio de 2018, el paro bajaba en 27.141 personas. El peor dato de un mes de julio en cuanto a paro registrado desde 2008, porque en términos desestacionalizados el paro sube en 2.915 personas.

Lo mismo podemos decir de la afiliación. El peor dato de un mes de julio desde 2012, con menos de 4.334 afiliados en términos desestacionalizados y solo 15.514 en términos absolutos.

La contratación indefinida cae por sexto mes consecutivo, y registra un descenso del 2,33% interanual, cuando hace un año crecía un 19%.

Pero permítanme hablar de los datos de la industria, porque generan menos titulares que el paro y sin embargo son muy importantes para analizar el futuro. Los datos publicados en el índice manufacturero de julio de 2019 son alarmantes.

La industria manufacturera permanece en recesión con el índice al nivel más bajo en siete años. La producción y nuevos pedidos registraban una nueva caída, mientras que la confianza del sector cae al nivel más bajo en seis años. Se han dado recortes de empleo por tercer mes consecutivo.

Es cierto que España, una economía de servicios, mantiene una actividad en expansión, pero también muestra señales preocupantes de debilitamiento. Nuevos pedidos de exportación en caída por segundo mes consecutivo y bajando al peor nivel desde noviembre de 2016, y el crecimiento de empleo más débil en dos años y medio.

Sin embargo, de todo esto se menciona muy poco en el debate político y, desde luego, se están tomando las medidas equivocadas. España abandonó el impulso reformista hace tiempo y ahora se ha lanzado firmemente hacia las contrarreformas, poniendo mayores dificultades al empleo, cargando de nuevos impuestos a la contratación desde enero, poniendo mayores trabas burocráticas y entorpeciendo la actividad inversora con amenazas imprudentes.

Mientras países como nuestro vecino Portugal aprueba una reforma laboral como la española y mantiene una fiscalidad atractiva para la inversión, y Grecia lanza un paquete de apertura y liberalización, nosotros ignoramos todas las señales de ralentización que otros países se toman muy en serio.

Todas estas señales deberían llevarnos a tomar medidas potentes para facilitar más la creación de empresas, atraer mayor inversión y mejorar la renta disponible de los ciudadanos y, sin embargo, la agenda parece orientada a cimentar una fiscalidad extractiva y confiscatoria para mantener desequilibrios crecientes y esperar que no pase nada.

El nivel de preocupación de los agentes económicos y creadores de empleo es evidente y justificado.