Desde hace dos semanas, España es Valencia. Y Valencia es un infierno en el que, a pesar del agua y el lodo, arden como ninots dolientes los últimos restos de confianza en nuestro sistema político e institucional.
La aún vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, durante su examen de este martes en la Eurocámara.
Mientras el rey vuelve a la zona de la tragedia y visita a los miles de militares desplegados.
Mientras las víctimas de esta catástrofe se debaten entre atender el trabajo de sobrevivir y pedir las ayudas oficiales.
Mientras miles de jóvenes descorazonados han encontrado una misión y un propósito irrenunciable en empuñar una pala o una escoba.
Mientras una nueva DANA se cierne sobre nuestro país y cunde el pánico por las alcantarillas atrancadas de lodo reseco…
El Gobierno nacional y el Gobierno autonómico mantienen un espectáculo penoso de abotargamiento y estupefacción competencial.
Y créanme que cuando hablo de competencia, lo hago en el doble sentido. A estas alturas, a los españoles no hace falta que nos expliquen más lo de las competencias repartidas entre las administraciones españolas: nacional, autonómica, local.
Que sí, que ya sabemos. Como también sabemos que, más allá de ellas, existe un Mecanismo de Protección Civil de la UE, del que España participa activamente, cuya ayuda no se solicitó desde el primer momento a pesar de que la Comisión Europea ofreció su puesta en marcha el 30 de octubre, cuando se activó el sistema Copérnico para coordinar los rescates de la DANA.
No, no fue hasta nueve días después cuando lo solicitó el Ministerio (competente), el de Interior. Esperó y esperó, sin necesidad alguna, sin requerimiento ni trámite ni protocolo europeo que se lo exigiera, a que se lo pidiera la Generalitat.
De lo que quiero hablarles hoy es de la otra competencia. La gran ausente en la gran foto de ese sistema político en institucional enfangado del que les hablaba al principio.
La competencia que viene avalada por la idoneidad de quien está a cargo de cada ámbito de responsabilidad, elegido por su formación y experiencia.
La que nos piden a cualquiera para desarrollar un trabajo en una empresa.
La que es más perentoria cuanto más nos va la vida en ello.
La que va indisolublemente unida a la confianza.
La competencia que esperamos y en la que confiamos cuando hablamos de cirujanos, guardias civiles, bomberos, pilotos…
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Pues fíjense bien. El perfil de los altos cargos al mando de protección civil y emergencias en nuestro país es un preocupante ejemplo de cómo los españoles no tenemos mecanismos que garanticen la idoneidad para el desempeño de dichos cargos públicos de aquellos que son designados para ocuparlos.
La administración tiene muchos defectos, pero al menos requiere superar una oposición para validar la cualificación requerida de un empleado público (excepción hecha, eso sí, de los asesores: la regla de Koldo).
En la designación política, los criterios parecen ser otros.
No descubro nada si señalo los tres vectores que apuntalan: compromisos de partido, amiguismo y afinidad personal e ideológica.
Sin ánimo de hacer un recopilatorio exhaustivo, me ha bastado con echar un vistazo a la cualificación académica y profesional de treinta altos cargos nacionales y autonómicos relacionados vinculados al ejercicio de máximas responsabilidades sobre la protección civil y la gestión de emergencias en España para constatar la gravedad de lo que se evidencia como una perversión del sistema.
No sé si recomendarles que hagan el ejercicio. Se te cae el alma a los pies. No llegan a un tercio los perfiles con una idoneidad razonable por formación y experiencia.
En qué manos estamos, oímos a menudo.
Pues sí. Estamos en manos incompetentes porque permitimos lo que no nos permitimos a nosotros mismos ni a nuestros vecinos como ciudadanos que rendimos cuentas del correcto ejercicio de nuestra actividad.
Ustedes ya conocen el ejemplo de la consejera de Interior del gobierno valenciano, y, por tanto, responsable de protección civil, gestión de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana, extinción de incendios y gestión de las competencias en materia de situaciones de emergencia.
Abogada, diez años en cargos políticos.
¿Cómo va a saber si existe o no un sistema de alertas?
Pero hay más casos, muchos más, en los que basta una trayectoria en el partido o una afinidad notable.
La directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior es licenciada en Derecho por la UNED y lleva casi veinte años en cargos políticos, pero al menos es funcionaria de la administración local.
El secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta de Extremadura es politólogo y ha ostentado diversos cargos políticos en las instituciones y en el partido, igual que la directora de la Agencia de protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León.
Sobre la formación del secretario general de Interior de la Junta de Andalucía no se sabe nada, pero su recorrido por gabinetes, ayuntamientos, diputaciones y delegaciones territoriales de Cádiz es casi tan conmovedor como la información que respalda a la directora del Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia 112: además de una lacónica referencia a "estudios de Derecho", su CV oficial únicamente recoge una experiencia profesional en el Montepio de Conductors de les Terres de l'Ebre, pero ha sido diputada en el Parlament de Catalunya.
¿Dónde está la idoneidad?
Y seguro que los casos más flagrantes no los conocemos. Porque a estas alturas sigue habiendo instancias públicas (Gobiernos de Navarra, Asturias, Castilla-La Mancha) que no cumplen el mandato de transparencia de publicar los currículos.
La cuestión es que podemos y debemos revertir esta práctica tan corrosiva, por muy instalada y amplia que nos parezca. Hay medidas sencillísimas, que no requieren inversiones ni largos trámites, como las iniciativas de autorregulación, muy extendidas en los países de nuestro entorno y en la propia Unión Europea.
Por ejemplo, entre las 99 propuestas del Código Ético del Gobierno que impulsamos desde España Mejor, destaca una: por debajo del secretario de Estado, ni un cargo que no sea funcionario. Y todos los nombramientos en los organismos independientes, por procedimientos abiertos, objetivos y meritocráticos.
Se trata, al fin y al cabo, de establecer unos estándares exigentes de conducta para aquellos que ostentan la máxima responsabilidad, de manera que, de forma preventiva y proactiva, puedan servir de referente a toda la sociedad.
Y, en buena medida, devolvernos la confianza.