Si en la anterior legislatura la clase media asumió sobre sus hombros la mayor parte de los recortes y el grueso de las subidas de impuestos, ahora van a ser las empresas las grandes paganas del ajuste de 5.000 millones que la UE exige a España para que no sobrepase el objetivo de déficit del 3,1%. Así se desprende de las últimas medidas pactadas esta semana por el Gobierno con el PSOE -de espaldas a Ciudadanos- para lograr su respaldo en el reparto de los objetivos de déficit.

El incremento de golpe del 8% del Salario Medio Interprofesional (SMI), la reducción de deducciones del Impuesto de Sociedades por 5.000 millones y la puerta abierta a eliminar el tope de cotización a la Seguridad Social acabarán lastrando al tejido empresarial del país, como ya ha alertado la patronal.

Remedio equivocado

La fórmula elegida por el Gobierno para granjearse apoyos en las cuentas públicas y ganar tiempo, a base de satisfacer al PSOE con medidas populistas, supondrá un castigo inasumible para muchas compañías. Además, puede que el remedio -castigar a los creadores de empleo- acabe siendo peor que la enfermedad, pues ralentizar el crecimiento y la creación de empleo mermará a la postre la capacidad recaudatoria del Estado y elevará el gasto en prestaciones.

Esta estrategia cortoplacista parece más el resultado de la pugna dentro del Gobierno entre los ministros de Economía y de Hacienda, que producto de una meditación sosegada y responsable. Hace una semana Rajoy ni siquiera contaba con el PSOE de cara a pactar los cambios en la fiscalidad. Mientras Cristóbal Montoro se encargó de negociar con el PSOE, Luis de Guindos hacía lo propio con Ciudadanos. Lo lógico es que ambos ministros hubieran trabajado de forma coordinada y manteniendo como premisa el acuerdo suscrito con Ciudadanos, pero el resultado final de las negociaciones satisface al PSOE y ningunea al partido de Albert Rivera.

Coste disuasorio

Ciudadanos planteaba una reducción de las deducciones del Impuesto de Sociedades mucho más modesta (de 3.000 millones) y prefería constituir una renta mínima para las personas con bajos ingresos a subir de golpe el SMI un 8%, pues difícilmente el efecto de este aumento sobre el consumo compensará el efecto disuasorio sobre las contrataciones.

Rajoy ha optado por el camino más rápido a costa de las empresas y de tensar el acuerdo que le permitió ser investido. El problema es que la ruta elegida puede ser también la más perjudicial para los intereses del país.