Disfrutan de mayor calidad medioambiental los países desarrollados que el Tercer mundo o las economías en desarrollo. El medioambiente requiere inversión, tecnología, energías limpias (más caras) y obra pública. Es un gasto que los países pobres no pueden afrontar. El crecimiento económico, el desarrollismo, es condición necesaria para un mejor medioambiente y no al contrario, como suelen señalar los ecologistas naifs.
En España, la pasión reguladora y recaudadora socialista ha vivido estos días un nuevo episodio de alegría burocrática con la aprobación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. El pasado 31 de diciembre de 2020, el BOE despidió el año con 3.000 páginas de regulaciones sobre transporte aéreo y los Presupuestos Generales del Estado.
Ahora el BOE se va a ver incrementado, después del trámite del Senado, con una ley que ocupa la friolera de 128 páginas.
La todavía vigente Ley de Residuos de julio de 2011 tiene 56 páginas y es un instrumento válido para la gestión de los residuos y suelos contaminados. ¿El motivo para esta nueva e innecesaria ley? Dos largos capítulos de impuestos y sanciones.
España es el país en el que desde 2004, y en lugar de resolver temas medioambientales estratégicos, los legisladores se han ocupado en suspender el Plan Hidrológico Nacional y en aprobar leyes que dificultan y encarecen el tratamiento adecuado y moderno de los residuos urbanos y los suelos contaminados. Los suelos contaminados son el resultado de la acumulación de basuras en vertederos (muchos de ellos incontrolados) en detrimento de su incineración y tratamiento adecuado y controlado.
En esto, el Gobierno autonómico del PNV es un especialista, como se ha podido comprobar con el derrumbe del vertedero de Zaldívar. Mucha legislación nacional y autonómica y, al final, chapuza contaminante. En Zaldívar, además, dos trabajadores han pagado el alto precio de sus vidas. Casi dos años después del derrumbe, aún no ha sido localizado el cadáver de uno de ellos, Joaquín Beltrán.
Los tres temas que el Gobierno debe abordar son:
1. La promoción y las facilidades para la incineración de residuos urbanos con eficientes y modernas tecnologías.
2. El tratamiento de aguas residuales que, de otro modo, contaminarían nuestros ríos y costas.
3. El Plan Hidrológico Nacional, para trasvasar los excedentes de agua de la cuenca del Ebro hacia el levante español.
Ahora hay recursos procedentes de la UE. Mejor invertir en estos tres puntos en lugar de repartir generosos fondos en el "estatismo de amiguetes".
El Gobierno nacional y los autonómicos se enzarzan en disputas competenciales y abruman a las empresas, a los vecinos y a los consumidores con impuestos ecologistas y regulaciones imposibles de cumplir. Y, en muchos casos, hasta de entender.
El medioambiente se ha convertido en un instrumento del neototalitarismo en manos de la izquierda y de una burocracia invasiva. Precisamos nuevos gobernantes que ofrezcan desregulación si no queremos ralentizar la actividad económica y afianzar nuestra presencia en la cola de las economías de la Unión Europea. Porque ese es el camino que llevamos.
Una mentira del ecologismo es que el plástico supone una amenaza medioambiental. El plástico es una conquista de la ciencia y de la tecnología que beneficia en multitud de casos a la humanidad, empezando por las jeringuillas y terminando por las tuberías de desagüe de los edificios. Lo que es una amenaza ambiental es no incinerar los residuos plásticos. La incineración moderna, con filtros y bien aprovechada, no contamina. Produce electricidad y evita que se arrojen plásticos a los vertederos, a los ríos y al mar.
Otro buen ejemplo de mentira ecologista es la creencia de que el aire que respiramos es de una calidad inferior cada año debido a los automóviles de combustión. Con ese argumento, el Gobierno eleva los impuestos sobre la gasolina y el diésel. Pero la realidad es que el aire de las ciudades es cada año mejor.
Recuerdo el aire del Madrid de 1970. Taxis y autobuses municipales echaban un humo negro como el carbón. No había circunvalaciones y los camiones invadían la ciudad. Las calefacciones de carbón contribuían desde el mes de octubre a la formación de una boina gris permanente sobre la ciudad.
La construcción de las circunvalaciones (M-30, M-40, M-45, M-50) ha mejorado el tráfico y evitado múltiples atascos. El gas natural ha sustituido al carbón en las calefacciones. La mejora tecnológica de los automóviles y los autobuses ha hecho que el aire de Madrid mejore espectacularmente año tras año.
¿A qué viene la histeria antiautomóvil en Madrid? Por un lado, es una excusa para cobrar más impuestos. Por otro lado, es un mantra ideológico de la nueva izquierda. Una izquierda carente de proyectos y con una gran pulsión prohibicionista.
La calidad del aire de Madrid, que en mi caso era una impresión derivada de una vivencia y unas evidencias lógicas, ha sido demostrada con datos, en un reciente e interesante artículo, por Velarde Daoiz de The Objective.
Daoiz ha revisado los datos oficiales de evolución de calidad del aire en Madrid y ha concluido que el descenso en los últimos 20 años de contaminantes "es cercano al 90% en las emisiones anuales de dióxido de azufre y monóxido de carbono. De más del 60% en el caso de las partículas en suspensión, tanto de las más grandes (PM10) como de las más pequeñas y dañinas para nuestro sistema respiratorio (PM2.5). Y de más del 50% en el caso de las de óxidos de nitrógeno. El CO2, en las concentraciones actuales, no supone ningún tipo de riesgo para nuestra salud".
Las mentiras ecologistas sirven para ocultar la ineficiencia gubernamental y para justificar la hiperregulación y los impuestos verdes. La calidad del medioambiente es el resultado de inversiones en tecnología y obra pública y no tiene nada que ver con el buenismo monjil del amor a la naturaleza al estilo de Greta Thunberg. ¿O conocen ustedes a alguna persona que odie la naturaleza?
