El pasado martes 7 de enero, el diputado Iglesias Turrión se despachó, como acostumbra, con afirmaciones de historia de España completamente inconsistentes y sesgadas. En el debate de la moción de censura contra Rajoy ya hizo un alegato irrespetuoso y falso contra Cánovas del Castillo que no fue respondido por el entonces presidente del Gobierno. Como es habitual, la derecha española no entró en el debate de la historia y de las ideas.

En su intervención de apoyo a la investidura de Pedro Sánchez de hace unos días, dirigiéndose a la bancada popular, Pablo Iglesias dijo: “Si quieren ustedes defender a la monarquía, eviten que la monarquía se identifique con ustedes porque si algo sabía Juan Carlos I, que venía de donde venía y que fue rey por lo que fue rey, es que solamente alejándose de la derecha, la institución podría pervivir. Quizá, paradójicamente, se hayan convertido ustedes en la mayor amenaza contra la monarquía en España. Es una cuestión de inteligencia”.

En primer lugar, don Juan Carlos venía de la ley, por supuesto, pero sobre todo de la legitimidad histórica dinástica. Esto es algo que produce erisipela a los republicanos nostálgicos, pero es lo que votaron los españoles en el referéndum de la Constitución de 1978, que recientemente tanto enarbola el líder de Podemos: art. 57.1. “La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica”.

La derecha política, el amplio centro político y social español y buena parte de la izquierda no republicana no tienen entre sus objetivo “identificarse” con la monarquía puesto que desde sus orígenes la vocación de la Corona es proteger los derechos de todos los españoles y por lo tanto no hay un sentido patrimonial de la Corona: don Juan, y su hijo y heredero don Juan Carlos, siempre tuvieron la vocación de una monarquía democrática, en libertad , estabilidad e inclusiva para todos los españoles.

La versión de que don Juan Carlos quería alejarse de la derecha y aproximarse a la izquierda y a los nacionalistas periféricos (muchos de ellos desvelados después como golpistas), demuestra una cierta incomprensión de la historia y de la política. Si Iglesias supiera un poco de historia, aparte de los libros de Tuñón de Lara, sabría que Alfonso XIII era un decidido partidario del modelo inglés y belga de monarquía parlamentaria en la que se integraron los socialistas y el sindicalismo de izquierdas.

Un paso decisivo, pero insuficiente, en esa dirección fue la elección de un republicano-reformista, Melquíades Álvarez, como presidente del Congreso de los Diputados en 1922. Pero las elites de los partidos dinásticos no supieron o no pudieron desarrollar la agenda reformista y democratizar el régimen de la Restauración (1876-1923). Así que, finalmente, el gobierno constitucional de Felipe González de 1982 fue un triunfo del PSOE, pero también la culminación de un largo, complejo y exitoso proceso de encuentro entre la monarquía y la izquierda política española.

La mayor amenaza de la institución monárquica, que alude Iglesias, no nace en la derecha política ni en el socialismo constitucional. En todo caso la amenaza para la estabilidad y la Corona proviene del separatismo y del cuestionamiento de la concordia y reconciliación que fue el gran éxito de la Transición. Ambos elementos sobrevuelan, precisamente, en planteamientos aventureros de la izquierda radical española en su apoyo a los separatistas, y en la insistencia y ampliación de la sectaria memoria histórica, que es una irresponsable ruptura del pacto del 78.

La “cuestión de inteligencia” política, en esta hora, sería que Podemos asumiera, como la socialdemocracia en 1982, el encuentro de la izquierda radical con la Corona y gobernara con su programa “progresista” sin sortear la Constitución. La palabra, después, la tendrán los españoles en unos meses o años según sea el resultado de su acción de gobierno.