La reforma/derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, bautizada por la izquierda como Ley Mordaza, promete convertirla en una ley garantista en favor de los manifestantes, de los okupas y de los piquetes huelguistas violentos. 

Por eso, el próximo sábado 27 de noviembre, policías nacionales y guardias civiles se manifestarán en Madrid para mostrar su rechazo a los planes del presidente Pedro Sánchez y del ministro Fernando Grande-Marlaska. Unos planes apoyados con entusiasmo por los nacionalistas de todo tipo, desde el PNV a EH Bildu y Esquerra Republicana.

El viaje del PNV desde un catolicismo preconciliar al apoyo de la eutanasia, el aborto, el movimiento LGTBI, la coincidencia en varias votaciones con EH Bildu y, ahora, al desarme de su propia policía autonómica frente a los violentos es para hacérselo mirar.

Todo mi respeto al derecho de manifestación. En adelante, cuando cito a los manifestantes no me refiero a las manifestaciones legales y pacíficas, sobre todo si no chocan con el derecho de circulación del resto de los ciudadanos. Me refiero a los escraches populistas, a los podemitas violentos (como el exdiputado Alberto Rodríguez) y a los separatistas incendiarios.

Déjenme ponerles un ejemplo. Según la nueva ley, la detención de un manifestante violento contra las cosas o las personas debe hacerse con toda delicadeza y deferencia: "¿Me permite Vd. que le detenga?". 

Una vez conducido el manifestante al cuartelillo o a la comisaría para su identificación, la policía está obligada a llevarle, al cabo de dos horas, al lugar en el que fue detenido. 

Como lo más probable es que la manifestación dure más dos horas, se dará la paradoja de que la policía, actuando como taxista, dedique más tiempo y recursos en traer y llevar detenidos, y en devolver a los manifestantes a la concentración que trataban de disolver, que disolviéndola.

Parece un relato del humorista Gila: "Oiga, ¿Es el enemigo? ¡Que se ponga!".

Ante un 2022 probablemente conflictivo (la huelga y las manifestaciones del metal en Cádiz son un aviso), el Gobierno se pone de parte de los manifestantes violentos e impide el uso de los camiones cisterna y de las pelotas de goma con las que la policía responde a las pedradas.

Un principio fundamental de la nueva ley de Marlaska es el uso proporcional de la fuerza. Olvida Marlaska que el Estado tiene el monopolio del uso, legítimo, de la fuerza. Dado que los manifestantes son normalmente más numerosos que la policía, si estos no cuentan con medios disuasorios más potentes que los primeros, los que saldrán corriendo y se disolverán serán los policías. Es pura lógica. La fuerza policial no debe ser proporcionada: necesita ser muy superior. 

¿Cuál va a ser el resultado de esta ley si se aprueba en los términos previstos? Me temo que un desistimiento por parte de la policía en una manifestación conflictiva. La policía tendrá toda la razón diciendo: “Que vengan y lo arreglen Sánchez, Marlaska y los diputados que nos han desarmado frente a estos bárbaros”. 

La izquierda y los separatistas violentos tienen un concepto predemocrático de las manifestaciones. Tan constitucional es el derecho a la libertad de expresión y de manifestación como el derecho de los ciudadanos a la integridad física, a la libre circulación y a la protección de la propiedad, sea esta un coche, un comercio o el mobiliario urbano que pagamos con nuestros impuestos. 

Volverán los mal llamados piquetes informativos, que en realidad son piquetes amenazantes y agresivos contra los trabajadores o los estudiantes que tienen el derecho constitucional de acudir al trabajo o a las aulas de su universidad. El piquete informativo es además de predemocrático, violento y antiguo. Y no tiene nada de progresista.

Los miembros de los piquetes son, en su mayoría, liberados sindicales que sólo trabajan los días de huelga. Para anunciar la convocatoria de una huelga, por lo que se ve, los sindicatos no disponen de redes sociales, ni de carteles, ni de whatsapps. Son sindicalistas pretecnológicos dedicados a informar a sus compañeros en la entrada de las fábricas o de las aulas con una porra o una barra de hierro.

Los políticos de la actual mayoría parlamentaria, colocados del lado de los manifestantes, dejan al resto de los ciudadanos en la indefensión por el probable desistimiento de la policía. De esa indefensión pública se derivará la violencia privada de los ciudadanos en su legítima defensa y protección de los bienes que los manifestantes violentos consideren merecedores de rotura, incendio y saqueo.

Por tanto, la nueva ley de inseguridad ciudadana y de protección al manifestante es un atentado contra la seguridad y la paz social. Cuando el Estado desaparece, emerge una violencia mayor y fuera de control. De eso tenemos una experiencia desdichada en los años 30 del pasado siglo. Experiencia que, seguro, no deseamos repetir la inmensa mayoría de los españoles.

Un débil Pedro Sánchez, que comienza un nuevo baile legislativo cada cuatro años, ha cedido a las pretensiones de los nacionalistas del PNV y de los podemitas. La seguridad ciudadana se convierte, como la educación, en una ley sometida a cambios con cada nueva mayoría parlamentaria. Pero la seguridad debería ser un elemento de acuerdo básico entre las fuerzas parlamentarias responsables. Cosa que no son el grupo parlamentario socialista, ni los separatistas, ni los podemitas.