El atajo de la lista más votada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Moncloa. Efe

La propuesta del Partido Popular al PSOE para que gobierne la lista más votada sería, en esencia, una buena muestra de lo anterior.

Cabría un sólido argumento en su defensa. En la era de las ideologías de clase, cuyo declive comenzó inadvertidamente en los años 90, existía una cierta compatibilidad entre el credo liberal y el conservador. Aunque el laicismo del primero pugnó siempre con las restricciones morales y religiosas del segundo, les unían cuestiones tan capitales como la fe en la libertad y en el progreso, cuya base intelectual era la Ilustración y su estandarte el proyecto europeo.

Lo mismo podríamos decir de la socialdemocracia y el socialismo europeo. A ambos vástagos de la Ilustración les diferenciaba solamente el grado de intervención estatal para lograr la igualdad material.

Hoy ya no es así. El conservadurismo clásico y la izquierda radical han abandonado el universalismo y se han abonado a las políticas identitarias, quebrando el sentido de las alianzas anteriores. En este proceso, que coincide con lo que Richard Baldwin llamó "segunda fase de la globalización", las preferencias políticas han levantado fronteras físicas y psicológicas, con la precisión de un bisturí, entre los defensores de la globalización y sus detractores.

El populismo de izquierda y la derecha alternativa son productos identitarios incompatibles con el proyecto ilustrado. De hecho, la derecha alternativa se autocalifica como iliberal y el populismo de izquierda descalifica a la socialdemocracia con el apelativo de "globalista".

"Dado que la socialdemocracia y el liberalismo tienen mucho más en común de lo que la mayoría de los ciudadanos creen, lo natural sería tejer alianzas entre ellos"

Llegados a este punto, y, dado que la socialdemocracia y el liberalismo tienen mucho más en común de lo que la mayoría de los ciudadanos creen, lo natural sería tejer alianzas entre ellos. Pero en España todavía no se dan las circunstancias para pensar en gobiernos PP-PSOE, al menos mientras Pedro Sánchez siga al frente de este último.

En este nuevo contexto, el pacto no escrito de la lista más votada que evitase la influencia de quienes desean derruir el proyecto racional e ilustrado tendría su justificación, del mismo modo que en esta misma tribuna he defendido que se limite o neutralice la representación parlamentaria de quienes quieren utilizar la sede de la soberanía nacional para aniquilar la nación.

La suma PSOE, PP y Ciudadanos dispone hoy del 62% de los escaños y del 65% de la intención de voto. No cabe, en un principio, mayor legitimidad, en el sentido que Max Weber la entendía, que el pacto entre quienes desean mantener la unidad política de España y el credo de valores occidentales consagrados en la legalidad de la Constitución y en los tratados de la Unión Europea para evitar que los enemigos internos de Occidente acaben socavando sus cimientos.

Hay, sin embargo, varios problemas de fondo que convierten este camino pactista en un atajo cuyo recorrido lleva a perder la esencia que lo motiva.

El modo de seleccionar a los gobernantes no solo forma parte de la Constitución, formal o material, de un país, sino que es, per se, materia constituyente. Aquello que determina la naturaleza íntima de un régimen de poder, por lo tanto, no puede ser modificado por la puerta de atrás. Si las elecciones constituyen la esencia del gobierno representativo defendido desde John Locke, sus reglas de juego deberán ser modificadas democráticamente.

Tampoco es aceptable que una nación democráticamente madura quede sujeta a la voluntad de dos jefes de partido que, en cualquier momento y por puro interés, pueden cambiar de opinión. Sánchez ha demostrado decenas de veces que es capaz de hacerlo sin inmutarse.

"Los dos componentes políticos del proyecto ilustrado, el liberalismo y el progresismo, deben gobernar por todos los medios democráticos posibles e impedir que el populismo lo haga"

Uno de los problemas fundamentales que asolan a España desde la Transición es la crisis de representación política. Los españoles llevamos lustros denunciando (a veces minoritariamente y otras, como en los albores del 15-M, de forma masiva) que la clase política española no nos representa adecuadamente y que el vínculo entre el diputado y su jefe de partido es mucho más sólido que el establecido con el votante.

Venimos denunciando también la falta de proporcionalidad del voto que adultera la máxima de la igualdad ante la ley precisamente en su aspecto capital. Pues, como decía Benjamin Constant, sin libertad política desaparecen las garantías del resto de los derechos y libertades.

Y venimos denunciando, en fin, que los enemigos de España no pueden condicionar permanentemente sus gobiernos, porque esa dinámica lleva directamente a la destrucción.

Estas reivindicaciones históricas que solucionarían nuestros más graves problemas, no se pueden despachar con un mero apretón de manos.

Muchos ciudadanos estamos de acuerdo en que los dos componentes políticos del proyecto ilustrado, el liberalismo y el progresismo, deben intentar gobernar por todos los medios democráticos posibles e impedir que el populismo lo haga. Nos jugamos algo más que un decoroso gobierno. Pero, precisamente porque en ello va nuestra democracia, ha de hacerse respetando su esencia.

La democracia representativa consiste en darle la palabra al pueblo cada cierto tiempo y en adelantar la consulta en las cuestiones esenciales. La modificación de las reglas de juego es, sin duda, la cuestión más fundamental de un sistema político. Abramos un gran debate nacional sobre esta cuestión y, posteriormente, sometamos las distintas propuestas a sufragio. Así habremos hecho las cosas como nos merecemos.

*** Lorenzo Abadía es empresario, analista político y fundador de la Campaña #OtraLeyElectoral.