Con la asistencia y participación activa del ministro Juan Ignacio Zoido y la plana mayor de Interior en la Junta de Seguridad de Cataluña, el Gobierno escenifica un clima de entendimiento y normalidad institucional incomprensible e irreal en pleno desafío secesionista. También da una baza al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que a partir de ahora podrá vender ante los propios, como un triunfo personal, que Cataluña esté un poco más cerca de lograr una interlocución directa con la Europol y, por tanto, de avanzar hacia una hipotética independencia en materia de seguridad e inteligencia.
A finales de junio, Carles Puigdemont aprovechó sus poderes estatutarios para anunciar la convocatoria unilateral de este órgano paritario, después de que Zoido se negara en redondo a participar en él alegando, precisamente, que la deriva secesionista perturbaba “el clima de entendimiento y confianza” imprescindible para avanzar en este tipo de foros entre administraciones.
"La seguridad de los catalanes"
El presidente de la Generalitat adujo entonces que el nivel de alerta yihadista -cuatro sobre cinco- requería la convocatoria inmediata de la Junta de Seguridad de Cataluña y le ganó el pulso al ministro cuando, apelando a la seguridad de los catalanes, logró el respaldo de la oposición en el Parlament. Fue entonces cuando Zoido se avino a asistir.
No se debe poner en duda la eficacia y lealtad de la policía autonómica catalana, cuya colaboración regular y continuada con el resto de cuerpos de seguridad del Estado ha permitido importantes logros en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo: Cataluña es -con Madrid y Ceuta- una de las regiones en las que más detenciones de yihadistas se han producido y más células vinculadas al grupo Estado Islámico se han desarticulado.
Cuestión de oportunidad
Pero tampoco se puede mirar hacia otro lado cuando, día tras día, Carles Puigdemont presume de su determinación de saltarse la legalidad y romper España y aprovecha la mínima ocasión para dar pasos en esa dirección. Es decir, no se cuestiona el trabajo de los Mossos d’Esquadra, ni la obligación del Gobierno de atender sus necesidades -como las del resto de policías autonómicas-, sino la oportunidad de celebrar esta reunión sin que el pulso al Estado planteado por la Generalitat se haya resuelto. La Junta de Seguridad de Cataluña no se reunía desde hacía ocho años y lo hace ahora que la relación entre Gobierno y Generalitat es de recelo y desconfianza.
Puigdemont y Zoido han celebrado como un éxito los acuerdos alcanzados de coordinación y colaboración en materia de seguridad, pero eludieron hablar sobre el referéndum independentista convocado para el 1 de octubre. Una cosa es que el Gobierno se resista a aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permitiría asumir la competencia administrativa sobre la policía catalana, con la excusa de que no hay que dar razones al victimismo independentista. Y otra muy distinta que el ministro del Interior se preste a hacerle el juego a Puigdemont por aparentar que no sucede nada.
