“Primero tránsfoba y después corrupta”. Así de contundente ha sido la líder de Podemos, Ione Belarra, al describir a Isabel García, directora del Instituto de las Mujeres. Tránsfoba, por ser supuestamente una feminista TERF, es decir, radical y trans-excluyente. Corrupta, supuestamente, por las informaciones publicadas por este periódico, en las que se expone la adjudicación irregular de 64 contratos de municipios gobernados por el PSOE para gestionar los Puntos Violeta.
Me van a perdonar mi ignorancia, pero hasta hace dos días, momento en el que este periódico empezó a publicar las informaciones sobre la directora del Instituto de las Mujeres, yo no tenía muy claro qué eran ni para qué servían los puntos violeta. Dónde se instalaban, quiénes los atendían. Cuál era su propósito. Un desconocimiento que, por supuesto, había que remediar.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, este jueves a los Cursos de Verano de El Escorial.
Según he podido leer en la web del Ministerio de Igualdad, estos puntos son “un instrumento promovido por el Ministerio de Igualdad para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista y extender, de forma masiva, la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres”.
No sé hasta qué punto se puede extender de forma masiva información desde una carpa en una esquina de un recinto, pero según dice, estos puntos se instalan en espacios públicos o eventos multitudinarios para que las mujeres que hayan sido víctimas de violencia machista acudan a ellos para recibir información y apoyo.
Aclarada su función, volvamos a ciertas irregularidades que se han observado en las actividades de Isabel García. Una de las más llamativas es la que tiene que ver con un concurso en la localidad de San Fernando de Henares, al que se presentaron las dos empresas que estableció con su esposa, Elisabeth García. Pero lo llamativo no es que se presentasen estas dos empresas, no.
Lo llamativo es que presentaron también una supuesta oferta de una tercera sociedad, sin el conocimiento ni consentimiento de su dueña, María Tato. Al parecer, lo hicieron por eso de simular la existencia de cierta competencia. Para fingir que había concurso, que había más oponentes contra quienes rivalizar. Ya me dirán ustedes dónde quedó el omnipresente consentimiento en esta situación, por no hablar del fraude que supone la usurpación de identidad.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido en este caso humanidad y paciencia para con Isabel García. Para que se explique, para que concrete, para que pueda decir lo que crea conveniente. Por supuesto que siempre debe prevalecer la presunción de inocencia, pero, discúlpenme el atrevimiento, cuando las sumas de las que se habla son de 250.000 euros, además de delitos como la suplantación de identidad, una ministra del gobierno no puede pedir humanidad. Debe pedir justicia. Debe reclamar y trabajar activamente por el esclarecimiento de los hechos y la identificación de sus responsables, más si se encuentran entre sus propias filas.
Eso es decencia y responsabilidad profesional que, por supuesto, también implica humanidad. El no pasar irregularidades por alto por ser del mismo partido, el no ser laxos con la justicia porque conviene, el no aprovecharse de posiciones de privilegio para intereses particulares. Además, creo que todos nos imaginamos qué hubiese reclamado la ministra si la directora del Instituto de las Mujeres tuviese otro color político. Desde luego, no hace falta echarle mucha imaginación.
