Que Quim Torra abandonará la presidencia de la Generalidad cómo y cuándo a él le convenga y en las circunstancias más favorables posibles para Carles Puigdemont, probablemente tras decidir el adelanto de las elecciones en Cataluña, no lo duda nadie en la plaza San Jaime de Barcelona, pero tampoco en la Moncloa, en la Zarzuela y hasta en el Tribunal Supremo, acostumbrado ya a que sus autos sean recibidos en Cataluña con la misma indiferencia que las filípicas del Papa en La Meca. 

La indiferencia es la misma en el Consejo de Ministros. Aunque este, que nada teme salvo que sus socios nacionalistas duden por un solo segundo de su firme voluntad de regatearse al Estado de derecho, debe esforzarse un poco más para justificar con argumentos circunspectos una lectura invertida de los autos del Supremo que convenza a sus votantes de que 1) allí donde estos parecen decir "inhabilitado" están diciendo en realidad "habilitado" y 2) que la desobediencia de Torra no es más que estricto respeto por las resoluciones judiciales y el Estado de derecho.

"Una cosa es la inhabilitación como diputado y otra como presidente", dijo ayer la ministra de Defensa Margarita Robles a pesar de conocer, como conoce cualquier español informado, que en Cataluña sólo los diputados del Parlamento pueden ostentar la presidencia de la Generalidad. "Esto no toca hoy", respondió Pedro 'Pujol' Sánchez cuando los periodistas intentaron conocer su opinión acerca del auto del Tribunal Supremo. Acabará enviando autoentrevistas a El País para que se las publiquen firmadas por la meritoria de turno. En Cataluña ya nos conocemos el rollo. Que se lo pregunten a los periodistas de La Vanguardia.

No deja de resultar irónico, en cualquier caso, que aquellos que venían a desjudicializar la política dependan de las piruetas retóricas de un batallón de tertulianos convertidos en exégetas del derecho sin más conocimientos jurídicos que los de un becario con chanclas. Son los mismos exégetas que piden con el ceño fruncido "respeto" por las decisiones judiciales cuando estas les son favorables, y la inmediata fumigación de los focos de resistencia franquista atrincherados en el Poder Judicial cuando estas les son desfavorables.

Y mientras el Madrid tertuliano se desvive por convencernos de que la séptima acepción jurídica de la palabra inhabilitado es la correcta, ahí sigue Torra, viendo llover, metafórica y literalmente, por la ventana de su despacho de la Generalidad. Como esos náufragos del sexo que en su perfil de redes sociales escriben "estado sentimental: complicado" para fingir unas turbulencias amorosas que no han vivido ni en sueños, los abogados del Parlamento regional catalán hablarán ahora de la supuesta complejidad de la situación política y penal de Quim Torra para esquivar su cese como presidente de la Generalidad. 

La evidencia de que la reacción de Torra al auto del Supremo habría sido la misma tanto si este decía lo que ha dicho como si le hubiera dado toda la razón del mundo demuestra que la ley y las decisiones de los tribunales son ya optativos en Cataluña. Torra es el gato/presidente de Schrodinger encerrado en una caja/auto del Tribunal Supremo, presidente legítimo de la Generalidad y expresidente cesado al mismo tiempo. "El Le Pen cuántico", como diría Pedro Sánchez si supiera lo que es la mecánica cuántica. 

Mientras Torra se fuma los autos que le han descabalgado del Parlamento y, por lo tanto, de la Presidencia de la Generalidad, el ministro de Transportes se reúne en secreto con la vicepresidenta de una narcodictadura, el PSOE pacta con Bildu los Presupuestos en Navarra y el Gobierno trabaja en una reforma a la carta del Código Penal para conseguir la liberación de un presidiario en concreto. 

Puede que el estado penal de Quim Torra sea complicado, pero el del PSOE amenaza divorcio con la democracia. Falta poco para ver a la derecha en las calles gritando "lo llaman democracia y no lo es". Sólo que esta vez será verdad.