La ministra Mónica García ha puesto en marcha el protocolo para el registro de los objetores de conciencia en casos como el aborto y la eutanasia. Es claramente una medida totalitaria que no busca proteger unos derechos, sino perseguir a un grupo de personas.
El ordenamiento jurídico español reconoce desde hace tiempo el derecho a abortar y, por tanto, de alguna manera, el Estado debe garantizar que todas las personas que cumplan los requisitos legales puedan ejercer su derecho.
Negar esto sería situarse en una posición ácrata e individualista, que es el lugar en el que me temo que la ministra Mónica García nos quiere colocar a los que no estamos de acuerdo con el aborto.
La ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa el pasado 30 de julio. Europa Press
Pero los Estados liberales, desde que abandonamos el absolutismo, reconocen un lugar mucho más honroso y digno a los que en conciencia no piensan como la mayoría. Hay un equilibro posible entre no someterse en conciencia a la mayoría y no convertirse en un rebelde anarquista.
La figura jurídica de la objeción de conciencia reconoce la existencia de un foro interno que tenemos todos los individuos y que ningún poder público puede violar. No es un modo de oponerse a la ley, no es un instrumento de rebeldía, sino la protección de la persona para no verse forzada a actuar en contra de sus convicciones.
En la cuestión del aborto y de la eutanasia casi todos los países europeos, menos Suecia, República Checa y Bulgaria, reconocen el derecho a objetar. España, por tanto, es uno de los países que sí reconocen la objeción de conciencia, y eso supone aceptar que haya profesionales sanitarios, como médicos y enfermeros, que no realicen ciertas prácticas abortivas o eugenésicas.
La situación del objetor siempre será muy vulnerable porque es minoría. Pensemos en un objetor de conciencia musulmán en un país de mayoría cristiana, o viceversa. El objetor lo es precisamente porque es la excepción frente a una mayoría reconocida por el ordenamiento jurídico. Y porque es minoría, es vulnerable y, por tanto, digno de una especial protección.
Esta es la razón por la que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 18, en el que recoge la Libertad de Conciencia, reconoce al mismo tiempo que no se puede obligar a nadie a revelar sus pensamientos o su adhesión a una religión o creencias.
Es evidente que, si se quiere proteger la libertad de conciencia, se ha de proteger el derecho a no manifestarla. Y, porque es evidente, la jurisprudencia europea lo reconoce en varios casos, y la Constitución Española en el artículo 30, así lo protege.
Si la Ley de Salud Sexual y Reproductiva establece el mandato de establecer un registro de objetores de conciencia, la ley es inconstitucional, y no hay más discusión. Y lo es por la peor de las razones, porque viola la libertad de conciencia, que es la última esfera que puede violarse antes de caer en el totalitarismo.
Esta fue la lección de la Segunda Guerra Mundial: la conciencia es el último dique contra el abuso totalitario.
Los que no estamos de acuerdo con el aborto debemos respetar la ley vigente y no caer en la trampa que nos tiende Mónica García de caricaturizarnos como rebeldes, individualistas y anarquistas. Pero debemos resistirnos a que desde el poder se secuestre el debate público, porque la cuestión del aborto está mucho más abierta de lo que nuestra ministra está dispuesta a reconocer.
No podemos aceptar que se nos arrincone ni, lo que es mucho más grave, que se viole la libertad de conciencia de nadie, por muy diferente que piense.