El TSJ catalán ha saldado el papel protagonista de Artur Mas y las consejeras Joana Ortega e Irene Rigau en la celebración del 9-N con penas de entre un año y medio y dos años de inhabilitación -en lugar de los 10 que pedía la Fiscalía- y multas de entre 25 y 36 mil euros a pagar en cómodos plazos.

Aunque las defensas han anunciado su intención de recurrir incluso al Tribunal de Estrasburgo y victimiza a los culpables para darle aire al procés, estas condenas resultan tan benevolentes que cualquiera diría que les ha salido barato desafiar al Estado. Al menos de momento, pues el exvicepresidente y diputado Francesc Homs afronta idéntica petición de penas, acusado por las mismos dos delitos -desobediencia y prevaricación- en el Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra.

Presión independentista

Hay motivos sobrados para pensar que Mas, Ortega y Rigau han sacado provecho de la presión ejercida por el independentismo sobre el TSJ catalán desde que fueron a declarar acompañados de una multitud. Ya se beneficiaron en el escrito de acusación de no tener que rendir cuentas por un delito de malversación -el único que podría haberles acarreado cárcel- pese a que la consulta que promovieron fue sufragada con 4,7 millones de dinero público. Y al final no sólo han sido castigados con la menor de las penas posibles por desobedecer al TC, sino que se han librado incomprensiblemente de rendir cuentas de la acusación de prevaricar.

Los magistrados han fallado -por unanimidad- que Mas, Ortega y Rigau fueron “plenamente conscientes” de que contravenían la prohibición del TC de celebrar el 9-N. Sin embargo, han considerado que si se les condenaba por desobedecer no se les podía condenar por prevaricar porque equivaldría a castigar dos veces un mismo hecho.

Desobedecer sin prevaricar

Se trata de un criterio muy benevolente mediante el que el tribunal ha dado por bueno algo tan absurdo como que un alto cargo puede saltarse a la torera la orden del TC de no celebrar una consulta ilegal y actuar en sentido opuesto sin ser consciente de que las decisiones que toma para culminar su propósito -de mantener la web informativa a sacar las urnas a la calle- son claramente injustas.

La inhabilitación impide a Mas convertirse en candidato del bloque separatista, que se quitaría así de encima a un personaje manchado por la corrupción, siempre y cuando no se agote la legislatura. En cualquier caso, la condena por su participación en el 9-N es tan leve que redobla la trascendencia de la decisión que vaya a tomar el Supremo en el juicio a Homs. La Justicia no puede dejarse amedrentar por los partidos nacionalistas. No será con respuestas tímidas como el Estado gane el pulso planteado por el independentismo.