Cuatro años después de la huelga de 2012, los sindicatos han vuelto a retratar en la calle su falta de musculatura. La "gran manifestación" de Madrid ha sido secundada por 30.000 personas, según las estimaciones más benevolentes, una cifra muy modesta a tenor de las expectativas depositadas por UGT y CCOO en la convocatoria.

Esta manifestación era el colofón de hasta 60 actos sindicales de precalentamiento que han pasado sin pena ni gloria. Fue planteada como la "primera gran movilización social" de la legislatura. Ha contado con el apoyo de PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Y tanto Álvarez (UGT) como Toxo (CCOO) la presentaron como una recuperación de la clásica receta de engrasar las negociaciones en los despachos con presión en la calle.

Causas del pinchazo

A la hora de analizar las causas del pinchazo resulta obligado preguntarse por la presencia del PSOE. Que los sindicatos hayan salido a la calle de la mano de los socialistas, días después de que éstos pactaran con el PP la mayor subida fiscal desde 2012, sólo ha podido perjudicar a su manifestación. La gran coalición tributaria entre PP y PSOE se basa en una voracidad recaudatoria salvaje.

La subida de golpe del Salario Mínimo Interprofesional un 8% sólo puede resultar contraproducente para el empleo. Incrementar un 3% el tope máximo de las cotizaciones a la Seguridad Social sin destopar a su vez el límite máximo de las prestaciones por jubilación es injusto. Pero aun siendo perjudiciales, no son estos los dislates más graves del pacto fiscal PP-PSOE.

En lugar de perseguir el fraude, de hacer que quienes se beneficiaron de la amnistía fiscal tributen el 10% del dinero regularizado, y de obligar a que las grandes empresas paguen un poco más -como propone Ciudadanos-, el PP ha sacado adelante una modificación del Impuesto de Sociedades que sólo puede calificarse de chapuza extractiva.

Impuesto de Sociedades

Montoro ha sacado adelante una reversión de las deducciones por pérdidas apuntadas antes de 2013 con ayuda del PSOE y como la reforma se aprobó con un decreto-ley no podrá subsanarse con enmiendas. Esta recaudación retroactiva genera inseguridad jurídica, no es transparente, obligará a las empresas a pagar más de lo que lograron deducirse, castiga con especial saña a las sociedades de nueva creación -que suelen registrar pérdidas en sus primeros años de andadura- y convierte a España en el primer país donde se tributa por pérdidas empresariales.

Corregir esta aberración tributaria, de la que el PSOE es cómplice, es tan importante como defender los derechos de los trabajadores. Otra cosa es que, como reacción a su progresiva pérdida de influencia, el viejo sindicalismo sólo sepa desempolvar eslóganes.