Finalmente, y tras una instrucción compleja y un juicio de desarrollo igual de complejo, se ha dictado sentencia en el conocido como asunto del procés. Se abre ahora un espacio para la reflexión y el debate que va a ser más largo aún que el propio proceso y que va a implicar consideraciones jurídicas, políticas y sociológicas.

El análisis de la sentencia requiere su tiempo, pero de entrada, y como primera reflexión, no he podido dejar de establecer comparaciones con otra sentencia que, cuando menos en lo que se refiere a su significación, me atrevo a calificar de análoga. Concretamente, me refiero a la sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República de 12 de junio de 1935, que juzgó y condenó a miembros del Gobierno de la Generalidad de Cataluña por la comisión de un delito de rebelión militar. Los paralelismos, por sujeto y objeto, son más que evidentes y justificados.

La comparación pone de manifiesto diferencias. La sentencia del procés ocupa 493 folios, aquella otra no precisó más de 11 para explicarse. La sentencia del procés se ha dictado por unanimidad de los miembros del Tribunal Supremo, la del Tribunal de Garantías Constitucionales tuvo un voto particular algo más extenso que la propia sentencia y que afirmó que no había sucedido nada, no obstante los 46 muertos entre civiles y militares. Y la calificación del delito y las penas impuestas han sido también muy diferentes.

Dicho lo anterior, también hay similitudes. La primera, que en ambos casos los condenados intentaron subvertir el marco constitucional en que se traduce la paz social a que alude el Tribunal Supremo en su sentencia, por vías ilegítimas. La segunda, que es con la que me quedo ahora, que en ambos casos la Jefatura del Estado reaccionó para cumplir la esencia de su función: defender el Estado, algo que, como digo, es esencia de su función tanto en una república como en una monarquía parlamentaria.

Sólo a partir de la intervención de Felipe VI muchos españoles tuvieron la certeza de que no se quedarían solos

Llegados a este punto, y visto que la sentencia del procés ha concluido que no hubo rebelión, pero que sí hubo sedición porque los condenados diseñaron un plan de acción que incluía el alzamiento tumultuario de la población con la finalidad de subvertir el marco constitucional impidiendo la aplicación de las leyes y el cumplimiento de las decisiones judiciales, ha llegado el momento de reivindicar el papel que Su Majestad, Don Felipe VI, jugó para defender el Estado y que la sentencia avala con su pronunciamiento.

Que el intento de subvertir el marco constitucional por vías ilegítimas resultó fallido es una evidencia que no precisa de la sentencia para su constatación. Tampoco que la tensión social que provocaron los actos de los condenados llegó a extremos no vividos nunca antes en la Cataluña postconstitucional: yo mismo soy un catalán que en mis cincuenta y cinco años de vida jamás había pasado por nada parecido. Y menos aún es necesario que la sentencia recuerde que para afianzar el orden constitucional fue necesario concentrar en Cataluña fuerzas de Guardia Civil y Policía Nacional de toda España, con el consiguiente temor a que toda la tensión degenerara en enfrentamientos de magnitud desmesurada.

Pero acaso lo que sí sea conveniente recordar es que fue la intervención de Su Majestad lo que tranquilizó a muchos españoles, dentro y fuera de Cataluña, que solo a partir de su intervención tuvieron la certeza de que, como él mismo nos dijo, no se quedarían solos. Fue también la intervención de Su Majestad la que puso de manifiesto, frente a quienes pensaron lo contrario, que el Estado reaccionaría, como efectivamente reaccionó. Y fue también la intervención de Su Majestad la que, en definitiva, confirmó la continuidad y permanencia del Estado frente a quienes planteaban su disolución.

Como dice nuestra Constitución, el Rey es símbolo de la unidad y permanencia del Estado, y la sentencia confirma, cuando confirma que se pretendió subvertir el marco constitucional por vías no legítimas, que la acción de Su Majestad no hizo otra cosa que precisamente eso, asegurar la unidad y la permanencia del Estado, y que estuvo a la altura de su responsabilidad.

*** José María Macías es vocal del Consejo General del Poder Judicial.