Representantes de poco más de 11 millones de españoles (la suma de los votos de los cuatro partidos sentados en la mesa de la Moncloa presidida por Sánchez y Torra) se reúnen en la Moncloa para decidir el futuro de España y de 46 millones de españoles.
El objetivo es tan descabellado y desproporcionado que, aunque hagan trampas propias de los totalitarios y populistas, no será fácil que lo admitamos los 35 millones de españoles restantes.
Los constituyentes de 1978 se aseguraron de que la reforma o el derribo constitucional, si se producía, fuera el resultado de un amplio y cualificado acuerdo de los representantes de la Nación española.
La Constitución es por tanto un corsé para proyectos neototalitarios y separatistas. Esa es su función y un valor indudable que genera la adhesión constitucional de una amplia mayoría de españoles.
El sometimiento a las leyes de los ciudadanos y de los poderes públicos a la Constitución es lo que se conoce como Estado de derecho y genera seguridad jurídica y sometimiento a los tribunales de justicia.
La reunión de Sánchez con Torra del pasado miércoles, con toda la tramoya teatral de un sainete, tan del gusto del nacionalismo catalán, ha comenzado haciendo una exhibición de transgresión pública de la ley y de las sentencias de los tribunales al reconocer y recibir en la sede de la Moncloa a un presidente regional inhabilitado. Mal comienzo para la “seguridad jurídica”. Desde el poder, Sánchez, se salta el Estado de derecho.
Apelar a la seguridad jurídica e incumplirla es el camino iniciado, esperemos que sin posibilidad de desarrollo ulterior, para anular los límites constitucionales. ¿Cómo se puede hacer eso con un fraudulento ropaje legal, de “seguridad jurídica”? Por la vía del referéndum.
La Transición española fue posible por el liderazgo del Rey y de Suárez debidamente asesorados por Fernández Miranda, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, Jorge de Esteban y Carlos Oyero.
Con el principio de “De la ley a la ley” y el referéndum sobre la “Ley para la Reforma Política” se desmontó el régimen del Movimiento Nacional. Por tanto es posible, también hoy, con una mayoría parlamentaria aprobar una ley para someterla a referéndum que elimine las actuales garantías y límites constitucionales.
El presidente Chávez, en Venezuela, se saltó y modificó la Constitución con sendos referéndums que ganó: en 2004, en contra de lo que establecía la Constitución para continuar en el poder y en 2009, para perpetuarse en la presidencia. Chávez perdió por estrecho margen otro referéndum en 2007 en el que definía Venezuela como un Estado socialista.
El referéndum es el camino que usamos en 1977 y 1978 para conseguir y consolidar la libertad, pero también, como en Venezuela, puede ser utilizado para intentar inaugurar, en España, una república confederal populista.
Existe por tanto el riesgo y la posibilidad de que se explore ese camino, que es la vía para saltarse los límites constitucionales con “seguridad jurídica”, apelando a una consulta plebiscitaria que posibilite una nueva arquitectura legal que hace innecesario el acuerdo cualificado del resto de formaciones políticas.
Una ley votada por la actual mayoría parlamentaria puede derivar en un referéndum con una pregunta capciosa que anule los límites constitucionales y que engañe a gran parte del electorado. Es de esperar que el PSOE no se deje arrastrar por los separatistas y la extrema izquierda y Sánchez no siga estos primeros pasos de camino de la perdición.
Aunque la opinión más generaliza es que el sainete de la Moncloa es una excusa para ganar tiempo y que es una comedia propia del genial Berlanga, no está de más que la oposición parlamentaria esté preparada y advertida por si el sainete se convierte en un drama.