Transcurrido solo cinco días desde que se lanzó la Operación Lezo hay algo gravísimo que ya ha quedado al descubierto: la colaboración que los poderosos encuentran cuando delinquen entre quienes ocupan altas responsabilidades en la Administración. Al menos un juez y un miembro del Gobierno avisaron a los ahora imputados de que estaban siendo seguidos, tal y como consta en la investigación.
Los chivatazos sirvieron a los implicados para actuar con cautela y destruir pruebas que pudieran incriminarles. Y hoy publicamos que Edmundo Rodríguez Sobrino -hombre fuerte en el Canal de Ignacio González- aprovechó el soplo para realizar "operaciones de transformación de su patrimonio", es decir, para ocultar los bienes obtenidos de forma irregular.
Un cable en las altas esferas
Si a esa odiosa colaboración de quienes más deben velar por el cumplimiento de la legalidad y la defensa del interés común unimos las dudas de la Fiscalía a la hora de actuar contra la trama, la imagen que se ofrece al ciudadano es desoladora: por graves que sean sus delitos, los poderosos siempre tienen quien les eche un cable en las altas esferas. Una idea que alimenta la desafección hacia el sistema.
Algo que el Gobierno debe aclarar con urgencia es la reunión del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y Pablo González, hermano del expresidente madrileño, sólo un día después de que éste supiera que estaba siendo investigado. Desde Interior se ha querido echar balones fuera diciendo que la reunión, en dependencias del Ministerio, apenas duró un cuarto de hora y que en ella no se habló de la Operación Lezo, algo difícil de creer dadas las circunstancias.
Conversaciones peligrosas
Además llueve sobre mojado, porque el anterior ministro del Interior recibió en su despacho a Rodrigo Rato en una situación similar, y porque la esposa de Bárcenas dejó constancia de que su marido se intercambió mensajes y mantuvo una conversación telefónica con Jorge Fernández Díaz poco antes de entrar en prisión.
El Gobierno tiene que actuar con transparencia, no torpedear la investigación y dejar claro que está en contra de la corrupción, por altas responsabilidades que hayan desempeñado en su partido los imputados. Protegerlos o ayudarles sólo da pie a pensar que les unen intereses comunes o que tienen miedo a que tiren de la manta.