La emergencia climática y el medio ambiente son los espacios preferidos de la izquierda para interferir en nuestra vida diaria. Lo más llamativo es que las soluciones que el gobierno propone generan impuestos y dificultades en la economía; son ineficientes o simplemente absurdas.

No es casualidad que nada más entrar en la fase final de las limitaciones de las libertades ciudadanas con el estado de alarma, al Ejecutivo se le ocurra poner en circulación una ley “ecologista”, la Ley de residuos y suelos contaminados. Una ley que traslada a los consumidores toda una serie de obligaciones y costes que son responsabilidad de las administraciones y que ya pagamos mediante los cánones o tasas de recogida de basuras.

Ahora, según el anteproyecto de ley aprobado ayer martes, la adquisición de innumerables objetos con plástico necesarios para la vida diaria, con la excusa de la protección medioambiental, va a generar casi 800 millones de euros a las insaciables arcas de la burocracia del Estado.

La campaña contra el plástico no era popular ni “políticamente correcta” durante la pandemia, dada la utilización masiva de guantes de plástico en todos los supermercados de España y la necesidad de uniformes de aislamiento de los sanitarios en las residencias de ancianos y hospitales.

Terminada la pandemia se recupera la cruzada contra el plástico. Luego vendrá la campaña contra el diésel, otra agresión a los consumidores. El caso es afeitar a los contribuyentes y someternos a una tensión que no se compadece con las “catástrofes” que dicen querer evitar y que forman parte de su incompetencia a la hora de gestionar los residuos urbanos y la contaminación de los suelos.

La vida diaria está llena de ejemplos de los errores de los supuestos ecologistas. El progreso consiste en compaginar el confort y el mejor medio ambiente gracias a la tecnología y a una repercusión directa de los costes. Lo más divertido es que se pretende hacer popular la nueva ley impositiva de residuos contra el plástico con la oferta de agua de grifo gratis en bares y restaurantes. Vale, todos sobornados.

La presencia de plásticos en los océanos no es responsabilidad de ningún país de la UE ni de Norteamérica. La imagen de un camión que descarga cada minuto del día toneladas de plástico al mar no se compadece con la realidad. En Europa las incineradoras, cuyo coste se compensa con un canon, no con un impuesto, revalorizan los residuos en forma de energía y ningún camión europeo cargado de plásticos vierte su contenido al mar.

Pero el encefalograma plano de los ecologistas contrarios a las modernas instalaciones no contaminantes de incineración ha producido que España sea el país más atrasado de Europa en el tratamiento energético de los residuos y estemos plagados de vertederos colmatados e incendios muy contaminantes como el del depósito de neumáticos en Seseña y el de Chiloeches en 2016 o el de Zaldívar hace tres meses, con dos cadáveres aún no recuperados.

El panorama de descontrol e ineficiencia medioambiental en España es casi tercermundista y se pretende resolver con impuestos y limitaciones al consumo cuando las soluciones modernas y eficientes pasan por no poner trabas a la producción, al consumo y asegurar (para eso está las administraciones) el tratamiento de los residuos de modo que los suelos no se contaminen con vertederos legales pero colmatados y abandono de basuras y residuos peligrosos en ríos, caminos y veredas rurales.

El uso masivo de guantes de plástico durante la epidemia del Covid-19 es un mentís bien expresivo de lo falso que es la hostilidad hacia el plástico cuando el problema es la incapacidad del los múltiples gobiernos (el nacional y los 17 autonómicos) para un tratamiento de los residuos urbanos moderno y eficiente.

Pero la palabra incineración está prohibida.