El ascenso del juez Eloy Velasco a la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, órgano de nuevo cuño que revisará las sentencias de la Sala de lo Penal, es inoportuna y refuerza la idea muy extendida de la politización de la Justicia en España.

Así ve el caricaturista Tomás Serrano el ascenso del Juez Eloy Velasco.

Así ve el caricaturista Tomás Serrano el ascenso del Juez Eloy Velasco. Tomás Serrano

Es inaudito que el juez que está instruyendo dos de los casos de corrupción más graves del partido en el Gobierno -Púnica y Lezo-, juez que ha estado citando a declarar a los investigados el próximo septiembre, decida abandonar la investigación a mitad y se la endose a su sucesor, que deberá revisar ahora miles y miles de folios.

La escandalosa secuencia

Todo lleva a pensar que el magistrado tenía ganas de seguir progresando en su carrera y que el Gobierno ha visto la oportunidad de tenderle un puente de plata moviendo sus hilos en el Consejo General del Poder Judicial.

La secuencia de los hechos resulta escandalosa. Un día antes de ser ascendido, Velasco se apresura a aclarar que no pesa ninguna imputación sobre la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y que no es previsible que la haya, poniendo así a los pies de los caballos a los agentes de la UCO que han llevado a cabo la investigación, y condicionando a su sucesor en la Audiencia Nacional.

Injerencias en la Justicia

Pero es que sólo unas horas antes de conocerse su nombramiento, ha impuesto una fianza de 400.000 euros al exconsejero Francisco Granados, después de mantenerlo durante más de dos años y medio en prisión preventiva, como si se tratara de un gesto de despedida o de un indulto parcial al modo en que los decretan los presidentes que abandonan la Casa Blanca. 

El caso de Eloy Velasco nos reafirma en nuestras Obsesiones: no hay democracia auténtica sin una división real de los poderes del Estado y hay que proteger la independencia de los jueces frente a las injerencias del poder político, y eso implica un cambio que despolitice el sistema de nombramiento del CGPJ.