He de reconocerles que soy una gran admiradora de la prosa precisa, certera, que utilizan muchos jueces en sus escritos. Y el juez Puente, instructor del 'caso Koldo', ha hecho gala ampliamente de ella en su auto.
El actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro Ábalos, en una imagen de 2019.
Por ejemplo, cuando explica que "el aforado ante esta Sala, don José Luis Ábalos Meco, también intervenía, personalmente y utilizando los oficios de su asesor en el Ministerio e, indiciariamente, disfrutando de los ilícitos beneficios económicos que tales actuaciones pudieran haberle generado".
"Personalmente".
"Disfrutando de beneficios ilícitos".
O cuando cuenta el magistrado que el diputado y entonces ministro Ábalos "habría obtenido información previa sobre las necesidades derivadas de la urgencia, lo que le permitió articular una oferta para asegurar la adjudicación del contrato de suministro en favor de la empresa cuyos intereses promovía, Soluciones de Gestión, así como que podría haber obtenido también, antes y después, por un procedimiento semejante, la perfección de otros contratos de empresas y particulares con la administración pública y/o institucional".
"Información previa".
"Articular una oferta para asegurar una adjudicación".
"La perfección de otros contratos con la administración".
¿No les parece una belleza?
Y, definitivamente, cuando concluye: "Ha llegado un momento en el que la constancia de indicios cualificados de la posible participación de Ábalos en los hechos hace imprescindible para avanzar en el camino procesal recabar la autorización de la Cámara prevista en la Constitución".
El suplicatorio.
Un suplicatorio no deja de ser una petición u oficio, que se reviste de especial solemnidad porque es la instancia superior del Poder Judicial quien la dirige a una cámara legislativa, y también porque la cuestión que plantea es la decisión de proceder penalmente contra un diputado o senador.
Estos, por su condición, disfrutan de la prerrogativa de inmunidad parlamentaria, que incluye no poder ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara correspondiente.
Por eso el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, remite ese escrito razonado al presidente de la Sala Penal, para que lo refrende la Sala y, a través de la presidenta del Tribunal Supremo, se le pida ese permiso a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Y así poder proceder penalmente contra el diputado José Luis Ábalos.
No va a ser hasta febrero cuando se resuelva esta petición, pues el Congreso tendrá que votarla en una sesión plenaria ordinaria una vez realizados una serie de trámites que ha de instar la presidenta Armengol (acuerdo de la Mesa y emisión dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado previa audiencia del interesado).
Hasta entonces, el diputado Ábalos (elegido por la lista del PSOE en las elecciones generales de noviembre de 2023, pero mudado al Grupo Mixto desde el pasado mes de febrero), mantendrá su inmunidad y sus derechos como parlamentario. Sólo los perderá en el caso de encontrarse en prisión preventiva tras dictarse auto firme de procesamiento.
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Con una agilidad inusitada, los principales grupos parlamentarios han manifestado inmediatamente su intención de votar a favor de este suplicatorio, regalándonos a través de sus portavoces algunas frasecillas para el día.
"Estamos deseando que la Justicia vaya hasta el final", ha afirmado un impaciente Patxi López.
"Nosotras tenemos una máxima, tolerancia cero con la corrupción, caiga quien caiga", se ha sumado dócil Sumar.
"Cuatro delitos al número 2 del número 1, las matemáticas de la corrupción sanchista. Al final, las cuentas saldrán", el enésimo eslogan rancio del PP por Tellado.
"Si tiene pecado, ERC actuará en consecuencia", con Rufián as himself.
Además de tan sorprendente unanimidad y presteza, hay algo más en el suplicatorio del Supremo para Ábalos que también es inédito. Me refiero a la apreciación de nada menos que cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
No hay antecedentes de un suplicatorio con semejante calado inculpatorio considerado por un juez como indiciariamente acreditado.
Desde el primero (Telésforo Monzón de HB en 1979 por apología del terrorismo) hasta el más reciente (Alberto Casero del PP en 2022 por prevaricación y malversación), el Congreso de los Diputados ha concedido hasta la fecha treinta y tres suplicatorios en democracia para proceder penalmente contra treinta y un diputados (Jon Idígoras Gerrikabeitia y Francisco Letamendia de HB acumularon dos por cabeza) y ha rechazado catorce.
Tras las primeras legislaturas en las que predominaron las injurias y alguna que otra estafa e imprudencia, ha venido abundando la prevaricación, la malversación y el cohecho, por separado o en pares. La más reciente campeona en cargos fue Laura Borràs (JxCat) en 2020 con un triplete: prevaricación, malversación y fraude.
¿Nos encontramos ante un hito?
¿Marcará José Luis Ábalos Meco un antes y un después en la historia de nuestros sistemas parlamentario y judicial?
¿Hasta dónde llega el acuerdo de no agresión con su antiguo partido para que este se muestre tan dispuesto a que se inicie su procesamiento?
¿Cuántas de sus actividades e influencia en calidad de secretario de organización del PSOE, con el brazo o no de Koldo, convendría que quedaran fuera de la causa?
Resulta difícil saberlo. Hoy, lo único cierto para el diputado Ábalos es que acaba de llegar a su edad de jubilación y, con casi total probabilidad, sus más de cuarenta años de carrera política desde las Casas del Pueblo de los socialistas valencianos acaban aquí.
Desde luego, tiene por delante una Navidad bien complicada (¿dónde y con quién la celebrará, por cierto?) y una cuesta de enero de lo más empinada, hasta que su particular via crucis culmine en febrero con sus excompañeros de partido votando con entusiasmo a favor de su procesamiento.
Y, de paso, su cancelación y borrado definitivos.