El resultado de España en el último Informe PISA constata carencias endémicas de nuestro sistema educativo. Si la comprensión lectora es un poco mejor que otros años es por un efecto estadístico que dice más de las deficiencias ajenas que de las virtudes propias, pues ha empeorado la media de la OCDE. Cualquier amago de autosatisfacción está condenado al fracaso si tenemos en cuenta que nuestro país suspende en la asignatura más importante de todas: la de igualdad educativa de los niños españoles.
La brecha educativa entre los alumnos de la Educación Obligatoria que cursan sus estudios en Comunidades del sur y los matriculados en Comunidades del norte es inadmisible. Los alumnos de Madrid, Navarra y Castilla y León -por citar las tres autonomías mejor paradas- están al nivel de Finlandia en comprensión lectora, Matemáticas o Ciencia, mientras que los niños andaluces, extremeños, canarios y murcianos registran resultados muy deficientes. En términos globales, con la misma edad, los alumnos de escuelas del norte sacan un curso y medio de ventaja a sus compañeros del sur. Por si esto fuera poco, en las aulas del sur llega a haber el doble de repetidores con lo que ello implica de incremento del gasto educativo. El fracaso escolar en España, de hecho, es la otra gran asignatura pendiente.
Dos velocidades
No es de recibo que un país moderno, en el que sus ciudadanos exigen que la igualdad de derechos y homogeneidad competencial sean los criterios de la reforma de la Constitución, exista una educación a dos velocidades.
El informe PISA deja claro que los problemas de nuestra enseñanza son endémicos, que hay que revisar los criterios de repetición de curso, que no es mejor la enseñanza concertada que la pública y que la solución no pasa -por mucho que la izquierda insita en este argumento- en un incremento presupuestario sino en una mejora de la preparación de los docentes, entre otros factores.
Ley educativa
Coger el toro por lo cuernos, para solucionar estas carencias, y garantizar que los alumnos españoles accedan a una educación de calidad sin distinción de la Comunidad en la que cursan estudios es el único modo de garantizar la igualdad de oportunidades. La superación de la brecha norte-sur en la escuela debe primar en la subcomisión interparlamentaria constituida para consesuar, de una vez por todas, una ley educativa con vocación de permanencia.
