Cuando uno piensa en las dictaduras latinoamericanas, los primeros países que nos vienen a la mente son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero puede que, muy pronto, debamos incluir a México en una subcategoría muy cercana de autocracias electas, o dictablandas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, que deja el cargo el 1 de octubre, ha anunciado reformas judiciales e institucionales que dejarán a su protegida, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, con poderes casi absolutos.

Los cambios constitucionales propuestos por López Obrador para cambiar la forma en que se eligen los jueces y eliminar varias agencias gubernamentales autónomas ya han provocado una poco frecuente confrontación pública entre México y Estados Unidos.

Trabajadores del Poder Judicial protestan contra la reforma de AMLO.

Trabajadores del Poder Judicial protestan contra la reforma de AMLO. EFE

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo el 22 de agosto que la reforma judicial planeada por el presidente mexicano representa un "riesgo" para la democracia mexicana y "amenaza la histórica relación comercial" entre México y Estados Unidos.

Bajo la planeada reforma judicial de López Obrador, que cuenta con el apoyo de Sheinbaum, México comenzaría a elegir a todos sus jueces y magistrados de la Suprema Corte por voto popular. Eso permitiría al partido gobernante utilizar recursos estatales y su gigantesca maquinaria electoral para llenar los tribunales con jueces incondicionales al presidente, y dejaría al gobierno con el control total de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Si se implementan estas reformas, las inversiones extranjeras y el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México estarán en riesgo. El tratado, que tiene tres décadas de antigüedad, debe ser renegociado en 2026, y es poco probable que Estados Unidos y Canadá acepten renovarlo si México o tiene un sistema judicial independiente.

Si se deja que el presidente tenga poderes absolutos, "estas reformas socavarán la confianza de los inversionistas y convertirían a México en un socio comercial menos confiable de Estados Unidos y Canadá", me dijo Diego Marroquín, un experto en comercio del centro de estudios Wilson Center en Washington D. C. "Se crearía un clima hostil hacia el sector privado".

Ya hay señales de sería preocupación por parte de la comunidad empresarial. La semana pasada, el banco de inversión Morgan Stanley rebajó su valoración de las acciones mexicanas, lo que equivale a decirle a sus clientes que las vendan. El banco dijo que su decisión se basaba en parte en temores sobre la reforma judicial de López Obrador.

El presidente de México reaccionó con indignación, calificando las declaraciones del embajador estadounidense de "inoportunas" e "injerencistas". Sheinbaum trató de minimizar la disputa, diciendo que ni las inversiones ni la democracia del país corren peligro alguno.

Sin embargo, tengo serias dudas de que, si las reformas salen adelante, México no sufra un fuerte coletazo económico.

Las reformas de López Obrador y Sheinbaum ya empezaron mal, porque el Instituto Nacional Electoral (INE) hizo una muy cuestionable interpretación de la ley para darle al gobierno una mayoría de dos tercios en la Cámara de los Diputados. Con esa mayoría y una supremacía parecida en el Senado, el gobierno podrá cambiar la Constitución y hacer lo que quiera.

Increíblemente, el INE le dio al partido gobernante y sus aliados el 73% de los escaños en la cámara baja del Congreso, a pesar de que sólo obtuvieron el 54% de los votos en las elecciones del 2 de junio.

Además, México tiene una larga historia de gobiernos autoritarios electos, lo que haría que los poderes casi absolutos del presidente no fueran una gran novedad. El entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional gobernó México con durante unos setenta años seguidos en el siglo XX, antes de la transición a la democracia en el 2000.

Hace casi treinta años, cuando yo cubría México como corresponsal del Miami Herald, escribí un libro sobre México titulado En la frontera del caos, en el que describía al país como una nación con tasas récord de homicidios, infiltrada por el narcotráfico, plagada de corrupción y gobernada por un partido hegemónico o todopoderoso.

Tres décadas después, tras una transición democrática y un acuerdo comercial con Estados Unido y Canadá, que ayudaron a modernizar el país, México está volviendo a donde estaba.

Eso será malo para México, malo para Estados Unidos, y un pésimo precedente para el resto de Latinoamérica.