Oposiciones de RTVE: en España ya no funciona ni lo que le interesa al Gobierno

Después, la lógica frustración de los 5.000 candidatos a unas plazas que no se ofertaban desde hacía 17 años. La dimisión en bloque del tribunal responsable. La nueva convocatoria el día 2 de noviembre (en el santoral católico, día consagrado a rezar por los que aguardan en el purgatorio).

El responsable de RRHH de RTVE anuncia desde una ventana el pasado domingo a los opositores la suspensión del examen, en la campus de Somosaguas de la UCM. X

El hecho, sin duda, rebasa lo anecdótico. Y no faltan quienes, comprensiblemente, ven en todo este enredo el signo de las deficiencias de la televisión pública, en cuya estructura misma advierten signos de anquilosamiento, excesiva politización y descontrol que la hace proclive a masajes y manoseos, trocándola más bien en una deficiente televisión gubernamental.

Quienes proponen la reforma radical o, incluso, la supresión de RTVE no andan faltos de argumentos. Sirva el más reciente:

Hace escasos cuatro días vencía la regencia de Concepción Cascajosa (cuyo tortuoso nombramiento data ya de hace medio año), quien aplazó la votación sobre su continuidad en el cargo por "cuestiones reglamentarias", relacionadas con la solicitud del voto secreto por parte de uno de los consejeros.

Y eso que Cascajosa aplica una gestión eficientísima y con una sola llamada a su madre apuntala la necesidad de La Revuelta, el programa que la televisión de todos concedió a David Broncano para competir de una manera mucho más progresista con Pablo Motos y sus desafueros antigubernamentales.

Y con todo, el debate sobre si reformar RTVE para hacerla más ecuánime y menos lo que estamos viendo estos meses, o dar por imposible el empeño y cerrar con llave (empeño, por otra parte, del todo cándido), sigue pecando de exceso de optimismo.

El problema no es sólo la convocatoria fallida, ni que la emisora nacional esté o no diseñada para servir a determinados intereses. Sino que en España, cada vez más, no funciona ni lo que les interesa.

Y así, esta semana hemos leído que Hacienda (uno de los últimos bastiones realmente funcionales de la Administración, por la cuenta que le trae) atribuía a una actualización tecnológica de la web la desaparición masiva de actas de adjudicación de contratos públicos. O que el Gobierno no tiene del todo claro el número y presupuesto destinado a los "puntos violeta".

Uno, que va cultivando un cierto cinismo en defensa propia, se esperaría estas ineficiencias en todo lo demás. Y a nadie sorprenderá a estas alturas que la digitalización y el teletrabajo hayan abierto nuevas sendas a la disfunción administrativa. Pero que fallen también los resortes que sustentan discursiva y financieramente al propio Gobierno subraya la anomia y el desorden que nos rigen.

Es el retrato de un Estado débil, cuyos regidores sudan la gota gorda para hacer llegar una senda de estabilidad a Europa, y no tienen inconveniente en negociar los niveles de déficit autonómicos con tal de continuar un día más al mando. Pero a la política de desnacionalización sigue un ahondamiento en la crisis del aparato estatal.

El nuestro es un Estado muy capaz de subir un impuesto o de prohibir los cigarrillos electrónicos, pero casi impedido para legislar o gobernar. Así que colma ese vacío con propaganda.

La situación infunde un desánimo generalizado, y hace risibles las reformas de calado que se proponen estos días, como la jornada laboral de cuatro días u otras propuestas en la línea de convertir este Estado renqueante en un Estado emprendedor. Al final, el patriotismo fiscal errejonista ("la patria es un hospital público") está corriendo la misma suerte que el patriotismo constitucional de ayer y hoy.

Reza la tópica cita de Goethe que es preferible la injusticia al desorden. Pero vamos comprobando que, en la mayoría de los casos, son una y la misma cosa. Lo comprobaron 5.000 opositores el otro día, y pronto nos iremos dando cuenta todos.