Los partidos independentistas catalanes han llevado demasiado lejos su desafío al Estado, que debe tomar buena nota de lo ocurrido este jueves. Por la mañana, el Tribunal Constitucional y el Supremo actuaban, respectivamente, en contra de Carme Forcadell y de Francesc Homs; en ambos casos por apoyar al margen de la ley el proceso separatista. Pues bien, por la tarde, el Parlament aplicaba el rodillo para ponerle fecha al referéndum de independencia, en una acción que choca de nuevo con las resoluciones del Constitucional.

A las permanentes provocaciones de las autoridades independentistas catalanas los tribunales han ido respondiendo con mesura y proporcionalidad. En algún caso podría decirse que incluso con blandura. Por ejemplo, el Supremo ha decidido actuar penalmente contra el ex consejero de Presidencia en relación a la consulta ilegal del 9-N, pero sólo por desobediencia y prevaricación. Sin embargo, ha descartado procesarle por un delito de malversación, penado con cárcel, pese a que creemos que había motivos suficientes para ello.

Unanimidad en el TC

El Constitucional ha sido exquisito, por su parte, con la presidenta del Parlament. Forcadell desoyó su advertencia de que debía "impedir o paralizar" la votación de las conclusiones de la comisión parlamentaria que estableció el calendario para la secesión. Diez semanas después de consumarse su desobediencia, ha emplazado a la Fiscalía a que actúe contra ella, sin ni siquiera concretar los posibles delitos en los que pudiera haber incurrido.

Es muy positivo que, de nuevo, y tal y como ha venido ocurriendo en las resoluciones del Alto Tribunal en todo lo relativo al proceso independentista, este acuerdo sobre Forcadell haya salido adelante por unanimidad. Ni ahora Forcadell ni Homs, como tampoco antes Mas o cualquiera que haya desafiado la ley en pro de la independencia, pueden alegar indefensión.

Sin vuelta atrás

El absoluto desprecio que los secesionistas han mostrado este jueves hacia los tribunales indica que, por su parte, no hay vuelta atrás. Y eso obliga a las autoridades del Estado a actuar en consecuencia. Es muy revelador que los magistrados del Constitucional no hayan querido especificar el presunto delito cometido por la presidenta del Parlament, trasladándole esa responsabilidad al Ministerio Público. Es una decisión que lleva implícito un mensaje al Gobierno: no están dispuestos a que se descargue sobre ellos todo el peso de la respuesta al proceso independentista.

Así pues, nadie debe esconderse ya: ni el Gobierno, ni el Parlamento, ni la Justicia, ni los partidos políticos constitucionalistas. Ha llegado el momento de responder con serenidad, pero con todo el peso que concede la ley, contra quienes se han propuesto destruir España por las bravas.