Todos los grupos parlamentarios, con la excepción de PP y Ciudadanos, han dado luz verde a la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular promovida por CC.OO. y UGT para sufragar con una renta mínima de 426 euros mensuales a las personas con menos recursos. Una prestación así, de la que podrían beneficiarse más de 2,4 millones de desempleados sin prestaciones o con ingresos inferiores a 5.837 euros anuales, tendría un coste anual superior a 12.000 millones de euros, lo que sería insoportable para el Estado.
No sólo es presupuestariamente inviable, sino que sería contraproducente: desincentivaría la búsqueda de empleo, obligaría a subir impuestos, reduciría la renta disponible, frenaría el crecimiento y terminaría generando más pobreza en un círculo vicioso.
Rancia demagogia
Oponerse a una renta básica gratuita no equivale a dejar sin cobertura a los más pobres -en todas las Comunidades hay programas asistenciales que deben seguir funcionando-, sino que es lo responsable en las democracias avanzadas. Sin ir más lejos, el pasado mes de junio, los suizos rechazaron en referéndum implantar una "renta básica incondicional" mensual de 2.300 euros porque entendieron que su aplicación era tan utópica como la medida en sí.
En España, sin embargo, la oposición ha aplaudido la iniciativa -registrada junto a 700.000 firmas- como un avance en materia de derechos sociales y ha sacado a relucir la más rancia demagogia para defenderla y atacar tanto al PP como a Ciudadanos.
El PSOE ha defendido el dislate asegurando que reconduce una "insuficiencia grave" del Estado del Bienestar: argumentos calcados a los utilizados en la primera legislatura de Zapatero sobre la Ley de Dependencia, que 11 años después de su aprobación sigue sin funcionar porque -evidentemente- carece de dotación. Y desde Unidos Podemos se recurrió al marxismo de Groucho para anunciar que intentará elevar su cuantía hasta los 660 euros, lo que dispararía la factura hasta los 18.000 euros: "Y dos huevos duros", como dijo el genial cómico.
Más frustración
Por supuesto, las cifras más tremendistas sobre la pobreza de España y sus "dos millones de niños pobres" -entre otras afirmaciones difícilmente contrastables en un país en el que la economía sumergida ronda el 20% del PIB- y los 100.000 millones del rescate a la banca fueron esgrimidos como argumentos incontestables.
Convertir el debate parlamentario en una subasta de compromisos irrealizables es el modo más rápido de desacreditar la palabra de los representantes públicos. Asimismo, abstraerse del coste de una medida con el pretexto de que ha sido promovida en una iniciativa popular sólo puede desvirtuar este mecanismo legislativo, cuyo sentido debe ser promover la democracia semidirecta, no frustrar a los ciudadanos dando rango legal a quimeras impulsadas por demagogos.