Perdón por la autocita. El 20 de junio de 2020 sugerí en Twitter: “Una propuesta no partidista para el año que viene. El 8 de marzo de 2021, manifestación en toda España en memoria fallecidos por el coronavirus”.

Ignoro si Vox leyó mi sugerencia, que tenía un punto de provocadora, pero lo cierto es que proponer esa fecha como homenaje a las víctimas de la Covid-19 ha conseguido un impacto en la opinión y hoy las redes sociales echan humo entre partidarios y detractores.

El asunto no es tanto el acto de la próxima manifestación como cuestionar el montaje de igualdad de género con el que la izquierda gasta enormes sumas de nuestro dinero. Más que para atender necesidades sociales de desamparo, para financiar los chiringuitos de amigos feministas de todos los géneros.

Empecemos por el llamado Ministerio de Igualdad, aquel que inició José Luis Rodríguez Zapatero y continuó Mariano Rajoy. Se trata de un costoso aparato destinado a gastar enormes sumas en propaganda y subvenciones cuando la igualdad de las mujeres se encuentra garantizada por el artículo 14 de la Constitución:

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Tenemos ministros (normalmente ministras) que prometen cumplir y hacer cumplir la Constitución y que se dedican a discriminar por razón del sexo u “otra condición o circunstancia personal” en su acción política, en sus propuestas legislativas, órdenes y decretos ministeriales, en las convocatorias de oposiciones o en los cargos de libre designación.

Todo ello es un claro incumplimiento de los preceptos constitucionales que el Tribunal Constitucional no ampara ni recrimina, temeroso quizá de las previsibles furias desatadas. Estas parece que ignoran que los derechos de las mujeres están en la Constitución y que las leyes de discriminación positiva que propugnan incurren en flagrantes injusticias.

La más evidente de todas ellas es la carga de la prueba al acusado en los casos de denuncia de malos tratos, donde el varón debe demostrar que no ha incurrido en ese delito, lo cual es un caso único y abiertamente lesivo del derecho de presunción de inocencia.

La Constitución de 1978 supuso el final de cualquier discriminación legal de las mujeres. Antes de aquel año, las mujeres padecían limitaciones de disposición de cuentas corrientes y propiedades. Incluso el Código Penal eximía o reducía la pena del marido agresor de su esposa bajo ciertas circunstancias.

Recuerdo que, en 1996, a la salida de una sesión de debate y tertulia en la radio de la cadena SER, con Gemma Nierga, Rosa Regàs y Luis Carandell, pregunté al autor de Celtiberia Show cual era la anécdota o noticia que más le había llamado la atención en nuestra España de los años anteriores y me contestó: “Un titular a cinco columnas en el periódico El Caso que decía ‘Apuñala a su mujer sin causa justificada”.

Recomiendo la lectura o relectura del libro de Luis Carandell, Celtiberia Show, para que las neofeministas subvencionadas de manifestación de saltitos se percaten del cambio extraordinario que se operó en España en el espacio de unos pocos años.

Sin duda, muchas personas se han creído el mensaje de la ONU sobre la fecha del 8 de marzo. Pero se da la circunstancia de que en la ONU la inmensa mayoría de los Estados representados, de democracia más que dudosa, y que votaron esa fiesta femenina internacional, discriminan todavía intensamente a las mujeres.

No sé qué pasará finalmente el 8 de marzo. Lo que sí creo es que la mejor fecha para celebrar la igualdad de derechos de todos los españoles es la fiesta de la Constitución del 6 de diciembre. Con el artículo 14. Allí podremos encontrarnos todos.