La información desvelada por Eugenio Pino, ex número dos de la Policía, de que un grupo de agentes hizo "un informe para aclarar las nebulosas del 11-M", es de una enorme trascendencia. Ese hecho confirma, de entrada, lo que cualquiera que haya estudiado el caso percibe con claridad: que hay muchas zonas oscuras e interrogantes que nunca se han resuelto de forma satisfactoria.
Pero ahora sabemos que las sospechas y los recelos existían dentro de la propia Policía. Además, circunstancias como que el informe se solicitase tras quedar cerrada la investigación judicial; que se encargara, significativamente, a la llamada Brigada de Análisis y Revisión de Casos, y que su contenido permaneciese secreto, arroja dudas acerca de que la sentencia acabara describiendo lo ocurrido realmente.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL, las pesquisas realizadas se centraron en la polémica mochila de Vallecas. Esa mochila, que se dijo que fue encontrada sin estallar en la estación de El Pozo, es clave en el caso, pues en ella estaba el móvil con la tarjeta telefónica que permitió llegar en pocas horas hasta los supuestos autores de la masacre.
Zoido debe ir al Parlamento
Los indicios que conducen a pensar que esa mochila era una prueba falsa, prefabricada (entre otras cosas, el explosivo que contenía era distinto al que estalló en los trenes y el mecanismo no estaba preparado siquiera para activarse) han sido siempre un obstáculo para aceptar la versión oficial.
Dado que ahora conocemos la existencia de un documento policial que contiene información sobre el mayor atentado islamista cometido en Europa, atentado que sin duda ha marcado la historia reciente de España, el Gobierno debería hacerlo público. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tiene la obligación de sacarlo de la caja fuerte donde se guarda y comparecer ante el Parlamento para dar las explicaciones oportunas.