Si los traspasos de competencias e inversiones que el Gobierno ha puesto en marcha para Cataluña fueran una buena noticia para España no se anunciarían en agosto, sepultadas entre las noticias que llegan desde Tokio.
Entre la falta de gol de la selección de fútbol y la falsa polémica por la medalla de Ana Peleteiro (¿qué hay de nuevo en que una persona de raza negra gane una medalla en atletismo?, ¡la noticia es que haya ganado una gallega!), el Gobierno de Pedro Sánchez, como sus antecesores, da luz verde a la secesión de Cataluña a cámara lenta.
Fue el exministro Jordi Sevilla quien sintetizó en Twitter la endemia que define nuestro tiempo: “Mejor ver a la Generalitat hablando de competencias que organizando referéndums ilegales”. Más allá del falso dilema, la frase de quien en otro tiempo fue un tecnócrata justifica moralmente el proyecto político del nacionalismo y abona la falsa premisa de que muerto el procés, se acabó la rabia.
Según esta lectura, el proceso insurreccional que emprendió el Gobierno de Cataluña sería consecuencia de la frustración provocada por unas demandas legítimas que el Gobierno de España se negó a atender. ¡Fue la cerrazón de Mariano Rajoy lo que los obligó a delinquir y nos abocó al infausto otoño de 2017!
El argumento es infantil y por eso es de digestión fácil. Permite absolver a los socios del Gobierno de su responsabilidad en la mayor crisis de nuestra democracia y redirige las culpas hacia la oposición. Pero, sobre todo, permite vender como solución una vergonzante claudicación. No hay mérito en desatascar una negociación cediendo y renunciando a recibir nada a cambio.
Pero al Gobierno le funciona. “Con el PP hubo dos referéndums ilegales. Con Sánchez nadie se ha saltado la ley” dicen. Tienen razón, pero la sumisión de Sánchez no es preferible a la abulia de Rajoy. ¿Qué necesidad tienen los independentistas de saltarse la ley cuando cuentan con la complicidad del Gobierno para sortearla?
Sabemos que las cesiones no saciarán las ansias nacionalistas, pero les facilitarán la tarea. Llegará un momento en que no tendrán que proclamar la independencia. Les bastará con constatarla cuando no quede nada por transferir.
La historia se repite. El Gobierno contribuyendo a la desigualdad entre españoles, desprotegiendo a quienes el nacionalismo humilla e ignorando que, a este ritmo, en 2050 no quedará mucho de España. Entonces sí podremos hablar de la España vaciada.
