El camino de perdición de nuestro macro estado, deficientemente democrático desde 1977, desbordado por su propio tamaño y por la solicitud permanente de más recursos de los diecisiete mini Estados regionales, ha llegado a su límite.

La presente crisis sanitaria del Covid-19 y, su consecuencia, la inesperada recesión económica, han acelerado la velocidad de crucero de unas cuentas que no se sostienen. La realidad, los hechos, son tozudos. La propuesta podemita de más gasto en "prestaciones universales e incondicionales generosas" no es posible por la caída de ingresos vía impuestos y las asfixiantes cargas sociales a las empresas y a los autónomos. El incremento millonario de parados con derecho a prestación por desempleo está antes que subvencionar la renta universal, es decir, unas vacaciones temporales (o permanentes) a los ninis.

La solución tradicional del gobierno de Zapatero, Rajoy y Sánchez de resolver los gastos deficitarios del macro Estado español con deuda pública a precios baratos, no da más de sí: España no encuentra compradores de nuestros títulos de deuda a precios reducidos sin el aval de los miembros solventes de la UE.

En esa tesitura, que se va a desvelar en las próximas semanas, tan pronto finalice la crisis sanitaria, el gobierno Sánchez-Iglesias es muy probable que no se sostenga. Iglesias quiere gastar lo que no hay y Sánchez (es decir el Estado español) no tiene crédito siquiera para hacer frente a sus actuales y crecientes compromisos.

Numerosas voces se están levantando en estos días sobre la pertinencia de un nuevo gobierno de concentración nacional o incluso la posibilidad y conveniencia de unas nuevas elecciones generales. El problema de fondo es que Sánchez y Casado, PSOE y PP, no tienen objetivos reformistas comunes.

Pero, por otro lado, hay razones más que suficientes para que cualquiera de esas dos soluciones (gran coalición o elecciones generales) se apliquen antes del otoño, toda vez que las recetas de la extrema izquierda son inviables en situación de normalidad y más descabelladas aún en las actuales circunstancias.

Bien sea con un gobierno de concentración nacional, bien sea por un nuevo resultado electoral que refuerce el peso parlamentario del gobierno, la profundidad de la crisis política y económica es de tal envergadura que las reformas, primero económicas y después las políticas, no las puede llevar a cabo un solo partido y tampoco una coalición de izquierdas o de derechas.

Es necesario el acuerdo del PSOE y del PP. Ninguno de esos dos partidos, por sí solos o unidos a uno de los nuevos partidos, pueden reformar elementos esenciales de las grandes partidas de gasto: reducir la deuda (los intereses ya son el tercer capítulo de gasto), el tamaño del Estado y de la Administración, limitar el gasto de pensiones, seguridad social (la parte del Estado del bienestar que no es sostenible) y múltiples ayudas y subvenciones que sólo generan parasitismo.

La opinión pública no aceptará estas medidas si no son tomadas por los dos partidos y se acompañan por una drástica reducción de la clase política y del ejército de asesores y cargos. Y explicar que más vale soportar una pequeña reducción de sueldos de funcionarios y pensiones antes que entrar en quiebra.

Dado que, muy probablemente, los dos partidos citados no estén por la labor, el paso siguiente, el día D+1, el día siguiente al final de la crisis sanitaria, será tratar de obtener recursos de la UE. Los países solventes se niegan a mutualizar la deuda de España e Italia y han señalado el camino del dinero barato (el caro, es impagable por España): el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad), el Fondo de rescate que lleva a un control del gasto superfluo e inflado del actual Estado de partidos español.

En esta disyuntiva, lo razonable sería la deferencia de los españoles ante la llegada de los hombres de negro, únicos, por lo que se ve, capaces de embridar el caballo desbocado del régimen de 1978 que precisa profundas reformas. Reformas mucho más convenientes antes que caer en cualquier modelo republicano y populista, expulsados del euro y de la UE y asediados por el separatismo.

Si el PP y PSOE no dan señales de altura política y abordan reformas económicas y después los cambios políticos causantes de nuestra deficiente democracia, quizás los españoles terminemos agradeciendo que el actual rumbo al rescate finalice con estabilidad y racionalidad, aunque sea a costa de girones de nuestro prestigio y soberanía nacional por la persistente y demostrada incapacidad reformista del PP y del PSOE.