El país ha amanecido este martes debatiendo quién debe cargar con la responsabilidad de la negligencia parlamentaria que permitió al Gobierno colar con nocturnidad y alevosía una enmienda a una reforma legal que tendrá el efecto de adelantar la salida de prisión de más de cuarenta etarras.
Pero aducir un divorcio entre la nación y las Cortes suele ser el cómodo subterfugio con el que los ciudadanos se inhiben de su parte en los desafueros colectivos.
Ya no cabe hablar de una casta parlamentaria que escamotea a la opinión pública el conocimiento de sus torvos manejos. Triste como es, la enmienda que beneficia a los presos de ETA cuenta con el favor de la mayoría de españoles, representada en la amalgama de partidos que sostiene al Gobierno.
El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, junto con los diputados de su partido, Ana Vázquez (1i), Macarena Montesinos (2d) y Pedro Muñoz (d). Europa Press
¿O acaso los votantes de estos partidos, indoctrinados en que un etarra es preferible a un derechista, no han tolerado o incluso aplaudido que los suyos se coaligaran con la escoria política española y violaran todos los frenos éticos, con la condición de que no gobernaran los otros?
Y si el bloque gobernante lo es de obra, el de la oposición es culpable por omisión. Si por algo es célebre este Gobierno es por haber rebajado condenas y exonerado de sus penas a otros delincuentes. No es tampoco la primera vez que invoca la homologación con la legislación europea para atenuar delitos, ni que recurre a la adulteración de los procedimientos normativos para sortear los controles de los órganos supervisores. Y por eso debió haberse extremado el celo escrutador.
Unos y otros integran un cuerpo social anémico que ha perdido toda facultad de insurgencia contra una escalada de escándalos que debiera tener las calles tomadas. La cuestión de la enmienda furtiva nos habla en verdad del avanzado estado de descomposición moral de la sociedad española, que ya no se duele porque está muerta, intoxicada por una atmósfera de relativismo, desmemoria y legalismo.
Porque una sociedad moralista pero inmoral como la nuestra no cuenta con otro baremo ético que la legalidad. Y ya advirtió Solzhenitsyn que "siempre que el fino tejido de la vida se teje de relaciones juridicistas, se crea una atmósfera de mediocridad moral". Si las indignidades del sanchismo se ajustan a Derecho, ¿qué tenemos que decir nosotros?
Incluso los pueblos más pastueños conservaban un sentido elemental de la justicia que les movía a levantarse contra las afrentas infligidas por el poder. Si ya ni siquiera perdura esa intuición natural de la rectitud, es porque hemos llegado a algo peor que a una nación pecadora, que es una nación que ha perdido el sentido del pecado.
A fuerza de no escucharla, ha enmudecido la voz de la conciencia tanto entre los gobernantes como entre los gobernados. Acostumbrados a la perversión cotidiana, nos hemos insensibilizado ante la vileza. Y al habernos vuelto indiferentes a la mezquindad, nos hemos hecho también incapaces de apreciar en su justa gravedad la ristra de tropelías que nos sepulta diariamente.
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La dimisión moral de un pueblo que no ha sabido mantener la vigilancia autónoma sobre sus representantes, descuidando la preocupación por el bien y la verdad, le hace a la postre copartícipe de la unanimidad de la votación con la que se excarcelará a los etarras.
El pueblo judío eligió soltar a Barrabás, y el pueblo español ha elegido soltar a Txapote.