Sánchez y Nogueras en el Palacio de la Moncloa.

Sánchez y Nogueras en el Palacio de la Moncloa. Eduardo Parra Europa Press

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No se trata de repartir, sino de acoger temporalmente a los menores extranjeros

¿A santo de qué tiene nada que decir Junts sobre una competencia del Estado central como es la adjudicación de las cuotas de acogida de menores inmigrantes?

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A cambio de mantener su (volátil) apoyo en el Congreso y vulnerando las garantías constitucionales que preservan el carácter esencial de las competencias de inmigración, Pedro Sánchez le ha otorgado a Junts el derecho a decidir.

No sólo a decidir sobre la inmigración en Cataluña cuando esas competencias les sean delegadas, sino a decidir sobre una norma común de acogida de menores extranjeros no acompañados para el resto de las comunidades autónomas.

Junts, no el Gobierno, anunció primero el decreto del Consejo de Ministros. Adelantando las cifras. Choteándose de todos nosotros con esos nos tocan 20 o 30 chavales, venga, que no se diga que no nos quedamos ninguno.

Un cayuco anclado en una cala.

Un cayuco anclado en una cala. Julio César Ruiz Aguilar.

Ese nuevo artefacto semántico del esfuerzo de acogida. Ese ministro Torres describiendo sin pestañear uno criterios de distribución "objetivos y transparentes".

¿Quién es Puigdemont, a santo de qué tiene nada que decir Junts, sobre una competencia del Estado central como es la adjudicación de las cuotas de acogida?

Un partido secesionista, antisistema, corrupto, xenófobo y supremacista, cuyo líder lleva más de siete años fugado, cuya única ambición neta es recuperar votos de extrema derecha.

Un partido que ni siquiera está en el gobierno autonómico de Cataluña, el único que tendría algo que decir.

A todo esto, ¿dónde está el presidente Illa?

Es un triple salto mortal de un Gobierno-bufón, que nos deja expuestos como país al bochorno político y moral más absoluto. Un gobierno desprejuiciado y sin más límite que la continuidad en el poder a cualquier precio, al que, seamos francos, le sigue haciendo el caldo gordo una oposición desarbolada que no deja de vaciarse de cualquier rastro de pulso y credibilidad.

Una oposición que da tumbos como un boxeador sonado y que, válgame Dios, acaba justificando echarse en brazos de Vox y su bandera antiinmigración empujado nada menos que por el hacedor del gran roto en el PP desde 2023, Carlos Mazón.

Lo peor son las mentiras, el que nos traten como imbéciles. Se permiten el lujo nada menos que tirarnos a la cara un supuesto algoritmo corrector sobre los criterios consensuados en 2022 por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, para que les salgan unos números ridículos (ojo a la bajada a las más profundas simas de mezquindad) de reparto de 4.400 menores extranjeros por comunidades.

Eso sí, con una dotación extraordinaria de 100 millones de euros para el proceso.

Siempre son 100 millones, qué curioso. Son los que pedía Cataluña hace un año para su excedente de menores inmigrantes. Los mismos que pidió luego Ceuta para los suyos.

Paquetería exprés. Lotería migracional. Unos y otros repitiendo como loros consignas y gracietas. Qué coraje.

Cuando hablamos de menores extranjeros no acompañados, en nuestra retina tienden a aparecer niños pequeños del África subsahariana que llegan a nuestro país en pateras y cayucos y nos miran espantados. Pero la realidad es que en España hay únicamente unos 13.000 menores inmigrantes solos, la mayoría chicos adolescentes. Tres de cada cuatro son de nacionalidad marroquí.

¿Se imagina que su hijo menor de edad anduviera solo y desprotegido en Marruecos? ¿Sin saber si está atendido, en la calle o en una institución, si come, si estudia, si tiene atención médica?

Cuesta creer que un país pujante como Marruecos, en plena expansión económica y social, permita que miles de sus ciudadanos más vulnerables estén precisamente así, solos y desprotegidos, apenas al otro lado del Estrecho.

Cuesta creer que no los reclame tan pronto las autoridades españolas notifican su llegada, para devolvérselos a sus padres ansiosos de recuperarlos, y darles la protección, la educación y el cuidado que necesitan para convertirlos en actores clave de su profunda modernización y transformación en marcha.

Pues bien: vista la amoral incompetencia evidenciada, dejen que la sociedad civil responda y actúe. Porque si de acoger menores se trata, los españoles hemos demostrado ser eficaces, solidarios y consistentes.

Desde luego que un país de 50 millones de habitantes puede acoger a 4.400 menores extranjeros no acompañados, hasta que cumplan la mayoría de edad o sean devueltos a sus familias a través de las adecuadas gestiones con el país de origen.

De hecho, podrían vivir con una familia durante ese período.

Preservando la tutela legal de la Administración tal y como establece la ley, más de 4.000 familias podrían afrontar adecuadamente ese servicio a la sociedad desde la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, con esa dotación extraordinaria aprobada por el Gobierno de España que provee de 23.000 euros por cada menor para su adecuada educación, asistencia e integración.

Sin centros de internamiento extras, sin más personal dedicado. Sin generar distorsiones artificiales en la sociedad, ni concentraciones anómalas, ni alteraciones de la vida cotidiana.

Aunque las competencias nacionales en materia de protección de menores se encuentran asumidas por las Comunidades Autónomas, quizá Sira Rego, la indescriptible ministra de Infancia y Juventud, ausente del debate y de la (enésima) rueda de prensa de la vergüenza ministerial, podría aportar un valor añadido en este sentido.

Además de su entretenida capacidad de mandar vídeos a las colaboradoras de El Hormiguero para demostrar que existe.