“En primer lugar, las escuelas llamadas modernas que fundó Ferrer no se hicieron cerrar por anticatólicas ni por ateas, sino por anarquistas, por suponerse que en ellas se conspiraba contra el orden del Estado. Y la cosa es clara: si una escuela es anticatólica, que la condene la Iglesia, que está en su derecho de hacerlo; si en ella se predica contra la libertad, la libertad la ahogará en la libertad misma; si se predica contra Dios o se le niega, que la cierre Dios; pero si se conspira contra el orden y la seguridad del Estado, el Estado debe cerrarla. Y las hizo cerrar el Estado español que consiente, y hace bien, abiertas otras muchas escuelas neutrales, laicas y protestantes; el Estado español que es hoy, hay que decirlo muy alto, uno de los más libres y liberales del mundo, uno de aquellos en que menos se persigue a nadie por los poderes públicos por profesar estas o las otras ideas”.
Esto decía Unamuno en 1910 a propósito del caso Ferrer, fundador de la anarquista escuela moderna, en respuesta a la oleada de protestas que suscitó este caso en el extranjero tras los acontecimientos de la Semana Trágica de Barcelona. Un caso que, según dijo el propio Unamuno, indignado por ello, sirvió de pretexto “para desencadenar una vez más el atajo de calumnias, de inepcias y de embustes con los que se nos viene sistemáticamente denigrando [a los españoles] desde hace tres siglos, sin que apenas nos dignemos a defendernos”.
Es importante la observación que hace aquí Unamuno, como de paso, acerca de la diferencia entre conspirar contra Dios y conspirar contra el Estado. Que no es lo mismo, claro. Y es que a la nada no se le puede ofender. Pero sí, es verdad, a los creyentes en esa nada. Algo que puede suscitar desorden público y, por tanto, terminar influyendo en el buen orden del Estado.
Porque cuando se habla de ofensa, entendida como acción delictiva y por tanto susceptible de denuncia, tiene que haber víctima. Esto es, ofendido en el que recaiga la acción ofensiva.
La Virgen (que es la Madre de Dios en la doctrina cristiana) no es un sujeto que pueda ser contemplado por un código como sujeto de derechos. Y, por tanto, son si acaso los creyentes los susceptibles de ser ofendidos por una expresión o una representación ofensiva hacia la imagen de la Virgen. Los fieles tienen, en efecto, todo el derecho del mundo, y así lo recogen las leyes, por lo menos en España, a denunciar a los que ofenden.
En el Código Penal español figura como delito, con su pena correspondiente, la ofensa a los “sentimientos de los miembros de una confesión religiosa” (artículo 525.1) si esta se realiza públicamente y con escarnio sobre sus dogmas o con vejación sobre quienes los profesan o practican.
Es muy importante señalar que en el artículo 525.2 se precisa que incurrirá en el mismo delito de ofensa quien haga escarnio público de quien no profese religión alguna. En este sentido, están fuera de lugar las palabras de un hermano Bardem cuando dijo en una red social que ese artículo del Código Penal estaba ahí por intereses de los lobbies religiosos.
En la práctica, es muy difícil discernir entre la ofensa hacia una fe religiosa (la blasfemia) y la manifestación de la propia (o la manifestación del ateísmo). Lo que quizás pudiera despejar las dudas es ese componente de “escarnio o vejación públicos” que pueda haber en dichas manifestaciones.
Pero si en el anuncio del concierto de la cantante Zahara hubo “escarnio y vejación públicas” hacia los creyentes cristianos, también tendríamos que reconocer tal cosa hacia los creyentes musulmanes en la reproducción que se hizo en España de las famosas caricaturas de Mahoma. Caricaturas que el semanario satírico Charlie Hebdo reprodujo en Francia y por las que sufrió el terrible atentado de 2015.
Y, claro, los creyentes musulmanes van a sentirse ofendidos por prácticamente cualquier cosa (una bandera, un escudo, una escultura) en países, como por ejemplo España, que se forjaron en lucha contra el islam.
En Francia, tras el asesinato de los caricaturistas, existe cierto miedo (¿cautela?) a hacer públicas dichas caricaturas. Algo que llevó a Philippe Val, exdirector de Charlie Hebdo, a afirmar que, en cierto modo, los terroristas habían ganado.
Al final, todos callados ante una posible ofensa de algún colectivo religioso o, incluso irreligioso. El celo protector de la imagen de una religión puede volverse en contra con mucha facilidad si se busca para ello la protección de las leyes del Estado.
España, como estado aconfesional, no tiene ninguna obligación de defender ninguna fe en particular, tampoco la cristiana, aunque sí de procurar que sus creyentes, los de cualquier fe (incluyendo la fe del ateo), no sean vejados ni humillados públicamente por ello.