El Reglamento del Congreso de los Diputados fue redactado por la UCD en 1982 de forma que el Gobierno y, sobre todo, el presidente de Gobierno, pudiera escabullirse del control parlamentario. Desde 1812, en la bicentenaria tradición parlamentaria española, no existe nada parecido. El presidente del Gobierno elude las preguntas de los miércoles del control parlamentario; las respuestas del presidente más parecen un control a la oposición que un simple sí o no a las preguntas efectuadas por los diputados.

Desde 1982 ningún presidente de Gobierno ha querido que se modificara el Reglamento. El presidente del Congreso más volcado en su reforma fue el socialista Manuel Marín, quien finalizó su presidencia del Congreso (2004-2007) manifestando que había sido nombrado para reformar el Reglamento, pero el presidente Zapatero, finalmente, impidió que lo hiciera.

Rajoy incorporó la misma promesa electoral a su programa electoral en 2011 y paralizó, durante toda la legislatura, que se modificara este Reglamento protector de presidentes de Gobierno y contrario a la función fiscalizadora del Congreso.

Si a ello añadimos que la mayoría parlamentaria controla la Mesa del Congreso se puede deducir que en múltiples ocasiones los diputados no tienen forma de censurar un comportamiento del presidente políticamente reprobable.

El presidente y el Gobierno sortean las interpelaciones parlamentarias enviando a cualquier ministro a responder por un tema aunque no sea de su incumbencia; y el presidente no está obligado a responder en las interpelaciones. La interpelación personalísima del PSOE a Rajoy por mentiras flagrantes (sobre el tema de Bárcenas) la contestó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Precisamente para evitar el rodillo parlamentario de la mayoría (y mucho más en el caso de la mayoría absoluta como la que usufructuó Rajoy entre 2011 y 2015), el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba solicitó en noviembre de 2013 la reforma del Reglamento del Congreso y propuso dos iniciativas para censurar a Rajoy por su actuación en el pleno del Congreso del 1 de agosto de 2013.

La proposición de ley socialista implicaba una reforma del Reglamento del Congreso para instituir “mociones de reprobación del presidente o de cualquier otro miembro del Gobierno por haber faltado a la verdad en sede parlamentaria y que se debatan en un plazo máximo de 24 horas desde su presentación” y que sea “el presidente del Gobierno quien conteste a las interpelaciones que le dirija la oposición”.

La respuesta de la mayoría absoluta del PP en el Congreso, el 26 de noviembre de 2013, fue votar en contra con el argumento de que ese no era un tema a tratar y debatir en el Pleno: correspondía a la Comisión del Reglamento… que, por supuesto, el PP dominaba con mayoría absoluta y se encargaba de paralizar su reforma.

Dado que el presidente no contesta a las preguntas parlamentarias, la moción de confianza es iniciativa privativa y voluntaria del presidente, la reprobación alcanza solo a miembros del Gobierno y altos cargos pero no al presidente, y la interpelación no es contestada por el presidente, ¿qué opción le queda a la oposición para un debate político general de reprobación de un presidente que gestiona una crisis sanitaria, como la presente, de un modo tan desastroso?: la moción de censura.

A día de hoy, una buena iniciativa parlamentaria sería copiar la proposición de ley del PSOE de 2013, brillantemente defendida por el diputado socialista balear Pablo Martín Peré, en la que establecía la interpelación al presidente del Gobierno y proponerla desde los bancos de la oposición. Será verdaderamente divertido observar si el PSOE vota en contra de lo que ellos mismos solicitaron.

Al final, lo relevante de la moción de censura que anuncia Vox no es el resultado de la votación final sino el debate parlamentario, que puede enfocarse como un Debate del Estado de la Nación, que Sánchez elude y trata de sacar fuera del Congreso con convocatorias en las que se instituye de predicador de aburridos y repetitivos sermones. Un próximo Debate sobre el Estado de la Nación que molesta, hasta el nombre, a los extremistas de izquierdas y a los nacionalistas-separatistas.